jueves, 17 de julio de 2025

Càritas y Deixalles, colapsadas con la gestión de la ropa de segunda mano

 Piden a los ayuntamientos cobrar por realizar el servicio, ya que desde este año las entidades locales están obligadas a la recogida selectiva textil


Situación de esta misma semana en una de los almacenes de Deixalles, en Palma




Càritas Mallorca y Deixalles sufren desde hace meses un colapso severo por la gestión de la ropa usada. El 1 de enero de 2025 entró en vigor un artículo de la Ley de residuos que obliga a las entidades locales a realizar la recogida selectiva textil y tratar la ropa como un residuo más, aumentando así los volúmenes recogidos. Durante años, ambas entidades han llevado a cabo el servicio de recogida en los municipios de manera gratuita pero este sistema ya no es sostenible económicamente; por lo que llevan un tiempo negociando con los ayuntamientos de la Isla para que se fije una tasa por la recogida y se licite la gestión.

En el caso de Càritas, la ropa que recoge se vende a plantas de tratamiento en la Península pero, «en nueve meses el precio ha bajado 9,5 céntimos por kilo. Ahora está a 0,27 céntimos el kilo. En el último mes hemos dejado de ingresar un media mensual de 9.500 euros», explica Félix Sánchez, gerente de Eines x Insersió, el área de Càritas encargada en Mallorca de la actividad textil. Recoger más ropa y la fast fashion han subido el volumen textil de baja calidad, que no se puede revender ni reciclar y supone un gasto desecharlo. Además, la venta en mercados extranjeros de la ropa usada se ha estancado por los conflictos, provocando menos beneficios y más costes.

Según Càritas, recoger el textil cuesta unos 0,46 céntimos por cada kilo; por lo que «vender la ropa ya no cubre el gasto de recogerla». Ayuntamientos como el de Calvià y Manacor ya han licitado el servicio y pagan una cuota, y otros han parcheado la situación con contratos menores; pero los grandes, como Palma y Llucmajor, aún no lo han hecho. En el caso de Palma, donde está el grueso de la recogida textil de Mallorca, Emaya tiene vigente hasta octubre de 2026 un convenio con las entidades para la gestión de los contenedores de ropa usada. Sin embargo, Cort no paga por este servicio y Càritas y Deixalles llevan meses negociando con el Consistorio; llegando incluso a plantearse denunciar el convenio: «O nos pagan o tendremos que reestructurarnos», asegura Sánchez.

«Nos estamos planteando quitar contenedores porque estamos en pérdidas», dice María Suau, responsable del área ambiental de Deixalles. «Hace años que veíamos el problema y empezamos a sensibilizar en los consistorios, pero la gente no entiende que la ropa es un residuo más y que hay que pagar por su recogida», explica. Para actuar de manera eficiente y coordinada se debe constituir un SCRAP (sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor), el problema es que «se ha marcado la ley estatal y municipal antes de que se haya establecido el SCRAP. Nadie está pagando por la responsabilidad ampliada del producto (RAP). Hay en marcha un SCRAP grande de empresas textiles, pero no tienen aún ni reglamento», detalla Suau. «Tenemos los almacenes colapsados, no sabemos que hacer con la ropa. Si paramos, habría aún más, la actual acabaría en la incineradora y subiría la tasa de residuos», advierte.

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