Deva Mar Escobedo 7 MAR 2025
La plantilla de prevención y extinción de incendios reclama un convenio actualizado, recuperar el poder adquisitivo perdido en una década y contratos estables en un contexto de catástrofes climáticas de cada vez mayor impacto y frecuencia.
Un grupo de bomberos forestales de la Comunidad de Madrid se encerró el jueves en la sede de la Dirección General de Emergencias de Las Rozas exigiendo un convenio colectivo actualizado, la reducción de la temporalidad y la estabilización del empleo. La jornada concluyó con el desalojo de los profesionales por parte de la Guardia Civil y sin que estos pudieran reunirse con las autoridades.
La protesta surge ante las peticiones de diálogo ignoradas por la administración y por Tragsa, la empresa pública que gestiona el servicio de bomberos forestales en la Comunidad, según cuentan representantes de la plantilla en nota de prensa. Los bomberos en protesta este jueves no han conseguido que nadie que represente a la empresa se siente con ellos, aunque pudieron trasladar sus reivindicaciones al comité técnico.
La plantilla de bomberos en protesta este jueves no ha conseguido sentarse con representantes de la empresa y advierte que continuará con las movilizaciones
Las representación sindical que protestó el pasado 6 de marzo ha valorado positivamente la acción y advierte que seguirán movilizándose hasta que no se materialicen “avances concretos”. Asimismo, señalan el contexto de estos días “donde una nueva alerta amarilla por lluvias nos recuerda lo que pasó en Valencia hace casi cinco meses”.
Bomberos forestales precarios frente a la crisis climática
Incendios cada vez más grandes afectan a todos los puntos de la geografía española. Cuando estas catástrofes ocurren, especialistas recuerdan que el ejercicio de prevención es tan importante como el de la extinción de los propios incendios. Sin embargo, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid denuncian que casi la mitad de la plantilla tiene contratos temporales de cuatro meses constreñidos a verano.
“Esta temporalidad no solo dificulta la estabilidad laboral y económica de los trabajadores, sino que también afecta a la eficacia de las tan necesarias labores de prevención y extinción de incendios”, advierte la representación sindical de la plantilla. Máxime con “la alta desestacionalidad de los incendios y la incapacidad de atención a las contingencias en el medio rural”.
Por una profesión digna
La Ley 5/2024 de bomberos forestales se aprobó el pasado año y quería proponer un “nuevo planteamiento organizativo” ante los retos cada vez mayores de la extinción y prevención de incendios. Para ello, la norma buscaba dignificar la profesión. Un planteamiento que, según denuncian los sindicatos, “aún no se ha traducido en mejoras tangibles”.
La ley de bomberos forestales no es la única norma que los sindicatos consideran papel mojado. El Real Decreto 612/2024, también del año pasado, establece una serie de medidas ante la exposición a agentes cancerígenos. La plantilla de bomberos forestales en lucha denuncia que en la Comunidad de Madrid aún no hay un plan de evaluación de riesgos laborales específicos a pesar de que las y los profesionales estén “constantemente expuestos a humos y sustancias tóxicas” en su labor.
Pérdida de poder adquisitivo y privatización
Además de la temporalidad y falta de prevención de riesgos, el personal de bomberos forestales ha sufrido una pérdida de casi el 24% del poder adquisitivo desde 2012 en la comunidad madrileña, denuncian las organizaciones sindicales. Esto contrasta con los casi 89 millones de euros en beneficios que recabó la empresa concesionaria del servicio, Tragsa, en 2024, que más que duplicó su ganancia con respecto al año anterior. “Hay margen para mejorar las condiciones de los trabajadores”, insisten los sindicatos.
Las cuadrillas forestales pasaron a formar parte de la recién creada Comunidad de Madrid en 1984 y, cinco años después, este personal laboral ya estaba encuadrado dentro de la Agencia de Medio Ambiente. Sin embargo, en 1997 se privatizó el servicio, con los consiguientes despidos y reducción de salarios. Tras las huelgas y protestas de 2021 por un servicio público de gestión pública, la plantilla pasó a estar contratada por la empresa pública Tragsa, participada por la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).
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