lunes, 2 de diciembre de 2024

Ayuso recorta la financiación del Museo del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía mientras riega con 4,5 millones los toros

25/11/2024   VÍCTOR LÓPEZ

Más Madrid denuncia que las partidas nominativas para los tres centros culturales desaparecen de los presupuestos autonómicos de 2025. El proyecto contempla apoyo para los museos como "iconos turísticos", pero sin cuantías definidas.



La Comunidad de Madrid pretende retirar la financiación nominativa que venían recibiendo el Museo del Prado, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y el Museo Reina Sofía de su proyecto presupuestario para 2025. Los tres centros ingresaron en 2024 un total de 450.000 euros en ayudas directas del Gobierno de Ayuso; 150.000 euros cada uno. El próximo año, sólo podrán optar a subvenciones públicas en concurrencia competitiva, es decir, mediante concurso –considerablemente inferiores–. Las cuentas saldrán adelante sin complicaciones, previsiblemente antes de mediados de diciembre. El PP, que tiene mayoría absoluta en la Asamblea, define los presupuestos como "realistas, prudentes y de marcado carácter social". 

Más Madrid no descarta presentar enmiendas y denuncia los recortes del Ejecutivo autonómico en el área de Cultura. "La Consejería les ha dicho [a los museos perjudicados] que van a seguir recibiendo financiación a través de Turismo, pero en el documento no figura ninguna partida; no sabemos cómo van a traducir esto en términos económicos", reconoce a Público Marisa Escalante, diputada de la formación. Los fondos destinados al Centro de Asuntos Taurinos, mientras tanto, aumentan un 5,9% con respecto a 2024.

"El Prado, el Thyssen y el Reina Sofía desaparecen de la lista de subvenciones con nombre y apellidos, pero otros museos mantienen las partidas para el próximo año", advierten desde el partido de Manuela Bergerot. El proyecto presupuestario recalca que la Comunidad de Madrid "continuará apoyando a los grandes museos como iconos turísticos" en la región, pero no define cómo ni con qué cuantías. Fuentes del sector consultadas por este diario consideran que los recortes son "graves" y "restrictivos para la estructura del arte". La Consejería de Cultura no ha respondido las llamadas de Público antes de la publicación de esta noticia. 

Según la oposición, todo responde al plan del Gobierno autonómico para caminar hacia un modelo de subvenciones y convenios, gestionando el reparto de fondos en base a proyectos concretos –sin asignaciones nominativas–. Este es el mismo argumento que el Gobierno de Ayuso utilizó el año pasado para dejar al Ateneo de Madrid sin financiación directa. Esperanza Aguirre llegó a aportar hasta 350.000 euros al centro cultural; Ignacio González, 270.000; y Cristina Cifuentes, 150.000. La actual presidenta autonómica rebajó hace dos años esta cuantía y la eliminó por completo en 2024. La tónica volverá a repetirse previsiblemente en 2025. 

"Esta transición de la que hablan [en el modelo de subvenciones] está pensada para 2026, pero, curiosamente, la han comenzado con los museos y entidades que dependen o tienen algún vínculo con el Ministerio de Cultura. Estos centros quedan fuera de las partidas para 2025", insisten desde Más Madrid. El Museo Picasso de Buitrago de Lozoya, el Museo Etnográfico de Horcajuelo de la Sierra y el Museo Ulpiano Checa de Colmenar de la Oreja, todos municipios gobernados por el PP, siguen en la lista de gastos corrientes en bienes y servicios culturales para 2025. Lo mismo ocurre con la Asociación de Creadores de Moda de España y la Fundación Contemporánea, entre otros.

Más presupuesto para los toros

El presupuesto autonómico del próximo año crece en 1.104 millones de euros, pese al recorte en la red de museos. Las áreas más beneficiadas son la de Sanidad, la de Educación y la de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. El Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, no obstante, también verá ampliada su financiación. El organismo, encargado de la "promoción y divulgación de la fiesta de los toros" en toda la región, tiene reservados casi 4,5 millones de euros de los fondos de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Esto supone un incremento del 5,9% con respecto a 2024. El torero Miguel Abellán, nombrado por el propio Gobierno de Ayuso, dirige este centro con un sueldo de 75.000 euros anuales.

La partida incluye, además, una subvención de 1,7 millones de euros para la Fundación Toro de Lidia –300.000 euros más que durante el último ejercicio–. Ayuso anunció el pasado mes de mayo que crearía un Premio de Tauromaquia propio de la mano de esta asociación, tras la decisión del Ministerio de Cultura, liderado por Ernest Urtasun, de eliminar el galardón nacional. Más Madrid recuerda, de nuevo, que la desaparición de las ayudas directas a todos los museos vinculados al Ministerio "no parece casual". Público ha contactado con las instituciones afectadas, que han preferido no hacer declaraciones "por el momento". 

Las cuentas no salen en Cultura

El apartado de museos y exposiciones de las cuentas autonómicas siempre había contemplado partidas nominativas para el Prado, el Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía. Si nada cambia, los tres centros arrancarán el año con presupuesto cero y dependerán, en todo caso, de los posibles concursos para conseguir subvenciones en concurrencia competitiva. Lo harán, a falta de conocer la letra pequeña, como "iconos turísticos", una definición que la oposición tacha de "error" por considerar que subestima su "valor cultural". La Consejería ha intentado apagar el fuego transmitiendo –a los museos– que seguirán recibiendo apoyo económico, pero las cifras no figuran sobre el papel, que más bien refleja la atenuación presupuestaria: Cultura pasará de contar con una asignación de 321,7 millones a gestionar sólo 302,6 en 2025.

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OTRA COSA:  La Universidad de Valencia advierte de los impactos de la restauración de playas y dunas sobre estos ecosistemas

Urgencias colapsadas, sanitarios al límite y listas de espera infinitas: la sanidad pública "agoniza" en el Madrid de Ayuso

 ROCÍO CRUZ  13/11/2024

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública alerta de un problema estructural que se extiende por todos los centros de la Comunidad de Madrid: "Falta de personal, presupuesto insuficiente y gestión sin enfoque público".



"Un barco a la deriva que encalla en el beneficio empresarial en detrimento de la salud de la población". Así define Sergio Fernández, vicepresidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) el panorama sanitario en la Comunidad de Madrid gobernada por Isabel Díaz Ayuso.   

Plantillas sometidas a una alta presión, sobrecarga laboral, largas listas de espera y un gran impacto negativo en la calidad de las consultas: la atención sanitaria en la Comunidad de Madrid "está agonizando", según Fernández. Asegura que el tiempo de espera para una primera cita con el médico de cabecera se sitúa en ocho días de media, muy por encima de las 48 horas recomendadas. Las Urgencias extrahospitalarias están saturadas, y el aseguramiento privado continúa en ascenso, lo que Fernández interpreta como una estrategia para favorecer a las empresas privadas. "Un cóctel perfecto de factores que provoca que nada funcione correctamente en la sanidad de la Comunidad de Madrid", sentencia.

"La Consejería de Sanidad de Madrid no implementa condiciones atractivas para los profesionales, ni hace nada para aliviar esta situación; al contrario, ha pasado el verano y no se han reforzado las plantillas", afirma Fernández. El vicepresidente de la FADSP asegura que cada año se repite la misma problemática durante el plan de invierno, con la saturación de Urgencias debido a los virus respiratorios. "La consejera ha dicho que está establecido un plan de invierno, pero nos consta que la Consejería de Hacienda aún no lo ha aprobado", añade. Público ha intentado contactar con la Consejería de Sanidad de Madrid, pero no ha recibido respuesta.

Fernández asegura que Madrid es la única comunidad autónoma que no ha pactado las 35 horas semanales, "un derecho que tenían los sanitarios antes de los recortes hace 12 años y que hoy en día no se ha restablecido". "El panorama es muy negro", lamenta. "Hablamos de un desmantelamiento del 112, de la atención hospitalaria, de la Atención Primaria e incluso de la investigación", dice.

Los sanitarios, al límite

Recientemente, este medio se ha hecho eco de la falta de personal sanitario, la saturación y las condiciones precarias en dos hospitales de la Comunidad de Madrid: el Hospital Universitario de Getafe y el Hospital Universitario de El Escorial.

Por un lado, en el hospital de Getafe, el personal denuncia las condiciones indignas que enfrentan los pacientes, quienes en algunos casos deben dormir en los pasillos, sobre colchonetas y sin almohadas. Además, señalan que el cierre de una planta de medicina interna ha generado una sobrecarga en el área de Urgencias, impactando negativamente en la calidad de atención y en la salud de los pacientes que acuden al centro. Finalmente, después de que Público publicara esta denuncia, una trabajadora del centro ha confirmado a este medio que se ha reabierto un pasillo de la unidad que permanecía cerrada.


Pacientes en los pasillos del Hospital Universitario de Getafe. — Cedida Pacientes en los pasillos del Hospital Universitario de Getafe. — Cedida 

Por otro, en el hospital de El Escorial, los sanitarios insisten en que el centro sigue operando con el mismo presupuesto que hace varios años, a pesar del aumento en la demanda de atención. Señalan que todos los sanitarios superan el límite de 48 horas semanales, sumando la jornada ordinaria y las horas extras, mientras que la plantilla, ya reducida al mínimo, retrasa los diagnósticos de enfermedades.

"La situación es límite", afirma Sergio Fernández, quien destaca que un claro indicador es la falta de profesionales jóvenes que permanecen en el sistema tras completar su formación. "La política de la Consejería de Sanidad es de autobombo, dicen que van a pagar más a los sanitarios y a los facultativos, pero todo es mentira", afirma. Por ejemplo, "en pediatría no se han cubierto todas las plazas en la Comunidad de Madrid", señala, subrayando la dificultad para retener a los Médicos Internos Residentes (MIR) al finalizar su residencia.  

Fernández informa a este medio sobre la situación en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón: "En verano estuvieron sin aire acondicionado, y recientemente estuvieron sin luz todo el fin de semana en el pabellón central". Además, recuerda los problemas recurrentes de inundaciones en algunos hospitales debido a condiciones climatológicas adversas.

"Es un problema estructural"

Isabel de Barrio, trabajadora de Urgencias extrahospitalarias en Navas del Rey, asegura a Público que desde la perspectiva de los profesionales, la gestión es un desastre. "La Comunidad de Madrid es muy hospitalocentrista, pero el dinero que debería estar yendo a la base del sistema, la Atención Primaria, no se está concentrando allí", señala. Además, destaca que "las zonas del sur de Madrid son las más desfavorecidas".

"No puedes tener a los sanitarios trabajando 2.000 horas al año", insiste. "En Atención Primaria firmaron acuerdos que se están cumpliendo en muy pocos centros. En los hospitales tampoco están al 100%", afirma. "Somos un dominó, y cuando se tumba una pieza, todo se cae", concluye. 

Saturación en una sala de Urgencias del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, a 11 de septiembre de 2024. — Cedida

Guillem del Barrio, portavoz del sindicato Trabajadores en Red La Paz, informa a este medio que los pasillos de Urgencias del Hospital Universitario La Paz "están a reventar". "La situación es alarmante y no se trata de un problema temporal, sino de un asunto estructural. La Atención Primaria de salud está en crisis, y actualmente los hospitales han asumido el rol de centros de salud comunitarios, debido al colapso de la Atención Primaria", señala. "No sé cómo aguanta el edificio si se han reventado los cimientos. Nos están torturando conjuntamente a pacientes y a sanitarios", manifiesta. 

Diana Ruiz, enfermera de quirófano en el Hospital Universitario 12 de Octubre y delegada del sindicato Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad Pública Madrileña (MATS), asegura en declaraciones a Público que llevan tiempo alertando sobre la saturación en los servicios, especialmente en el área de Urgencias. "En septiembre se volvió habitual que cuatro enfermeras atendieran a 60 pacientes, una carga que desborda nuestra capacidad y compromete la calidad asistencial", advierte.

Una política "destructiva" de desmantelamiento 

El panorama no es desolador únicamente para los sanitarios. El vicepresidente de la FADSP advierte que más de un millón de personas en la Comunidad de Madrid están actualmente en lista de espera para obtener un diagnóstico, acceder a una primera consulta externa o someterse a una intervención quirúrgica. "Para una primera cita de psicología clínica en adultos, la espera ronda los seis meses, y si se trata de una consulta con un traumatólogo o de rehabilitación, el tiempo de espera puede extenderse hasta un año", señala.

Lucía (nombre ficticio para proteger su identidad) relata a Público la experiencia de su abuelo, paciente oncológico, en el sistema madrileño de salud pública. Según explica, fue operado de cáncer de próstata en 2021, tras haber superado un cáncer de riñón en el pasado, el cual también requirió una intervención quirúrgica. Sin embargo, en el Hospital Universitario del Tajo, en Aranjuez, la cita para una tomografía de control, necesaria para localizar la nueva aparición del cáncer, fue programada a seis meses vista. "Mi abuela tuvo que acudir a atención al paciente, ya que las analíticas confirmaban la presencia de cáncer, solo hacía falta determinar su localización", explica.

Admite que, en esos momentos, el primer sentimiento que aparece es el miedo, especialmente por la incertidumbre sobre la posible agresividad del cáncer. Finalmente, su abuela logró que adelantaran la cita para el TAC, programándola solo unas semanas después, "pero tras presentar una reclamación y ejercer mucha presión", reconoce.

Lucía relata que ella misma ha enfrentado dificultades para acceder a atención médica. "Mi médico de cabecera tiene la agenda bloqueada para pedir cita a través de la aplicación del centro", explica. "Por teléfono, no me dan cita hasta dentro de 20 días, y recientemente, cuando enfermé y fui al médico, tuvo que atenderme otra doctora que está viendo pacientes fuera de su horario", comenta resignada. 

El vicepresidente de la FADSP afirma que todos estos testimonios reflejan un problema generalizado: plantillas insuficientes, un presupuesto totalmente inadecuado que está lejos de alcanzar la media de otras comunidades, y una gestión sanitaria que carece de un enfoque público. "En definitiva, una política destructiva de desmantelamiento de la sanidad", concluye.

domingo, 1 de diciembre de 2024

Hasta 138 menores en un centro con capacidad para 35: infrahumanas condiciones en el Madrid de Ayuso

 MADRID

  21/11/202

El centro de primera acogida de Hortaleza atraviesa momentos muy complicados de exceso de aforo

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La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la inauguración de Digitaliza Madrid. EP.


138 menores hacinados en un centro con capacidad para acoger a 35. Cinco turnos para comer y todas las habitaciones del edificio destinadas a poner camas o colchonetas, eliminando por completo los espacios comunes. Imposibilidad de utilizar los baños. Desplazamientos de 20 minutos andando para ir a aprender a leer. Son algunos de los problemas que relata a ElPlural.com Juan Calle, secretario general de la sección de menores de UGT, y que se han cebado de pleno con el centro de acogida de Hortaleza, uno de los centros de la Comunidad de Madrid, junto con el de Casa de Campo, que sirve también como infraestructura de primera acogida. Esta instalación es de gestión pública, y su situación se encuentra en la cuerda floja.

"Es una pasada lo que está ocurriendo allí. Es un centro pensado para 35 personas, y a unas malas, y como había mucha gente acudiendo, se aumentó administrativamente su capacidad de 35 a 72 plazas, pero sin cambiar absolutamente nada, sin poner más edificios ni aumentar los medios a su disposición", arranca Calle. "Había días que llegaban hasta 100 personas y esta semana se han llegado a registrar 138 personas", continúa.

"Esto ha supuesto que todo lo que eran las salas de uso común, para ocio y actividades, han ido desapareciendo. Todo se ha llenado de literas o ni siquiera de eso, sino de colchonetas en el suelo que es donde algunos están durmiendo. Había unas aulas de un colegio que pertenecía al centro para alfabetización básica que también han desaparecido y se ha llenado de camas y ahora los chavales van a la alfabetización a 20 minutos andando", enumera el secretario general de la sección de menores de UGT. 

Cinco turnos para comer y niños sin alfabetizar

"Además, a la alfabetización solo pueden ir 45 niños, por lo que quedan muchísimos fuera. Eso supone también que muchos de ellos no tienen actividades y que en la hora de la comida haya hasta cinco turnos. La cocina está preparada para 35 comensales, y a unas malas, los trabajadores y trabajadoras se multiplican y hacen comida para los 120 o 130 que haya en ese momento, pero tiene que haber cinco turnos", lamenta.

La misma situación afecta a los espacios de higiene del centro: "Las duchas y los servicios son los que había para un centro de 35 personas. Hay ocho duchas y ocho baños para más de 130 personas. Organizar las duchas o simplemente ir al baño es prácticamente imposible". "Además, lo que se supone que habría que hacer, un triaje educativo, de dónde vienen, cuál es su origen y destino y demás, todo ello es prácticamente imposible, porque el personal no da abasto. A lo máximo que llegan es a apagar fuegos, a poner un poco de orden y llevarlos de acá para allá evitando conflictos y llevarlos a la escuela a los que pueden ir", señala Calle.

"Además, se supone que el máximo de estancia es de tres meses al ser un centro de primera acogida, pero hay chicos que llevan ahí desde febrero al no tener dónde ir. Es un conglomerado de problemas que hacen que sea un agujero dentro de la red de acogida", denuncia también. 

"Los trabajadores también son víctimas del estado del centro"

Por otra parte, Calle también pone el foco en la situación laboral de los profesionales del centro, desbordados ante el enorme volumen de trabajo al que tienen que hacer frente: "Hay algunas asociaciones que intentan preocuparse por el interés de los chicos, pero terminan tirando piedras sobre el tejado de las personas que los ayudan, que son los trabajadores. Ellos denuncian que hay niños en situación de exclusión y que están por la calle, pero ellos están por la calle porque no tienen nada que hacer en el centro. Podrían estar ahí perfectamente, pero no tienen nada que hacer dentro, por eso prefieren estar en el parque o en cualquier otro sitio".

"La manera en la que estas asociaciones trabajan es protestando frente a los centros, cargando contra los trabajadores del mismo cuando ellos también son víctimas de esta situación y son ellos más que nadie, además de los propios chavales, los que viven el hacinamiento en sus propias carnes. Los medios no están adaptados para la situación actual. Además, muchos de los trabajadores están esperando a ser cesados porque se está resolviendo una estabilización de empleo de gente que lleva muchos años trabajando ahí", explica.

Al ser preguntado por el momento en el que esta situación empieza a intensificarse, Calle señala el último año y medio como fecha clave: "Del último año para acá esta siendo cuando más se ha ido a peor, sin ver esperanza en el futuro. Algunos trabajadores están con crisis de ansiedad, medicados, y causando un importante nivel de bajas. Me llegan testimonios completamente demoledores. El verano pasado empezó el declive: se han construido nuevos centros, pero es insuficiente ante el nivel de acogidas existente". 

Vox propone que los emigrantes menores de edad no puedan sentarse en las marquesinas

Por otra parte, Vox, en otro de sus episodios no puntuales de racismo y deshumanización de los niños migrantes, propondrá este jueves que no puedan sentarse en las paradas de autobús. Lo harán durante el pleno de la Junta de Distrito de Hortaleza, presentando una iniciativa "para que se tomen medidas inmediatas ante la ocupación inapropiada por menores no acompañados de los bancos de espera en las paradas de autobuses de la EMT aledañas al Centro de MENAS".

La formación de extrema derecha atribuye a los inmigrantes "un aumento de la inseguridad e intimidación entre los vecinos y usuarios del transporte público, sobre todo a niñas y personas mayores, así como un incremento de basura, bolsas y suciedad, que afecta a la imagen y al uso del espacio público en la zona". Así lo defienden en su propuesta, además de exigir una mayor presencia policial en los alrededores del centro.

Al respecto, Calle sostiene que "es una lástima ver cómo empieza la utilización y la vejación por parte de la extrema derecha". "Utilizan esta clase de argumentos para dar carnaza a sus seguidores y deshumaniza por completo a los chavales. El caso de las marquesinas es literalmente una estupidez, porque ni siquiera tienen razón, pero sirve de ejemplo para escenificar su modus operandi", sentencia.

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OTRA COSA:  Viaje a las granjas regenerativas, ¿de verdad funcionan?, de César-Javier Palacios

Un grupo de intelectuales se querella contra Juan Carlos I ante el Supremo por cinco delitos fiscales

25/11/2024   ANA MARÍA PASCUAL

Doce juristas, filósofos y periodistas ejercen la acción popular para llevar ante la Sala Segunda la argumentación de la Fiscalía con las que archivó sus investigaciones, en marzo de 2022, sobre las defraudaciones tributarias del rey emérito. La esencia de la querella es que Juan Carlos I no regularizó correctamente su situación fiscal al ser avisado previamente por el Ministerio Público de que incoaba diligencias, lo que evita la exoneración penal.



Un grupo de intelectuales, bajo la dirección letrada de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo; y Eduardo Ranz, abogado especializado en Memoria Histórica, han presentado una querella ante la Sala Segunda del Supremo contra el rey emérito, Juan Carlos de Borbón y Borbón, por la presunta comisión de cinco delitos agravados contra la Hacienda Pública.

La esencia de la querella, a la que ha tenido acceso Público, es que el rey emérito no regularizó correctamente su situación fiscal en 2020 y 2021, derivada de varias defraudaciones a la Hacienda Pública. Pese a ello, la Fiscalía dio por buenas dichas regularizaciones, por valor de cinco millones de euros, por considerarlas "espontáneas". 

Onda Cero




Pero no lo fueron, a criterio de los querellantes, porque estuvieron precedidas del aviso de la Fiscalía respecto a la apertura de diligencias de investigación por varios casos de donaciones opacascomisiones y ocultación de patrimonio en paraísos fiscales; según el artículo 305.4 del Código Penal, si hay aviso previo, las regularizaciones quedan automáticamente inhabilitadas para actuar como freno a un posible procedimiento penal.

Es decir, el aviso previo por parte del fiscal o del juez o la Agencia Tributaria invalida las regularizaciones voluntarias de los contribuyentes y de esa manera el procedimiento judicial para dirimir si ha existido un delito fiscal sigue su curso. 

En el caso del rey emérito, la Fiscalía del Tribunal Supremo, en un decreto demoledor firmado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Eduardo Luzón, el 2 de marzo de 2022, pese a reconocer posibles delitos como cohecho y blanqueo de capitales, archivó tres investigaciones contra Juan Carlos I en base, por un lado, a la prescripción de dichos delitos y a la inviolabilidad de la que gozó hasta su abdicación, en junio de 2014; y, por otro, a las regularizaciones fiscales que había efectuado el rey emérito por valor total de 5.074.295 euros, el 9 de diciembre de 2020 y los días 2, 3 y 18 de febrero de 2021. 

Estos son los querellantes

Los querellantes son: el filósofo y escritor Santiago Alba Rico; los magistrados eméritos del Supremo Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín; la periodista y traductora Pilar del RíoCarlos Jiménez Villarejo, jurista y exfiscal anticorrupción; el exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya José María Mena; el periodista Miguel Mora, director de CTXT; el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo; el periodista, filósofo y escritos Josep Ramoneda; los juristas y profesores de Derecho Constitucional Blanca Rodríguez Ruiz y Joaquín Urías; y el abogado Eduardo Ranz. 

Estas personas de ideología progresista, en el ejercicio de la acción popular, indican que les mueve "un interés general en que las conductas de inequívoca relevancia penal, como las que se desprenden del decreto de la Fiscalía del Tribunal Supremo [aludido más arriba] sean depuradas ante la Sala Segunda [competente para investigar a las personas aforadas como el rey emérito]". 

El colectivo de intelectuales añade que el único propósito que tiene es el de "potenciar el valor superior de la Justicia y la igualdad ante la ley".  

No hubo investigación judicial

La querella se basa en informes de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal Supremo, que refundieron las diligencias de investigación 17/2020 —sobre la posible comisión de 65 millones de euros recibida por Juan Carlos I por la adjudicación, en octubre de 2011, de las obras del AVE a la Meca a empresas españolas— con las 40/2020, que versaron sobre las transferencias ordenadas entre los años 2017 y 2018 por el empresario mexicano Allen de Jesús Sanginés Krause en favor de la cuenta de un coronel, presunto testaferro de Juan Carlos I, cantidades que fueron disfrutadas por él y alguno de sus nietos a través de 'tarjetas black'.  

También se apoya esta querella en el informe del fiscal Luzón por el que se archivaron las investigaciones, imposibilitando así la acción penal. 

En este sentido, hay que indicar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene pendiente pronunciarse sobre la demanda de Izquierda Unida (IU), Partido Comunista de España y la asociación Foro de Abogados y Abogadas de Izquierda, con el respaldo del entonces Grupo Confederal de Unidas Podemospor presunta vulneración de la tutela judicial efectiva por el archivo de su querella contra el rey emérito y sus presuntos testaferros.

Los delitos no están prescritos

Los delitos fiscales por las declaraciones tributarias del rey emérito de 2014 hasta 2018 no estarían prescritos, puesto que aún están dentro de los diez años de plazo antes de la prescripción, indican los querellantes. Respecto al ejercicio de 2014, tampoco lo estaría, puesto que "la comisión del delito se consuma en la fecha en la que finaliza la obligación de declarar, es decir el 1 de julio de 2015", por lo que la
prescripción se alcanzaría el próximo julio de 2025. 

La querella considera que los cinco son delitos agravados, puesto que en algunos de los ejercicios la cuota defraudada supera los 600.000 euros y en todos los casos se han utilizado personas físicas o jurídicas para ocultar las cuantías que se adeudan al fisco, según establece el artículo 305 bis del Código Penal.

Los querellantes piden a la Sala Segunda, que pronto dejará de estar presidida por el magistrado Manuel Marchena, que cite a Juan Carlos de Borbón en su domicilio actual en Abu Dabi o en la persona de su
representante legal, el abogado Javier Sánchez-Junco "para que el querellado preste declaración sobre los hechos contenidos en esta querella en la forma que la Sala estime pertinente". 

El fiscal notificó al abogado del rey 

Tras la incoación de las diligencias de investigación 17/2020 y 40/2020, la Fiscalía del Tribunal Supremo envió sendas notificaciones al abogado del rey emérito, y el letrado acusó recibo de las notificaciones. El fiscal confirmó que Juan Carlos I  "ha tenido puntual conocimiento de la incoación de las presentes diligencias", de cara a que pudiera personarse en las mismas y solicitar diligencias. Pero no lo hizo. 

En su lugar, tres meses después de haber recibido la primera notificación y un mes después de la segunda, la representación legal del rey emérito procedió a la regularización de las deudas tributarias. 

En la primera de las regularizaciones, abonó 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos, por las tarjetas black nutridas con fondos del multimillonario mexicano Sanginés Krausse. 

En la segunda regularización, por los gastos para viajes y la compra de activos financieros sufragados por la Fundación Zagatka, del príncipe de Orleans, pariente lejano de Juan Carlos de Borbón, se abonó 4.395.901,96 euros. 

Esas cantidades entregadas voluntariamente por el rey emérito sirvieron para evitarle una investigación penal. En el segundo de los casos, además Juan Carlos de Borbón reunió la cifra mediante "préstamos" de doce personas físicas y jurídicas, "debidamente documentadas".  

El argumento de la Fiscalía, rebatido

La Fiscalía defendió la validez de las regularizaciones del emérito argumentando que en sus previas notificaciones "no se detallaban pormenorizadamente los hechos que se imputaban".  Pero para los querellantes, esta afirmación resulta "incongruente" porque, indican, cuando el Ministerio Fiscal comunica a un investigado la apertura de unas diligencias de investigación, este nunca puede tener un conocimiento exhaustivo de los datos "porque se trata de una información de la que solo puede tener conocimiento la Agencia Tributaria una vez concluido el expediente sancionador".  

No obstante, aunque la querella intenta ser una varapalo sobre la acción de la Fiscalía del Tribunal Supremo por la investigación frustrada sobre el rey emérito y su patrimonio oculto, los querellantes afirman: "No queremos terminar este escrito sin reconocer la ingente tarea de la Fiscalía (Fiscalía Anticorrupción y Fiscalía del Tribunal Supremo), que ha sido capaz de completar, después de manejar un numeroso material documental, toda la actividad delictiva de D. Juan Carlos de Borbón y Borbón que ha sido exonerada, en la mayoría de los casos, por el manto de la inviolabilidad o la prescripción. Disentimos, como hemos expuesto, de la legalidad de la regularización fiscal". 

Los firmantes de la querella indican que no quieren pedir prisión para el rey emérito, dado lo avanzado de su edad, pero sí "la multa máxima que se le pueda imponer".