La organización de extrema derecha que lidera el abogado José Luis Roberto recurre a la Fiscalía de Menores para tratar de lograr la clausura de un centro de atención temporal en València.
Militantes del partido neofascista España 2000 durante una movilización realizada en noviembre de 2021 en València.
El Centro de Atención Temporal de Emergencias de València al mar, que acoge a menores no acompañados, está en el foco de la ultraderecha. La organización neofascista España 2000, que adora a Benito Mussolini y que cuenta con registro legal como partido político, ha lanzado una campaña de acoso dirigida a tratar de lograr la clausura de esas dependencias.
El abogado y empresario José Luis Roberto, líder de España 2000, no quiere quedarse esta vez únicamente en el acoso callejero. Tras celebrar "asambleas vecinales" en el local de su partido, el ultra ha decidido llevar el caso a la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
En un escrito presentado el pasado día 21, el denominado Hogar Social Patriota María Luisa Navarro –una organización creada por España 2000 que actúa a modo de ONG- reclamó a la Fiscalía la adopción de medidas en torno al Centro de Acogida Temporal en el que residen menores migrantes.
Los ultras sostienen que ese centro carece de "licencia ambiental", afirman que no se trata de un espacio en el que se aborden situaciones de emergencia social y lo reducen a un "simple reagrupamiento de menas".
El escrito remitido a la Fiscalía de Menores sostiene además que "bajo el falso amparo de la 'emergencia' se ha producido una serie de graves irregularidades administrativas", entre las que sitúa "una autorización parcial de funcionamiento" por parte de la Generalitat.
La ultraderecha carga además contra la Fundación Antonio Moreno, que trabaja en el acompañamiento a menores, mujeres, familias y migrantes en situación de vulnerabilidad y que gestiona ese centro de acogida temporal, situado ahora en la mira de España 2000.
El documento de nueve páginas que ahora está en manos de la Fiscalía de Menores incluye otras aseveraciones sobre el supuesto riesgo que implican los menores migrantes. En esa línea, argumenta que existe "una máxima de experiencia humana" según la cual los adolescentes, "con independencia de su origen", serían proclives a la "perpetración de hurtos y daños a las propiedades, intimidaciones, peleas y alborotos".
"Repetimos para que quede claro y no se nos acuse de cualquier tipo de delito de odio de los del artículo 510 del Código Penal: no es la raza, no es el origen, no es la opción sexual, es la edad, la falta de objetivos, de trabajo y de educación lo que hace al joven un delincuente", afirma la organización de extrema derecha.
En otras publicaciones realizadas en su canal oficial de Telegram, España 2000 muestra su rechazo frontal al centro de acogida por tratarse, precisamente, de un espacio en el que residan menores migrantes. "Entre todos evitaremos que el Hospital Valencia al Mar se convierta en uno de los centros de menas más grandes de toda España", señala el partido ultra.
El partido de José Luis Roberto también ha lanzado una campaña en la plataforma Change que ha recogido más de 1.000 firmas en la que exige que "todos los menas e inmigrantes ilegales sean deportados a su país de origen" y que ese centro no acoja a menores de forma temporal.
Acoso ultra contra trabajadores
En un comunicado difundido por el sindicato UGT, el comité de empresa del Centro de Atención Temporal de Emergencias de València al mar denunció "el ataque y el acoso al que está siendo sometido tanto el personal como los menores por parte de grupos de ultraderecha, en concreto, por España 2000".
El comité advirtió además sobre la "manipulación informativa que está poniendo en riesgo la seguridad de las trabajadoras y de los menores, y rechaza con contundencia cualquier intento de criminalizar a jóvenes que se encuentran bajo tutela y que merecen protección y respeto".
"Recordamos que estos menores no están internados ni privados de libertad, y que su acogida responde a un deber humanitario y legal", añadió.

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