http://iniciativadebate.org/2016/05/19/20-cosas-que-hay-que-saber-del-tratado-con-canada-y-el-ttip/Aunque el CETA crearía un mercado mucho más pequeño que el que se pretende crear a través del TTIP, se trata de un comercio agresivo y supone el incremento de privilegios y poderes para las grandes empresas e industrias. De hecho, el CETA es un globo sonda, una especie de anteproyecto del TTIP. Por Medios CC/CL -
Tom Kucharz, Ecologistas en Acción | Diagonal | 19/05/16
El Acuerdo Económico y Comercial Global
(CETA, por sus siglas en inglés), que consta aproximadamente de unas 500
páginas y mil de anexos, es el equivalente canadiense al TTIP,
negociado por la tecnocracia de la Comisión Europea y el Gobierno
conservador canadiense entre 2009 y 2014. Este acuerdo está mucho más avanzado en el proceso de aprobación que el que se negocia con EE UU (el TTIP).
Sus defensores pretenden abrir los
mercados de la Unión Europea y de Canadá a sus respectivas
corporaciones, incluyendo los sectores de servicios, farmacéutico,
energético y agrícola.
Igual que en el caso del TTIP, el CETA
es un tratado comercial que se centra ya no en las barreras arancelarias
a productos y servicios sino en las mal llamadas “barreras no arancelarias”, o
sea regulaciones económicas y políticas que limitan la acumulación de
beneficios privados y que abarcan amplias áreas de políticas públicas
como la protección de la inversión, la contratación pública, los
servicios públicos, la armonización de las normas, la cooperación
reguladora, y el sector agrícola.
Las negociaciones han tenido lugar
principalmente a puerta cerrada con poca información a la opinión
pública y ningún debate abierto a la ciudadanía. Por ejemplo, el
Congreso español no han tenido debates ni acceso a información
adecuados. En septiembre de 2014, el entonces primer ministro
canadiense, Stephen Harper, el presidente de la Comisión Europea, José
Manuel Barroso, y el entonces presidente del Consejo Europeo, Herman Van
Rompuy, firmaron una declaración conjunta para “celebrar” la conclusión
de las conversaciones sobre el CETA. Desde entonces, sigue habiendo una
oposición clara tanto en Canadá como en Europa y el acuerdo está lejos
de poderse implementar. De hecho cada semana crece el rechazo y se suman
gobiernos que se muestran reacios a ratificar el CETA.
Los que más oposición muestran son
Rumanía y Bulgaria, a quienes se les niega la parte positiva que podría
tener para sus ciudadanos el tratado, ya que se les excluirá del
capítulo de libre circulación de personas. Austria y
Bélgica, por medio de sus parlamentos regionales, también han
cuestionado el acuerdo, que puede quedar en papel mojado en los próximos
meses.
En marzo, la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos,
que representa a más de ocho millones de trabajadores del sector
público, llamaba al rechazo de este tratado por sus implicaciones sobre
el sector público, la inclusión de cláusulas de protección de inversores
como el ISDS o el riesgo para derechos laborales e incluso derechos
humanos.
El acuerdo con Canadá se terminó de
negociar en 2014, aunque algunos mandatarios europeos parecen no ser
conscientes de ello. Recientemente, el diputado sueco Christofer
Fjellner pedía cambios en un tratado que debe volver a ratificarse el 13
de mayo en la reunión del consejo de ministros de comercio. El texto
final se presentará en junio y, en septiembre, una reunión informal dará
el “sí” definitivo para una firma que tendría lugar en octubre. Rumanía
y el estado belga de Valonia son los territorios que más se oponen.
1. Los antecedentes
Respecto a los sectores de servicios
sociales y de salud, el antecedente para las negociaciones del CETA y
del TTIP es la lista de la UE que se negoció en el marco del Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés)
en la Organización Mundial del Comercio en 1994 y 2003 y que contiene
compromisos para abrir estos sectores a empresas privadas de otros
países. Ninguno de estos sectores de servicios se llegaron a abrir por
completo, ya que los Estados miembros de la UE hicieron algunas reservas
específicas.
2. Competencia
Resulta especialmente preocupante que
bajo el CETA y el TTIP incluso las regulaciones sobre la asistencia
sanitaria en España, a través del Sistema Nacional de Salud (SNS),
podrían verse amenazadas. La consecuencia práctica es que los inversores
podrían desafiar las regulaciones de los sistemas de seguridad social,
incluso las aseguradoras de salud pública. La Plataforma Europea de la
Seguridad Social (ESIP) advierte: “En muchos sistemas de seguridad
social es difícil decir si los servicios se suministran en condiciones
comerciales o en competencia con uno o varios proveedores de servicios,
ya que no se define claramente lo que se entiende por las expresiones
‘base comercial’ y ‘competencia’”.
3. Lista negativa
El CETA se convertirá en el primer
acuerdo de la UE con el enfoque de “lista negativa” para los compromisos
de servicios. Todos los servicios estarán sujetos a la liberalización, a
menos que se haga una excepción explícita. Algo parecido sucede con la negociación sobre servicios en TTIP relativo al “trato nacional”.
4. Excepciones
En el CETA existe una exención muy
limitada para los servicios “suministrados en ejercicio de facultades
gubernamentales”. Hoy en día, en prácticamente en todos los servicios
actúan empresas privadas junto a proveedores públicos. Esto limita la exención de autoridad gubernamental
a unas pocas funciones tales como la policía, el poder judicial o los
servicios de un banco central. Problemas similares afectan a la llamada
exención de “servicios públicos”, que contiene tantos vacíos que no
permite una protección adecuada a los servicios públicos.
5. Los cuidados
Los servicios públicos no están
excluidos del CETA y tanto este tratado como el TTIP amenazan con
liberalizar la atención sanitaria y social. Al menos 11 Estados miembros
de la UE (entre ellos, España) se han comprometido a liberalizar –o
sea, privatizar– con el CETA los servicios de cuidados a largo plazo,
como la atención residencial para la tercera edad.
Tales compromisos pueden chocar con las medidas para proteger el sector
de salud y de atención social a largo plazo frente a las estrategias de
los inversores financieros que están comprando y vendiendo activos
financieros en este sector todo el mundo.
6. Un ejemplo: el agua
En octubre de 2014, la compañía de agua
AS Tallinna Vesi junto con su accionista United Utilities B.V.
presentaron una demanda inversor-Estado contra Estonia ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI),
una entidad del Grupo del Banco Mundial. Tallinna Vesi es la empresa de
agua de la capital de Estonia, Tallin, que fue privatizada en 2001,
cuando United Utilities B.V. se convirtió en su mayor accionista. Las
demandantes alegan que Estonia violó la norma de “trato justo y
equitativo” por denegar la solicitud de Tallinna Vesi para aumentar las
tarifas de agua. Ahora están buscando “indemnización por daños
potenciales de más de 90 millones de euros para el total de las pérdidas
durante la vigencia del contrato hasta 2020”. El holding holandés
permitió a los solicitantes utilizar el mecanismo de arbitraje
internacional incluido en el tratado bilateral de protección de la
inversión entre los Países Bajos y Estonia.
7. Externalización de servicios
El CETA facilitaría aun más a las
grandes empresas multinacionales el acceso sin restricciones a la
contratación pública. Ello podría restringir la capacidad de los
gobiernos para apoyar a los proveedores locales y sin fines de lucro
y provocar la externalización de puestos de trabajo del sector público a
empresas privadas, donde el personal a menudo se ve obligado a hacer el
mismo trabajo en peores condiciones salariales y laborales. En el CETA
ya hay varias administraciones públicas que tendrán que permitir la
competencia transatlántica cuando quieren comprar suministros y
servicios, un medio eficaz para la privatización mediante la
transferencia gradual de los servicios públicos a los proveedores con
fines de lucro.
8. Irreversibilidad
El CETA y el TTIP afectarían a las
mejoras en servicios públicos que quieran iniciar nuevos gobiernos. Al
asumir los compromisos comerciales internacionales vinculantes, la UE
obliga a los Estados miembros a mantener las privatizaciones ya
realizadas en el pasado. Revertir las medidas neoliberales con el fin de
restablecer la igualdad de acceso a la salud y la cobertura universal
de los sistemas de seguridad social se hará cada vez más difícil y
costoso para los futuros gobiernos. En el CETA, en la página 51, se
recogela cláusula de trinquete (ratchet clause), que permite únicamente las modificaciones que sean más “liberales” y prohíbe las consideradas como una restricción al comercio.
Esto podría amenazar la tendencia creciente a la remunicipalización de los servicios de agua, redes
de energía y servicios de transporte. Una reversión de algunas de las
privatizaciones fallidas del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido
puede ser considerada como una violación del CETA y del TTIP.
9. Antes gestión del riesgo que precaución
En el CETA, igual que en los papeles
filtrados del TTIP, se pretende omitir el principio de precaución, base
del ordenamiento jurídico europeo, al que no se menciona en la parte de
la cooperación reguladora. Esto significa que con el CETA los
medicamentos, los productos agrícolas, aditivos alimentarios y otros
productos podrían ser comercializados con mucha más rapidez que en la
actualidad. El principio de precaución, recogido en el artículo 191 de Tratado de la Unión Europea,
permite reaccionar rápidamente ante un posible peligro para la salud
humana o el medio ambiente. Si los datos científicos no determinan la
seguridad de una sustancia o la ausencia de alternativas, el recurso a
este principio evita su distribución e incluso puede retirarla del
mercado.
Es decir, previene el daño antes de que
se ocasione y busca alternativas. En arreglo a este principio, la UE no
ha permitido la entrada de carne estadounidense tratada con hormonas,
como medida de precaución, por su posible relación con el desarrollo de
cáncer. Tampoco permite a la industria introducir una nueva sustancia en
un producto, por ejemplo un champú, sin demostrar previamente que no
causará daños a la población o al medio ambiente. En varios capítulos de
los documentos filtrados del TTIP se confirma la elección del “principio de gestión del riesgo”,
seguido en EE UU y Canadá, que enuncia lo contrario: todas las
sustancias químicas son seguras hasta que se demuestre, con toda
certeza, que causan daño.
10. Cooperación reguladora
Con la inclusión del principio de
cooperación reguladora en el CETA, Canadá y la UE persiguen la idea de
aceptar las normas de cada uno, lo que puede poner en peligro estándares
en diversos campos a largo plazo. Ello invita a las grandes empresas a
proponer armonizaciones en las regulaciones y los estándares, lo que
llevaría a una competencia a la baja en la protección
de la salud y el medio ambiente, la seguridad alimentaria y laboral. La
cooperación reguladora está presente también en el TTIP.
11. Cooperación reguladora: un ejemplo
La cooperación reguladora comenzó a andar en la década de los 90, con la creación delDiálogo Empresarial Trasatlántico,
para incorporar a las empresas en los procesos legislativos de toma de
decisiones. Por las protestas de la sociedad civil, se crearon otros
“diálogos” de uniones laborales, medioambientales y de consumidores,
pero pronto se vaciaron de contenido y los dos primeros terminaron
desapareciendo.
Se ha calculado que CETA aumentaría el precio de los medicamentos en Canadá en casi 3.000 millones de dólares cada año
Entre los “éxitos” de la cooperación
reguladora está haber vetado la propuesta de que las líneas aéreas
paguen más por emisiones de gases de efecto invernadero; otro hito de la
cooperación reguladora es haber conseguido, en 2004, que las
instituciones financieras estadounidenses operasen en la UE bajo la
legislación de Washington. Esto tuvo un efecto visible en 2008, con la
quiebra de AIG (rescatada con 186.000 millones de dólares). Ni la UE ni
EE UU sabían qué tenía AIG en sus libros contables.
12. El tribunal de arbitraje
Estos tratados proporcionan a las
empresas transnacionales los mecanismos de solución de controversias
inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) que extienden los
privilegios de los inversores. Con la inclusión del arbitraje privado
inversor-Estado en el CETA y el TTIP, junto al mecanismo tradicional de
controversias Estado-Estado, se les concederá a los inversores una
herramienta muy poderosa para hacer valer sus demandas. El CETA permite a
los inversores extranjeros presentar reclamaciones ante tribunales
privados contra Estados por cualquier reglamentación en el sector
servicios. Las políticas que regulan los servicios públicos –a partir de
la limitación del precio del agua a las empresas privatizadas– ya han
pasado por tribunales ISDS.
13. Los costes del ISDS
En el marco del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, el Estado canadiense ha sido demandado 35
veces, ha perdido o llegado a un acuerdo sobre seis demandas y ha
pagado un total de más de 171,5 millones de dólares canadienses
a inversores extranjeros en concepto de daños. El CETA incrementará
notablemente el riesgo de que Canadá sea demandada por bancos,
aseguradoras y sociedades financieras.
En el caso de la UE y sus Estados
miembros, el acuerdo incrementará el riesgo de que sean demandados por
inversores canadienses en los sectores de la minería y de la extracción
de petróleo y gas. El 75% de las mineras del mundo cotizan en la bolsa
de Toronto; son canadienses las empresas que mantienen abiertos los
proyectos de Corcoesto en Galicia –cuya empresa promotora tiene una filial en Pamamá–, Rosia Montana en Rumanía o de Halkidiki
en Grecia. Las filiales canadienses de multinacionales con sede en
Estados Unidos también podrán usar el CETA para demandar a Gobiernos
europeos.
14. Agricultura y alimentación: la ingeniería genética
El CETA sería un buen negocio para la
industria agroalimentaria, pero no tanto para los pequeños agricultores
de Europa y de Canadá, que tendrían que hacer frente a unacompetencia adicional
y a una creciente presión de los mercados internacionales, que bajan
los precios, empeoran las condiciones de trabajo y afectan negativamente
a la calidad de los alimentos.
La homogeneización –a la baja– de las
normas de ingeniería genética existentes en la Unión Europea, Canadá y
EE UU podría afectar a la salud, la seguridad alimentaria, el bienestar
animal y la biodiversidad. La aprobación de acuerdos comerciales como el
CETA y el TTIP está destinada a reducir la protección del medio
ambiente y de los consumidores frente a los productos agrícolas de la
ingeniería genética.
En las últimas décadas, la sociedad
civil ha desempeñado un papel clave en el debate político sobre la
ingeniería genética en la agricultura y la alimentación. Como resultado,
existen múltiples regulaciones y disposiciones sobre la protección de
la producción agrícola y alimentaria, la prohibición de cultivar
transgénicos en varios países europeos, la obligación del etiquetado en
los alimentos de consumo humano, así como más de 170 regiones europeas y 4.700 gobiernos o entidades locales que se han declarado zonas libres de organismos modificados genéticamente (OMG) en la alimentación.
Leer: Así reduce el TTIP las competencias municipales
En la actualidad existen considerables
diferencias de regulación entre la UE y los respectivos interlocutores
en las negociaciones con Canadá y Estados Unidos, pero la UE está
sacrificando, cada vez más, preocupaciones ambientales y de salud en
aras del comercio. La apertura de las negociaciones de la UE con Canadá y
Estados Unidos está llevando a un “enfriamiento regulatorio”, es decir, a que los países se abstengan de introducir regulaciones en este sentido.
Los sistemas de autorización y control
canadienses y de EE UU en relación con los transgénicos no son
consistentes porque el legislador no distingue entre la ingeniería
genética y otros procedimientos de producción. En esos dos países –a
diferencia de la UE–, plantas modificadas genéticamente pueden venderse
en el mercado sin ningún tipo de examen de aprobación. Y los
consumidores y agricultores de esos países no pueden saber si los
alimentos o los piensos se producen con plantas modificadas
genéticamente debido a que éstos no están etiquetados como tales.
15. Protección a los consumidores
Al contrario que en la UE, donde deben
tenerse en cuenta las incertidumbres científicas en los procedimientos
de evaluación de riesgos, en EE UU las plantas modificadas genéticamente
se consideran seguras hasta que se demuestre lo contrario. En este
país, así como en Canadá, tampoco existen normas para proteger la
agricultura libre de transgénicos o para prevenir la propagación
incontrolada de OMG en el medio ambiente. La UE tiene disposiciones
legales de ese tipo, aunque sean absolutamente inadecuadas e
insuficientes. El CETA y el TTIP darían lugar a medio plazo a una
reducción de las normas de la UE.
Tampoco hay que subestimar el papel de los tribunales privados de arbitraje
que deciden sobre las controversias entre inversores y Estados (ISDS).
Es muy probable que los inversores utilicen los tribunales privados de
arbitraje para ejercer presión con el fin de eliminar las normas
medioambientales y de protección a los consumidores en el ámbito de los
transgénicos.
16. Derechos digitales
La propiedad intelectual es otro de los
aspectos clave de los acuerdos de libre comercio que se negocian en la
actualidad. Tras la publicación de los TTIPLeaks, la asociación European
Digital Rights (EDRI) señalaba varios puntos rojos en las negociaciones
en lo que respecta a propiedad intelectual, derechos digitales y
neutralidad de la red. Uno se refiere a la llamada ‘flexibilidad
regulatoria’, que dará “nuevos y excesivos poderes” a las operadoras de
telecomunicaciones.
El artículo X.6 del borrador filtrado,
dice esta organización, “es aún peor”, ya que permite a los operadores
de telecomunicaciones modificar e incluso derogar legislación de los
Estados miembros o de la UE. Esta organización también ha criticado el
CETA porque pone en riesgo la protección de datos. Canadá forma parte
del grupo de los “Cinco ojos” un grupo de países del
que también forman parte Reino Unido y Estados Unidos, acusados de
prácticas de vigilancia masiva sobre la población. Si se aprueba el
CETA, dice la organización EDRI, este tratado estará de facto por encima
de la carta de derechos fundamentales de la UE.
17. Empleos
“El libre comercio con Estados Unidos
permitirá crear más de 334.000 empleos en España en cinco años”, decía
sin ruborizarse el secretario de Estado de Comercio, en 2015. Según la
lógica de sus defensores, la eliminación de barreras comerciales llevará
a la creación de una avalancha de empleos. Sin embargo, otros estudios
llegan a conclusiones opuestas. La propia UE maneja desde hace al menos
dos años informes que prevén, según el escenario más cauto, una pérdida
de un millón de empleos en ambos continentes de aprobarse el TTIP. El
estudio realizado por Jeronim Capaldo muestra que el
TTIP es un ataque al empleo de Europa y destruiría –por lo menos–
600.000 empleos y daría lugar a una pérdida de salarios. Capaldo ha
basado su estudio en el Modelo de Políticas Globales (GPM) de la ONU.
18. Medicamentos
La prevalencia de la Propiedad
Intelectual sobre el derecho a la salud puede influir en una excesiva
protección de los intereses de la industria farmacéutica, algo que ya ha
sido denunciado en el marco de las negociaciones del Tratado
Trans-Pacífico (TPP). Entre estas medidas están el aumento de la
duración de las patentes, el consiguiente retraso de la entrada en el
sistema de los medicamentos genéricos, el incremento del periodo de
protección de los datos acerca de los medicamentos y aspectos
relacionados con la cooperación reguladora –el lobby farmacéutico ha
gastado 40 millones de euros para presionar a favor del
TTIP en Bruselas– y el recurso a los tribunales de arbitraje ISDS. Se
ha calculado que CETA aumentaría el precio de los medicamentos en Canadá
en casi 3.000 millones de dólares cada año.
19. Energía: París en el olvido
Universos paralelos: un viernes, Barack Obama y Angela Merkel firman en Nueva York el nefasto acuerdo de la cumbre sobre el clima de París
y dos días más tarde promueven en Hannover el TTIP, que profundizaría
peligrosamente las crisis ambientales. La propia Comisión Europea ha
admitido que el modelo que representan estos acuerdos supondrá un
incremento de las emisiones de 11 millones de toneladas de CO2.
Preocupa mucho el capítulo de
reglamentación nacional que podríamos llamar “Regalos para la industria
del petróleo y gas”. Los artículos de dicho capítulo parecen diseñados
para matar los esfuerzos para hacer frente al calentamiento global y
regular la industria extractiva y de los combustibles fósiles. Un
intercambio de cartas hecho público por The Guardian ha mostrado la
influencia de empresas petroleras como BP en la Dirección General de
Comercio de la Comisión Europea. Según las misivas, Bruselas había
modificado la Directiva de emisiones industriales (referentes, por ejemplo, a refinerías) a favor de lo que le demandaba la petrolera.
Los gobiernos de la UE y Canadá incluyen
nuevas restricciones en el CETA para limitar el derecho a regular el
ámbito de las políticas ambientales y energéticas. A falta de un tratado
internacional que prohiba todas las regulaciones gubernamentales, el
CETA da a la industria del petróleo y del gas prácticamente todo lo que
lleva décadas pidiendo.
20. Normativa nacional
La mayoría de los acuerdos comerciales y
de inversión están llenos de una jerga deliberadamente oscura, pero el
capítulo de la normativa nacional del CETA es en realidad sencillo de
entender. El capítulo 14 sobre la normativa nacional ofrece tantos
motivos para desafiar reglamentos que casi cualquier regulación
ambiental podría definirse en el futuro como “contraria” al acuerdo
CETA.
Éste exige que las partes aseguren “que
los procedimientos de concesión de licencias sean tan simples como sea
posible y no deberían complicar ni retrasar indebidamente la prestación
de un servicio o el ejercicio de cualquier otra actividad económica”
(artículo 2, sección 7). Requerir que las compañías de petróleo y gas
hagan evaluaciones ambientales, estudios arqueológicos o
conseguir aprobaciones de diferentes niveles de gobierno es claramente
un proceso que podría simplificarse mediante la supresión de estos
requisitos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario