Xosé Manuel Pereiro 11/03/2025
El manual de gestión de problemas del PP se basa en tres reglas: negar su existencia, explicar que no pudo ser su responsabilidad porque no estaban allí y echar la culpa a otro
Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón durante la rueda de prensa en Valencia. / Youtube
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La idiosincrasia española es el único ámbito, junto con el jazz y determinadas teorías escénicas, en el que la improvisación se considera una virtud. Y eso pese a que incluso la habitualmente patriótica RAE la define como “Imprevisión, desapercibimiento, desprevención, desavío, indisposición, negligencia, descuido, desidia, dejadez”. Se podría pensar que si un partido como el PP, que se considera español hasta las cachas y reivindica las teóricas esencias nacionales desde Numancia (la ciudad asediada, no el club de fútbol) y más allá, basa su gestión de las crisis en la improvisación, es precisamente por la españolía del método. Sin embargo, la irresponsabilidad reiteradamente demostrada por los gobiernos conservadores ante distintas clases de catástrofes puede deberse a otra característica ancestral, que durante el franquismo adquirió rango de undécimo mandamiento: las autoridades nunca tienen la culpa.
La actual huida hacia delante de Carlos Mazón, inventando una nueva mentira cada vez que se le desmonta la anterior, puede parecer, en efecto, la versión slapstick de la capacidad de improvisación (si no recuerdan todas, échenle un ojo a esto de Gerardo Tecé). Mirando hacia atrás sin ira, pero con memoria, casi se echan de menos aquellas prolijas patrañas de antaño que, en ocasiones, duraban meses y resistían incluso sólidas resoluciones judiciales de las de antes. Sin embargo, el PP’s crisis management style (PPCMS) sigue unas normas que se pueden rastrear en cualquier brete de alto voltaje, lo que quizá sea un argumento en contra de que improvisan: puede que tal estilo de gestión sólo sea una mezcla de incompetencia e impunidad.
La primera regla del PPCMS es negar la existencia de la crisis. Funciona mientras los hechos no son evidentes, e incluso en ocasiones cuando lo son. Por ejemplo, el Prestige y su marea negra se presentó inicialmente como un incidente resuelto en unas horas, y el petrolero averiado fue puesto en manos de una empresa rescatadora con el compromiso de llevárselo a las quimbambas. El detalle de que las autoridades permitieron que los servicios de rescate contratados bajo concesión pública estuviesen tres horas trapicheando por su cuenta, mientras el petrolero se acercaba a la costa y su carga se derramaba, no figuró nunca en la información oficial facilitada. A pesar de que miles de toneladas de crudo espeso en forma de manchas de hasta varios kilómetros de largo y centenares de metros de ancho no son lo que se dice imperceptibles, las autoridades no advirtieron de que marchaban hacia la costa. Incluso horas después de que el chapapote embadurnase cientos de kilómetros, el responsable de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete (que todavía defiende los intereses de nuestro sector primario en las trincheras del Europarlamento y llegó a ser comisario europeo), declaraba que “la acción de las autoridades había evitado una marea negra”. Y días más tarde, el de Defensa y Formación del Espíritu Nacional, Federico Trillo, manifestaba al regresar de una misión de observación en helicóptero que las playas estaban esplendorosas.
Obviamente, la estrategia aquí-no-pasa-nada-circulen no siempre es posible aplicarla en primera instancia, y tampoco es susceptible de ser alargada demasiado en el tiempo. No lo fue en el accidente del Yakolev Yak 42, ni en el 11-M, ni, por supuesto, en los efectos de la DANA en Valencia (aunque también aquí hubo un conato, con una información oficial de que las lluvias escamparían por la tarde y se irían hacia Cuenca). Así que el argumentario –o la innata habilidad derivada de tener el ordeno y mando en el ADN– establece echar mano de los viejos trucos oficinescos: si no puedes argumentar “estaba así cuando llegué”, nunca digas “he sido yo”.
O sea, regla número dos: si tú no estabas en el lugar del crimen, no puedes ser el autor. Cuando llegó la marea negra, Manuel Fraga, presidente de los primeros indígenas afectados, andaba de caza en los Montes de Toledo. Francisco Álvarez Cascos, responsable del ministerio que se ocupa del salvamento marítimo, ídem, pero en los Pirineos. Jaime Matas (el dinero que ganaba oficialmente era por hacerse cargo del Medio Ambiente), en una inauguración en la costa levantina. Cuando se desvelaron las irregularidades que causaron las muertes en el Madrid Arena, la alcaldesa Ana Botella y su consorte se relajaban de sus quehaceres en un spa lisboeta. El presidente valenciano pasó casi todo el día de autos en el restaurante El Ventorro, famoso sin duda por la amplitud de su horario de cocina.
De todas formas, la más eficaz es la regla número tres: échale la culpa a otro. O a varios. En el Prestige, la culpa fue –por orden cronológico– del Reino Unido (por detentar la soberanía de Gibraltar, puerto situado en el estrecho de mismo nombre, donde los buques, cuando no tienen la mercancía vendida, suelen recalar a la espera de recibir órdenes de si tirar para Asia, o para un puerto africano o sudamericano), de Bahamas (la bandera del petrolero), del capitán (por desobediente), del propio buque (versión Ana Botella), de la compañía que le pasó la ITV al petrolero y de la oposición por batasunizar a la sociedad (versión Mayor Oreja y Paco Vázquez). En el Yak 42, la responsabilidad del accidente que causó la muerte de 75 tripulantes y/o de la chapucera identificación y recogida de restos de los 62 militares españoles fue de los forenses turcos por no saber hacer su trabajo, de los pilotos ucranianos por no saber pilotar ni hacer el mantenimiento del avión y de los ingenieros aeronáuticos rusos por no tener ni idea de diseñar ni construir una nave de transporte decente. Finalmente, el ministro de turno (otra vez Trillo) le echó la culpa al Estado Mayor de la Defensa y a los familiares, por protestar (antes y después del accidente) y por falta de espíritu castrense.
En el 11-M y sus 193 muertos, la culpa, como ya sabemos, fue primero de ETA. Después, ampliando enormemente el círculo de sospechosos, lo fue de alguien que “no están ni en desiertos remotos ni en montañas lejanas y sus conexiones tarde o temprano se sabrán, si es que las hay” (o no), al tiempo que se salpimentaban responsabilidades auxiliares al jefe de los TEDAX, a la Orquesta Mondragón, a Renfe por desguazar los trenes y a Pilar Manjón y otras familiares de las víctimas por no saber comportarse. Por fin, dejémonos de eufemismos, el dedo acusador apuntó directamente al PSOE (como respaldará sin duda un día de estos Felipe González).
Al revés que en anteriores catástrofes, donde las administraciones implicadas eran amigas, en la de Valencia el PP ha tenido la enorme ventaja de que en La Moncloa residan los otros. Prácticamente cualquier entidad dependiente de Perrosanxe, con excepciones –de momento– como el Consejo Superior de Deportes o el Patronato de Loterías del Estado (e inclusiones tan esferolíticas como el Ministerio de Asuntos Exteriores o la Agencia Estatal de Cooperación Internacional), han recibido su dosis de responsabilidad directa o vicaria. Dada la complejidad y diversidad de nuestra burocracia, tener a mano toda una administración no amiga es una mina.
Obviamente, todas estas normas no son de uso exclusivo de los conservadores. Cualquier gobernante, sea cual sea su carné partidario –y de hecho, hay ejemplos–, puede hacer uso de estas pautas, siempre que carezca de vergüenza y de sentido del ridículo, y se haya alicatado con los necesarios apoyos mediáticos. En todo caso, el moderno príncipe en apuros deberá seguir en los momentos de aflicción dos preceptos fundamentales, que pueden parecer opuestos pero en realidad es necesario tratar con el mismo equilibrio que a los dos caballos de un carro de carreras; uno, el prudente consejo de Homer Simpson: intentar hacer algo es el primer paso hacia el fracaso. El otro, el manido mantra de las escuelas de finanzas: cada crisis es una oportunidad de negocio.
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