Mayte Pisa Solans y Spanish Revolution han compartido un enlace. kaosenlared.net
Tras más de dos meses intentando su
activación por parte de las distintas Administraciones españolas
competentes para la ejecución de lo establecido en el articulo 59 bis LO
4/2000, así como en los distintos Tratados Internacionales vinculantes
para España, que al margen de las Directivas comunitarias de aplicación,
como la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5
abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de
seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se
sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de
15.4.2011), han quedado expuestos en anteriores artículos de Punto Crítico , el Protocolo marco sigue sin activarse.
El viernes día 1 de junio de 2018 el
Juzgado competente por estar de guardia, el Juzgado de Instrucción num. 3
de La Palma del Condado (Huelva), se negó a recoger la denuncia,
referida a más de cien mujeres marroquíes, temporeras de la fresa, a las
que la empresa había encerrado para evitar que pudiesen denunciar los
graves abusos laborales y sexuales, incluyendo violaciones, de los que
habían venido siendo objeto, como habían relatado las periodistas
alemanas de Corrective. Org semanas antes.
Sobre todo, querían denunciar el hecho
de haber sido forzadas -más que inducidas- a la prostitución mediante
coacción, en la que jugaba un papel principal el hambre; todo ello con
el chantaje en el fondo: “Este año nos han traído a los campos de Huelva a las putas de Marruecos. Las tocas y te denuncian“; “las casas de prostitución“; “los videos los vamos a mandar a vuestras familias a Marruecos“.
El Juzgado se negó a recoger la
denuncia, emplazándonos a ir a denunciar tres día después, el lunes día 4
de junio. El mismo viernes, día 1 de junio, tras sernos impedida la
denuncia en el Juzgado, se denuncia en la Guardia Civil de Almonte. En
ese momento se le entregan a la Guardia Civil el listado con los datos
personales de las más de cien temporeras secuestradas por la empresa,
que habían encargado a los abogados de AUSAJ comunicar a la Guardia
Civil su intención de denunciar.
El domingo día 3, con la colaboración activa y principal de la Guardia Civil de Almonte,
todas las trabajadoras que se encontraban en dicho listado fueron, de
una forma u otra, forzadas a subirse a autobuses, siendo trasladadas a
Marruecos. Con la excepción de un pequeño grupo que escapó y a las que
no pudo capturar la Guardia Civil y los empleadores.
El lunes día 4 no quedaba ninguna de
ellas en la finca, con la excepción, al parecer, de un grupo de ellas
que habían sido engañadas por la empresa para que firmasen una
contradenuncia falsa, como se evidencia con las pruebas que exponemos a
continuación.
El lunes día 4, nueve de las temporeras
que habían conseguido escapar comparecen y presentan denuncia ante la
Inspección de Trabajo en Huelva; lo hacen en nombre propio y en el de
las trabajadoras que no han podido comparecer. Desde ese primer momento
las jornaleras pusieron de manifiesto no solo que no les había sido
entregada nunca copia de su contrato de trabajo, ni habían recibido sus
salarios, ni siquiera habían podido conocer sus propias nóminas, que no
sólo no se les había pagado, sino que las terribles condiciones en las
que se les obligaba a vivir y los abusos sufridos, vulneraban su
dignidad (y la de todos). El día 6 de junio, conforme información
aparecida en prensa, tiene lugar la visita de inspección en la empresa
denunciada cuyo resultado, igualmente se afirma, fue el de absoluta
“normalidad” de la actividad de la empresa Denunciada.
Por su parte, el Juzgado nos impidió el
acceso a las actuaciones judiciales hasta hace escasos días; sin
embargo, como se acredita más abajo, las alcahuetas de los empresarios
ya conocían el contenido de las actuaciones judiciales, y lo
aprovecharon para intentar engañar y coaccionar, comprar, a las
trabajadoras hoy denunciantes, ofreciéndoles arreglarles los papeles,
contratarlas los años sucesivos y pagarles el dinero adeudado por sus
nóminas, con la finalidad de que retirasen la denuncia planteada contra
la empresa y que acusasen en falso a todos aquellos que las habían
ayudado a escapar de su cautiverio (“Habla con ellas a ver si las convences para que retiren aquello, fueron engañadas por parte de aquellos…“;”Tú no apareces en la denuncia. Las que aparecen son…“). Se aportan las transcripciones correspondientes más abajo.
Tampoco hemos conseguido el propósito
buscado, ni acudiendo a la Brigada Central de la Unidad de Redes de
Inmigración y Falsedades Documentales, UCRIF, ni acudiendo ante la
propia autoridad gubernativa. Así, se ha intentado repetidamente poner
todos los hechos en conocimiento de la UCRIF, por considerarlo el cauce
más adecuado a la situación, sobre todo teniendo en cuenta los
mecanismos que prevén los Protocolos de actuación en prevención de la
trata de personas.
Todos nuestros intentos han resultado
vanos, rechazándose nuestra petición de formular denuncia por parte de
la UCRIF HUELVA, a la que se nos derivó desde la propia Brigada Central,
rechazo que se produce, se dice, para evitar duplicidad de
investigaciones (claro subterfugio pues sería tan sencillo como
cualquier novedad en la investigación que se alcanzase remitirla al
órgano jurisdiccional que se entienda competente; ello al margen de que
no existen actuaciones judiciales incoadas por Trata de Personas, ni por
delitos de Lesa Humanidad). De la misma forma, amén de los obstáculos
burocráticos que ha conllevado varias semanas de gestiones, la
Subdelegación tampoco ha tenido iniciativa hasta ahora para la
aplicación del Protocolo, para la protección de las víctimas, viéndose
en este sentido condicionado por la propia inactividad de los
investigadores policiales, que no han puesto en marcha el mecanismo
ordinario de activación -al margen de que la Subdelegación podría y
puede, de hecho, estaba -y está- obligada a ejecutar efectivamente el
Protocolo Marco.
Pues bien, al contrario de lo que
falsamente se afirma tanto por CGPJ, como por la Fiscalía General del
Estado y por el mismo Ministerio del Interior, la ausencia de condenas
por los gravísimos delitos de trata de personas y de lesa humanidad (por
esclavitud y trabajo forzoso), no se debe a que las víctimas no quieran
ir a juicio y abandonen voluntariamente el país antes de ir a juicio. Se
debe a que las expulsan ilegal, violenta y delictivamente para que no
vayan a juicio vulnerando con ello la legislación española y los
Tratados Internacionales a los que hacíamos antes referencia;
precisamente para impedir las condenas de los tratantes de esclavos, y
proxenetas, que se quieren hacer pasar por empresarios agrícolas.
Pareciera que el trabajo forzoso y
esclavo constituya una verdadera cuestión de estado; todas las
Administraciones Públicas competentes, el Poder Judicial, la Fiscalía,
los Cuerpos policiales y los principales medios de comunicación, están
participando activamente en destruir cualquier posibilidad de que estos
hechos sean, ya no juzgados, sino ni siquiera investigados.
Esta solicitud de residencia y permiso
de trabajo, que reproducimos hoy, se realiza de conformidad con la
Directiva comunitaria de aplicación y con la legislación nacional
especial en la materia, y recordemos que quienes la solicitan son madres
de hijos de corta edad cuyo máximo deseo y aspiración es volver a su
país y reencontrarse con sus hijos y familias. Pero, como dicen todas
ellas, “con la cabeza bien alta”. Y la cabeza bien alta, en los
países musulmanes, significa sin mancha, significa acreditar que todos
sus sufrimientos son ciertos y que ellas nunca han sido, ni deseado ser,
prostitutas. Se han defendido de las agresiones hasta límites
inauditos, pero el hecho mismo de haber sido abusadas, en el mundo rural
musulmán, constituye causa de exclusión social; transforma a la mujer
en algo “sucio”. Hay una responsabilidad ajena a cualquier culpabilidad.
Y, sobre todo, necesitan llevar a sus familias el dinero por el que tan
duro han trabajado y tanto han sufrido; para mantener a sus hijos
menores, que lo necesitan de una manera vital. (...)
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