Jesús López-Medel 27/11/2024
El corporativismo, la fuerte ideología algo más que conservadora, el sistema de ascensos y el blanqueamiento de la extrema derecha conforman un ecosistema tóxico para el tercer poder del Estado
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Es difícil entender qué está sucediendo en el Poder Judicial, convertido en noticia permanente, con una imagen bastante deteriorada ya, tanto para ellos como para nuestra democracia. Es notable el empoderamiento que empuja a varios de sus miembros a colocarse por encima de los otros poderes, o incluso de la ley. Esto se ve con bastante nitidez en los casos en los que hay una carga política y que, desgraciadamente, acaparan el foco (a algunos les gusta), ocultando el buen trabajo que hacen gran parte de los jueces más profesionales y menos políticos. El gran protagonismo al que aspiran unos cuantos requiere tratar por separado una serie de factores propios del sistema (sí, el sistema), cuya combinación produce en esos empleados públicos, (sí, servidores públicos, aunque a ellos les guste más que se les consideren como poder) el resultado que estamos viendo.
1. En primer lugar, el arraigado sentido corporativo que hace que todos se sientan muy unidos y solidarios. Aunque cada juez o jueza ejerce poder jurisdiccional individualmente, todos ellos se sienten unidos por la toga, el escudo, las puñetas blancas en la bocamanga (los magistrados; los jueces han de esperar), el haber superado una misma y fuerte oposición de entrada, el compartir un carácter en cierto modo “sagrado” de su labor, etc.
Este elemento corporativo tan profundo los une a todos, al margen de que su ideología sea progresista o conservadora. Es cierto que cuando esa ideología es semejante provoca una unión aún más sólida, peligrosamente sólida. Joaquín Urías y Elisa Beni han publicado muchos análisis periodísticos comentando este aspecto.
2. El asociacionismo es, en segundo término, un factor muy relevante y no ha sido suficientemente expuesto ni tenido en cuenta a la hora de valorar cómo funcionan los jueces, especialmente en vías de recurso. Es entonces cuando el hecho de pertenecer a una misma asociación (ideología) les hace ser “solidarios”/“compañeros” con el juez que dicta una resolución que luego es impugnada. En su recurso acudirán al rescate del compañero desentendiéndose de si la resolución fue o no acertada. La Constitución prohíbe que los jueces y magistrados se integren en sindicatos y en partidos políticos. Sin embargo, como sucedáneo de estos, existen las asociaciones judiciales que ejercen ambos papeles y algo más. Se supone que son grupos dedicados a asuntos relativos a su profesión, pero son otras labores las que dan sentido a su existencia: son grupos de intereses unidos en argamasa por su ideología. Esta tiene una gran importancia, pues no solo tienen una concepción parecida de cómo entender el Derecho, sino que los miembros de cada asociación también piensan y votan lo mismo o muy semejante.
Aunque existen cuatro asociaciones, son dos las que cuentan. La APM (Asociación Profesional de la Magistratura), mayoritaria [en el año 2021, según la estadística judicial del CGPJ contaba con 1.341 asociados de un total de 5.668 jueces españoles], tiene una orientación de derechas y en ella anidan jueces no solo conservadores muy respetables, sino también de extrema derecha, pues en algunos casos la línea es delgada. En segundo lugar, Juezas y Jueces para la Democracia, muy inferior en número de afiliados [unos 450 aproximadamente], pero con gran presencia en el CGPJ, se sitúa en el ámbito de la izquierda o el llamado progresismo. El bipartidismo judicial lamina cualquier pretensión de que alguien que no pertenezca a alguna de estas dos asociaciones (sobre todo la primera), tenga buenas posibilidades de ascender a mejores puestos. Ambas asociaciones actúan como lobbies para promocionar a los suyos.
3. Los ascensos se vinculan a encontrarse muy integrado en “el sistema”, conservador, por supuesto. Muy vinculado al anterior factor se encuentra este que supone que solo llegan a puestos relevantes los que son fácilmente identificables con el statu quo, bien por ser conservadores o, a lo sumo, muy moderadamente progresistas. En el ámbito judicial, como se señalará, existe un predominio claro de una mentalidad conservadora. Lo expresó claramente, incluso con carácter general, Pedro González-Trevijano, el anterior presidente del Tribunal Constitucional: “Los juristas somos casi todos conservadores, porque el Derecho es una ciencia conservadora”. Si así se considera a los juristas, en el ámbito judicial es mucho más acentuado por las razones antes expuestas. El que no lo es y actúa de modo diferente, o está simplemente etiquetado o señalado por algún motivo, tiene más difícil, o casi imposible, ascender. Y no digamos aquellos que han intervenido con mucha independencia en procesos penales que afectaban a dirigentes de la derecha. A algunos los siguen persiguiendo como si hubieran quedado estigmatizados. El incidente en el que se vio envuelto el juez de Prada, cuando el CGPJ anterior se negó a darle amparo después de haber sido calumniado, es un buen ejemplo de ello.
4. La ideologización. No es reprobable, sino lógico, que los jueces, como cualquier otra persona, tengan sus propias ideas sobre la sociedad, sus valores o la política, y que puedan ser identificables u homologables con partidos a los que votan como ciudadanos que son. Como también pueden tener su corazoncito los árbitros de fútbol. El problema es que cada vez hay más jueces que se dejan llevar por su ideología y juzgan, sobre todo, por sus fobias. Algunos de ellos no tienen reparo en que se les note muchísimo que se sitúan en un extremo de la derecha y que maniobran con activismo. Así marcó camino impunemente el juez de instrucción García Castellón, recientemente jubilado y de lamentable recuerdo, y siguen otros que ahora andan muy activos en juzgados, audiencias provinciales (Madrid es un ejemplo), tribunales superiores (Madrid otra vez), Audiencia Nacional y un montón en el Tribunal Supremo.
Algún clásico decía que los jueces deben dejar su ideología en la mesilla de noche, pero no pueden ni quieren. La imparcialidad es un desiderátum. Ciertamente, como expresó en su discurso de ingreso en la Academia el magistrado de la Sala III, Pablo Lucas: “Los jueces son independientes en la medida en que quieren serlo”.
Pero no, en esta España disruptiva y llena de confrontación, hay magistrados que llevan varios años ejerciendo un activismo militante donde ponen por encima de todo, incluso de la ley, sus ideas e intereses y retuercen al máximo aquella. Un exlíder político les instó, incluso, a actuar y movilizarse, como también lo hizo a muchos otros colectivos profesionales. A esto se le llama invocación al golpismo, y para los jueces eso es corrupción.
En esa acción concurren muchos medios de comunicación, en gran parte nuevos, que subsisten gracias al dinero público y a los bulos que interesa generar, y también otros que dejaron de ser medios informativos para convertirse en panfletos. Generan mentiras y odio, y también protegen y hasta lanzan al estrellato y les dan masajes periodísticos a jueces de su cuerda, o descalifican con crueldad o machacan a los que no les gusta.
5. El blanqueamiento de fuerzas antidemocráticas. Lo que está sucediendo, no ahora, sino desde hace una década con la judicatura tiene su origen en lo que expliqué en otro artículo: siguen vivas ideas de la etapa política anterior, no solo en las Fuerzas Armadas, sino también en la judicatura heredera del franquismo, y en un sector nada despreciable del ámbito de lo público. Prueba de ello es la lamentable sentencia que emitió el Tribunal Constitucional, en 2021, en la que blanqueaba a Vox, dándole la razón en los recursos (fue el único grupo que lo hizo) sobre la cobertura jurídica en la pandemia.
Esa decisión es un correlato lógico al hecho de que, a nivel político, el PP haya blanqueado totalmente a Vox, gobernando con ellos en varios lugares y calificándolo, en varias ocasiones, de partido “constitucionalista”. Estremecedor. Feijóo ha blanqueado a Abascal y a Meloni. Estos y Von der Leyen se lanzan al autoritario Orbán, a Ayuso, a Milei y a quien haga falta.
Pues bien, eso mismo está ocurriendo en el ámbito judicial, en el que jueces conservadores, o antaño moderados, pero movidos por la fobia a quien es ahora presidente democrático del Gobierno, están siendo muy complacientes con los compañeros que se lanzan al ruedo del activismo político vestidos con toga. Es normal que si antes todos los ciudadanos de derechas votaban al PP y ahora tres millones se identifican con Vox, suceda lo mismo a nivel judicial, donde el caldo de cultivo ya existía y ha terminado desplazando a no pocos jueces aún más a la derecha.
6. Activismo judicial de entidades de extrema derecha e inicio de procesos penales sin base. En España existe algo sin parangón: un sistema de acción popular penal ilimitada donde cualquiera puede interponer una querella por casi cualquier causa (salvo asuntos personalísimos), aunque no tenga nada que ver el querellante. Esto se puede ver con facilidad, pues numerosos procesos con una clara finalidad política son promovidos por chiringuitos de extrema derecha que pululan por la permisividad de algunos jueces. Organizaciones ultras como “manos sucias, abogados blasfemos” y otras promueven procesos sobre unas bases inconsistentes, pero que han sido acogidos por jueces ultras.
Del caso del fiscal general trataremos en otro momento y de la insistencia esperpéntica del juez Peinado en intentar enjuiciar a Begoña Gómez a toda costa o por cualquier cosa que aún sigue buscando, respaldado por los otros miembros de su asociación (APM) y muy protegido por los recursos emitidos por los compañeros de la Sección en la Audiencia provincial que resolvieron. Estos tres, incluso han llegado a plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de Amnistía. Todo cuadra. ¿Esto es la Justicia?
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