Si Marina y Laura hubiesen recibido una mínima información sobre violencia de género, Marina no hubiese mantenido una relación de pareja con Morate. Es más, si este país se hubiese tomado en serio la violencia sobre las mujeres y hubiese aplicado y desarrollado por completo cada artículo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en los diez años que lleva en vigor, Morate no habría sido un maltratador reincidente que ejercía violencia sobre Marina con impunidad y en ningún caso habría llegado a asesinar a las dos jóvenes porque los mecanismos de detección y protección se habrían activado a tiempo.
Quizá sea demasiado optimista especular sobre los resultados de un buen trabajo de prevención de la violencia de género sobre las vidas de Marina y Laura, sobre ellas en concreto, pero lo que marcan todos los indicadores es que la violencia de género en España no disminuye (por mucho que se hagan juegos malabares con las estadísticas oficiales, por ejemplo, mantener los casos en investigación para no engordar en los momentos de mayor indignación social el número de asesinatos), que los veranos son los meses en los que más asesinatos se cometen (y año tras año encaramos julio y agosto sin ni siquiera una campaña de prevención) y que poco a poco va aumentando el número de víctimas mortales por violencia de género relacionadas con la víctima del maltrato (especialmente hijos e hijas así como familiares allegados, nuevas parejas y amistades). Pero los últimos estudios (macroencuesta de 2015, informes del Consejo General del Poder Judicial y estudios centrados en juventud) nos muestran aún una realidad más preocupante: la violencia de género se da cada vez con mayor intensidad en gente más joven y se tolera y justifica incluso entre buena parte de los y las adolescentes.
Cada vez que conocemos uno de estos estudios se escuchan voces de alarma pero en los últimos años no se ha puesto en marcha ninguna medida para atajarlo, todo lo contrario, se recortan los fondos destinados a la lucha contra las políticas de igualdad en general y la violencia de género en particular.
Cada mes de agosto hay un sobresalto social por el goteo de asesinatos de mujeres que desaparece nada más llegar el otoño, momento en el que se vuelve a la indiferencia mediática y social y a la inacción del gobierno en cuanto a la prevención y protección de las víctimas, las únicas herramientas eficaces para atajar esta violencia. El machismo mata, lo sabemos, pero éste engorda día a día con la hipocresía y la impunidad. En 2013, la Organización Mundial de la Salud publicó su primer informe específico sobre violencia de género y le puso un calificativo: epidemia.
En marzo de 2014, se publicó el Informe sobre violencia contra las mujeres realizado por la Agencia de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Los datos, estremecedores. En el año anterior al informe, 13 millones de mujeres sufrieron violencia física en los 28 Estados miembros, 3,7 millones fueron violadas y nueve millones de mujeres fueron víctimas de acoso. A lo largo de su vida, 62 millones de europeas, es decir, una de cada tres, ha sufrido violencia física o sexual –la encuesta recoge datos a partir de los 15 años así que se queda fuera toda la violencia sufrida por las niñas–. Prácticamente la mitad, el 47%, ha sufrido violencia psicológica por parte de su pareja y son 102 millones de mujeres las que han sufrido acoso sexual. La mayoría de las víctimas, alrededor del 70%, no denuncia esta violencia. Las propias conclusiones del informe europeo señalan que, como la mayoría de las mujeres no recurre al sistema judicial ni a otros servicios, se pone de manifiesto que las necesidades y los derechos de millones de mujeres europeas no se abordan en la práctica actualmente. Hablar de ciudadanía y derechos de las mujeres con estos datos encima de la mesa es una burla.
La situación en España en este momento tiene dos agujeros negros y un agravante. El primero es la educación. Cualquiera que tenga un hijo o una hija en educación infantil o en primaria sabrá la intensa formación en seguridad vial que recibe en las aulas todo el alumnado. También sabrá que en los colegios ni se habla sobre educación afectivo sexual, resolución pacífica de los conflictos ni prevención de la violencia de género. Ningún gobierno hasta ahora ha cumplido la ley, especialmente el capítulo 1 de la Ley Integral contra la violencia de género dedicado a la educación. Las consecuencias están a la vista. La prevención es la única medicina contra la violencia de género.
El segundo agujero tiene estrecha relación con el primero. Éste vacío en la formación básica de los menores se extiende por todo el sistema educativo, incluida la universidad, lo que se traduce en que los profesionales relacionados con la violencia de género (tanto de manera directa: abogados, jueces, fiscales, equipos psicosociales…; como de manera indirecta: profesionales de la salud, profesorado y profesionales de los medios de comunicación) no tienen formación en violencia de género. Es decir, el fenómeno que causa la muerte a decenas de mujeres todos los años, es un desconocido para quienes se deberían enfrentar a él. Es la indiferencia de un país ante la vida de las mujeres.
La hipocresía es el agravante que alimenta esta indiferencia. Alrededor de la violencia de género se han consolidado una serie de mentiras que tranquilizan conciencias pero matan. Al margen de los bulos sobre las denuncias falsas o el letal “un maltratador puede ser un buen padre” que hace que las retiradas de custodia, visitas y patria potestad a los maltratadores sean mínimas, casi inexistentes, también se ha instalado el mantra de que “todos” estamos contra la violencia de género. Ni mucho menos. Por un lado, está la inacción de un gobierno que ha desmantelado prácticamente el sistema de protección y prevención, derogando en la práctica tanto la Ley Integral como la Ley de Igualdad y ha recortado durante toda la legislatura las partidas presupuestarias para luchar contra esta violencia. Y por otra, las resistencias son aún muy potentes y toda una corriente negacionista recorre sin apenas resistencia tanto las redes como los medios de comunicación.
Solo un ejemplo. Mientras se presume de que la Ley Integral fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, se olvida que hasta que el 13 de mayo de 2008 el Tribunal Constitucional avaló la constitucionalidad de la Ley (por 7 votos a favor y 5 en contra, no por unanimidad, desde luego), se habían presentado 180 cuestiones de inconstitucionalidad. Probablemente, sea la ley de la democracia más cuestionada por jueces y juezas. Lo que no es de extrañar dada la escasa formación de los mismos al respecto. De hecho, la ley preveía 17 juzgados especializados sobre violencia de género y en la actualidad existen 106 juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos en toda España más 355 juzgados compatibles. Juzgados especializados llenos de profesionales sin especializar. ¿Alguien se imagina juzgados de lo mercantil con expertos en derecho de familia, por ejemplo?
Una hipocresía que, provoca, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Serra haya aprobado decretar un día de luto oficial por la muerte de Marcos Cabo, el concejal de Esquerra Unida del municipio que se ahorcó en la prisión de Picassent donde permanecía tras ser detenido acusado de matar a su mujer presuntamente con un incendio en el domicilio familiar.
O, como recordaba hace unos días Berta Cao en un artículo, que se esté poniendo, eso sí, la máxima celeridad es en la prevención de agresiones a alguno de los “presuntos” asesinos. Por ejemplo, las precauciones que tienen con el parricida de Moraña, al que han trasladado de cárcel, por si en A Lama, la cárcel de Pontevedra donde ingresó inicialmente, sufría alguna agresión. Sería una agresión por haber asesinado a sus hijas, porque en la misma cárcel coincidía con cinco asesinos gallegos que han matado a sus parejas o a sus exparejas, los más recientes en Ourense y Arbo, y ninguno de ellos ha tenido el menor problema con otros presos por sus delitos.
Casi 800 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas desde el año 2003, cuando comenzaron a recopilarse estadísticas oficiales de víctimas mortales de violencia de género. Este 2015 es, hasta ahora y aún estamos en agosto, el año con más niños y niñas asesinados por las parejas o ex parejas de sus madres como parte del maltrato desde que comenzaron a recogerse estadísticas.
Una realidad insoportable rodeada de demasiada hipocresía y demasiadas complicidades como para seguir mirando hacia otro lado.
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Nuria Varela es periodista y escritora
Nuria Varela es periodista y escritora
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