De nuevo Fernando Ángel Moreno da unas claves certeras para entender la ley universitaria que nos espera en Madrid
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¿A quién perjudica la nueva ley de Cifuentes?
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¿A quién perjudica la nueva ley de Cifuentes?
Puede leerse la ley y corroborarse todo esto con la propia ley, aquí.
A todos los estudiantes
Tendrán
profesores sobrecargados de clases que no podrán actualizar lo que
imparten. Por consiguiente, los estudiantes no tendrán acceso a los
últimos adelantos en investigación. Además continuarán de las altas
tasas, entre las más altas del planeta y, desde luego, de Europa (en
Madrid, el mismo máster cuesta diez veces más que en Francia, en
Alemania, en Serbia, en Estonia...). La nueva ley de Cifuentes no aporta
nada que propicie esta bajada de tasas.
Continuará
la cada vez más escasa interacción con estudiantes extranjeros, puesto
que en Madrid sufren de altísimas y racistas tasas para los
extra-comunitarios (en Madrid, el mismo máster cuesta 25 veces más que
en Francia, en Alemania, en Serbia, en Estonia...).
Además
los estudiantes tendrían solo el 4% de la representación en los órganos
que propone la Ley y ni siquiera no garantiza la independencia del
nuevo Consejo Interuniversitario de Estudiantes, dejándolo bajo el
control de la Consejería.
Y
es que sus problemas importan bastante poco al gobierno de Cristina
Cifuentes. Basta con ver el espacio que la por la nueva Ley para el
Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) dedica a los
estudiantes: cuatro artículos entre 124 de una ley «para la educación
superior».
Al Personal de Administración y Servicios (PAS)
Todo
va mal para ellos. Son los grandes ignorados de la LEMES, aún más que
los estudiantes. Sus problemas (condiciones laborales, formación,
saturación de obligaciones) no importan nada a Cristina Cifuentes, pese a
lo mucho que deberían importarle.
La
ley contempla dejar solo unos fondos mínimos que no se igualan a la
media europea. El PAS será el colectivo más perjudicado por un proyecto
en el que no aparece ningún objetivo basado en alcanzar los porcentajes
mínimos de financiación, por ejemplo, de las mejores universidades
europeas, ni del Tratado de Lisboa ni de las universidades
estadounidenses (por cierto, las estadounidenses se encontraban antes de
la era Trump entre las que de más inversión pública disfrutan en todo
el planeta, con un 3%). (¿No lo sabían?)
Es decir, cada vez menos PAS, cada vez más precarios, cada vez más sobrecargados de trabajo y cada vez más ignorados.
A los rectores y a los Consejos de Gobierno
La
financiación por objetivos basados solo en servicios incapacitará el
diseño y la activación de proyectos atrevidos e innovadores, pues los
rectores deberán limitarse a las líneas en las que ya son fuertes sus
universidades.
Además
sufrirán una gran injerencia del gobierno de la Comunidad de Madrid
mediante el chantaje presupuestario y a través de los Consejos Sociales,
donde dicho gobierno cuenta con presidentes y miembros puestos a dedo.
Dice la LOU que estos miembros deben servir a los intereses sociales,
pero el PP por «intereses sociales» entiende solo los de las grandes
empresas. Por favor, entren en las webs de los Consejos Sociales de las
universidades públicas madrileñas y asómbrense con la «labor social» de
muchos de los miembros que los componen. Échenle un vistazo, de verdad.
A los Consejos Sociales y, por consiguiente, a la sociedad madrileña
De
pronto, sus miembros se enfrentarán a complicadas decisiones
universitarias con una minoría de miembros que sepan realmente de
universidad. Por cierto, la ley prevé que entre los miembros que
respondan a los intereses sociales no puede haber ningún miembro de una
comunidad universitaria ¡de todo el país! ¡No vaya a ser que haya gente
que sepa de universidad y que piense de verdad en cómo centrarla en
intereses sociales reales!
Hay
un absoluto silencio acerca de la verdadera transferencia social
porque, ¿para qué engañarnos?, van a estar demasiado ocupados invadiendo
la autonomía universitaria mediante el control de cuentas encargado por
el gobierno.
Además deberán asumir un montón de nuevas funciones –todas ellas de control mercantil– sin apenas fondos ni estructuras.
Por
todo ello, continuamos con el fracaso de su labor social: ni traerán
dinero, ni buscarán cómo la universidad pueda poner sus recursos al
servicio de necesidades sociales de ciudadanos que los necesitan y que
no trabajan en grandes empresas.
Seguirán
por tanto con sus pantomimas de sesiones limitadas a ratificar
decisiones o a juzgar «casos raros de estudiantes que piden
convocatorias extras»; cuando su nueva función de Consejo Administrativo
les deje tiempo para ello, claro.
A los profesores (e investigadores)
Los
profesores que entiendan que la docencia y la investigación se
complementan serán los más perjudicados por la LEMES. Pese a que ya
existen centros exclusivos dedicados a la investigación que podrían
impulsarse, el PP se dedica a destruir el concepto de «docente
universitario».
Ya
se encuentran sobrecargados de burocracia y de labores de gestión
administrativa que ni figuran en sus contratos ni entre sus
competencias. Esto se debe a la enorme precariedad del PAS y su cada vez
más escaso número. Evidentemente, esta falta de PAS redundará cada vez
más en menos tiempo para preparar clases y para investigar.
A los investigadores (y profesores)
Se
prevé que el gobierno de la Comunidad de Madrid fuerce fusiones de
titulaciones gracias a las competencias brindadas LEMES, lo que a la
larga llevará a una concentración de departamentos en pocas facultades.
Esto cerrará líneas de investigación y complicará la pluralidad de
miradas sobre cualquier campo de conocimiento.
Toda
investigación que necesite pocos fondos, pero mucha visibilidad o apoyo
gestor va a ceder su puesto a los grandes grupos de investigación que
aporten patentes o puestos en rankings. Olvídense de tener
apoyo para las humanidades, las ciencias sociales y las ciencias
básicas. Respecto a la falacia de que cuanto más crezcan los grandes
grupos más dinero habrá para estudios de Historia o Literatura suena a
eso de que cuanto más ganen las empresas más contratarán. ¿Por qué?
¿Está ocurriendo eso? Las grandes empresas españolas cargan de más
trabajo y de más horas laborales a sus trabajadores cuanto más ganan. Ni
contratan mucho más ni mejor. Pues eso, pero con que los ingenieros
aeronáuticos, cuando tengan mucha pasta, cederán una parte a los
historiadores. ¡JA!
¿A quién beneficia la LEMES o Ley 0,0 (cero para PAS, cero para estudiantes, cero para profesores...)?
Al
gobierno del PP, para que pueda, mediante un (nada encubierto) chantaje
presupuestario, decidir quién investiga, qué se investiga y cómo se
investiga y se enseña en las universidades públicas madrileñas.
A grandísimos grupos de investigadores cuyas patentes puedan venderse caras o permitan subir en rankings con los que simplemente se ponga medallas el politiquillo de turno.
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