Los sindicatos reclaman la mayor indemnización económica pedida contra una Administración "por no contar con un verdadero plan de prevención de riesgos laborales" y la Consejería de Sanidad tendrá que acudir a una vista judicial el próximo 10 de abril.
Ayuso se enfrenta a una indemnización histórica por la ...
La creciente fuga de sanitarios de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid, la sobrecarga de trabajo para tan pocos profesionales y las demandas sobre el riesgo de su salud física y mental parecen no ser suficientes para que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) ponga en marcha un plan con medidas preventivas frente a los riesgos laborales a los que se exponen diariamente estos trabajadores, según los sindicatos.
A propósito de la demanda que interpusieron el año pasado las organizaciones sindicales contra la Consejería de Sanidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) por "sus gravísimos y reiterados incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales de Atención Primaria", la Viceconsejería de Sanidad de Madrid convocó una reunión este martes junto con el SERMAS, dos asesores legales y organizaciones sindicales "para pedir que desistan su demanda" −según han informado a Público los propios sindicatos− y recalcar su "buena voluntad" para cumplir con la planificación de prevención. "Somos conscientes de que el objetivo no era solucionar el problema y que solo se pretendía aportar el acta de la reunión al juzgado", han añadido.
Las organizaciones que conforman la Mesa Sectorial –AMYTS-SAE-SIETeSS CAM, CCOO, SATSE, CSIT Unión Profesional, UGT, CSIF– junto al colectivo Atención Primaria Se Mueve (APSEMUEVE) definen la situación como "desprotección y abandono" de los sanitarios por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Denuncian la falta de medidas de seguridad y salud adecuadas, lo que pone "en peligro la integridad" de los trabajadores y la asistencia a los usuarios.
Sindicatos: "La Consejería de Sanidad de Madrid apela a la buena voluntad para que desistamos en la demanda por exponer a los sanitarios a riesgos laborales"
Para estas organizaciones la reunión propuesta por la Consejería de Sanidad de Madrid solo pretendía "convencer a los jueces de que tienen voluntad de cumplir la legislación". "Se ha limitado a apelar a la buena voluntad para que desistamos en nuestra demanda, tras años de requerimientos para hacerlo, y mostrando su incompetencia o nula intención de llevar a cabo su obligación de hacer el Plan de Prevención de riesgos laborales", manifiestan.
Además, creen que "es evidente que todos los directivos y asesores de la consejera, no solo ignoran la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino que, además, desconocen su contenido". "En su artículo 39 establece: el Comité de Seguridad y Salud es el competente para participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa", explican.
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Uno de los puntos que destacan es el económico. Cuando han preguntado a la Consejería por el presupuesto para afrontar el plan de riesgos laborales, "han dado la callada por respuesta". "Desde la Administración no han planteado siquiera una hoja de ruta ni una propuesta que marque cuáles van a ser las acciones que van a tomar para revertir la situación", reconocen.
Sindicatos: "Mientras que el plan de prevención de riesgos laborales no esté en marcha y sea el adecuado para este ámbito asistencial, no retiraremos la demanda"
Ante las reticencias de la Consejería madrileña, los sindicatos insisten en que no consentirán que se continúe trabajando en estas condiciones. "Mientras el plan no esté en marcha y sea el adecuado para este ámbito asistencial, no retiraremos la demanda", señalan. "Los daños físicos o el deterioro de la salud mental de muchos profesionales deben tener una compensación. Por ello, vamos a perseguir que, al igual que ocurre con el resto de los trabajadores de cualquier empresa, los profesionales reciban la compensación que les corresponda en cada caso, para minorar los gastos que la Administración les ha producido y que son fruto de su negligencia", concluyen.
A pesar de que los sindicatos han reclamado en numerosas ocasiones una respuesta efectiva por parte de la Administración y aunque existen imágenes y testimonios que demuestran el evidente colapso sanitario en la región madrileña, su consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha asegurado este jueves que existe un plan de prevención de riesgos laborales desde 2019, en concreto en Atención Primaria a nivel físico y psíquico.
"Se ha trabajado, se está trabajando y se trabajará en ello porque las cuestiones de gestión, de seguridad y de calidad son algo vivo que va cambiando y te tienes que ir adecuando", ha dicho. Además, la consejera madrileña ha informado que en la próxima vista que tienen el próximo 10 de abril ante el TSJM, con motivo de la demanda interpuesta por los sindicatos, "iremos a explicar lo que se está haciendo con pruebas y con la conciencia tranquila".
Por su parte, Pelayo Pedrero, delegado de Prevención de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), en declaraciones a Público, desmiente que exista un plan de prevención como sí asegura la Consejería y recalca que las pruebas a las que hace referencia Matute, "ya las han aportado en otros juicios y dejan en evidencia que no se trata de una planificación preventiva".
Indemnizar a cada sanitario afectado
Pedrero afirma a este medio que la Administración ha presentado un documento, el cual, según señala, "únicamente incluye medidas generales de prevención para el personal de Atención Primaria". "No puede ser así", advierte, "es necesario analizar cada puesto de trabajo de manera específica para identificar los riesgos en cada centro y para cada trabajador". Además, destaca que la justicia no ha respaldado la postura de la Administración y que "existen muchas sentencias individuales favorables a los profesionales", que han obligado a la Comunidad de Madrid a compensar económicamente a los afectados.
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: "Si un profesional atiende a 60 pacientes en una consulta, es un factor determinante"
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, declara a Público que las sentencias favorables a los profesionales sanitarios "deben servir como una oportunidad para impulsar mejoras o como un llamado de atención para adoptar medidas contundentes". Además, subraya la carga laboral de los sanitarios: "Si un profesional atiende a 60 pacientes en una consulta, es un factor determinante". En este sentido, recuerda que la Comunidad de Madrid cuenta con la segunda peor ratio de profesionales por paciente de toda España.
Ana Encinas, médica de Atención Primaria del Centro de Salud Nuestra Señora de Fátima de Carabanchel, cuenta a este medio que "la situación es insostenible" y que "la Consejería de Sanidad no cumple lo que dice". "Cada vez son más los profesionales que enferman por la sobrecarga diaria", lamenta. La sanitaria reconoce que "ha llegado a tener 55 pacientes al día". "Es necesario que haya un límite de pacientes", insiste.
Esta vez, los sindicatos reclaman la mayor indemnización económica pedida contra una Administración hasta ahora "por no contar con un verdadero plan de prevención de riesgos laborales". "Hasta la fecha, ya hay numerosas sentencias individuales favorables a los profesionales que obligan a la Comunidad de Madrid a indemnizar, por este motivo, con hasta 8.000 euros a cada profesional afectado", apuntan.
De hecho, según recogen varios medios, en la demanda colectiva se pide a la Consejería una indemnización de 5 millones de euros, más 100.000 euros por cada día de retraso en su cumplimiento, por vulneración de derechos fundamentales al carecer de este plan.
Tanto los profesionales sanitarios como los sindicatos reconocen a este medio que han perdido la esperanza de que la Consejería de Sanidad de Madrid asuma sus responsabilidades y garantice la protección frente a los riesgos laborales que enfrentan diariamente los médicos. Sin embargo, esta vez será la justicia la que, en abril, dictamine sobre la gestión de esta situación y determine las posibles consecuencias de la inacción denunciada.
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