Gerardo Tecé 3/12/2024
Si el uso de la Justicia para dañar la reputación de los rivales políticos ya no funciona, ¿no tocará usar la herramienta judicial para emitir no solo imputaciones sino condenas ‘fake’?
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Cuando la derecha española comprobó hace dos veranos en las urnas que su desfachatez pesaba aún más que las enormes ventajas de tener al árbitro comprado –medios de comunicación, empresarios y jueces–, ese busto viviente que es José María Aznar decidió mover la zona de mármol que dibuja su labio inferior para lanzar un enigmático mensaje –quien pueda hacer, que haga– que todos entendimos sin enigma alguno: el que pueda, que ponga zancadillas a la voluntad democrática. Siguiendo el consejo del hombrecillo, quien pudo hizo lo que buenamente pudo. Los medios, que poco más podían hacer porque llevaban ya años criminalizando a un gobierno democrático, siguieron haciéndolo; los empresarios siguieron recogiendo beneficios sin dejar de anunciar nuevos fines del mundo ante cada avance de los trabajadores; y los jueces, que recibieron las palabras de Aznar como una circular interna, decidieron destrozar definitivamente el prestigio y la credibilidad de su oficio a cambio de unos cuantos titulares de prensa que ya no provocaban el daño esperado. Un drama.
Feijóo, que poco puede hacer el hombre excepto tratar de evitar que Ayuso le mueva demasiado la silla, anda escandalizado estos días porque jamás en la historia de España un presidente del gobierno se vio salpicado por tantísimos casos de corrupción. Razón no le falta, como tampoco le faltaba al capitán Renault en Casablanca: qué escándalo, aquí se juega. La actividad judicial en torno a la familia de Pedro Sánchez es diaria, como años atrás lo fue en el entorno de Podemos –sin que Sánchez se quejase por ello. A la imputación de la esposa del presidente por no se sabe aún bien qué delito sumamos ahora la imputación de su hermano por tampoco sabemos bien qué. Según la denuncia del sindicato ultra Manos Limpias, abrazada con entusiasmo por un juez que está haciendo lo que puede, el tiparraco, supuestamente afincado en Badajoz, habría aumentado de manera sospechosa su capital, que ascendería a más de 2 millones de euros, mientras tributaba desde Portugal para evadir impuestos en España. Investigado el asunto por la Guardia Civil, nada. Nanai. Cerocerismo en Las Gaunas. Horror vacui. Lo de los dos millones de euros era un bulo y también que viviese –quién pudiera– en Portugal. Una realidad que, sin embargo, no ha impedido que el juez, ya que estaba, haya imputado al hermano del presidente y a ocho personas más movilizando a unidades de élite de la Guardia Civil en busca de alguna frase escrita en Gmail o Whatsapp que induzca a pensar que, a lo mejor, tal vez, quién sabe, el tipo consiguió el empleo de coordinador de actividades de los conservatorios de Badajoz –quién quiere una embajada en Washington habiendo conservatorios en Badajoz– gracias a que su hermano, por aquel entonces líder raso del PSOE, estaba a punto de ser expulsado del partido.
Que Pedro Sánchez está hasta el cuello de corrupción es un axioma que nadie discute en el universo de la derecha, ese espacio-tiempo paralelo al planeta Tierra en el que, sin embargo, nadie acierta a explicar en qué consiste tantísima corrupción. No hay familiares del presidente que hayan metido la mano en la caja, tampoco han evadido impuestos, ni tan siquiera cobrado comisiones ilegales. Ni legales. ¿Entonces? Entonces son unos corruptos porque nuestros jueces, independientes como ellos solos, los están imputando. Y chimpún. Un axioma que funciona en el universo de la derecha, pero no más allá de él, donde el uso y abuso partidista de la Justicia por parte de la derecha ya se ha cargado el juguete.
Controlar la Justicia con disimulo tenía sentido cuando era una institución con cierta credibilidad. Antiguamente, que imputasen a un político o a su entorno lo debilitaba enormemente porque la ciudadanía partía del hecho –qué tiempos aquellos– de que esa imputación respondía a hechos reales y no a un retorcimiento de la realidad y la ley en busca de titulares de prensa. En aquel entonces se podía jugar con los tiempos. Si controlabas la Justicia, podías imputar hechos reales justo antes de unas elecciones y aquello era letal. Hoy, cuando llega una nueva imputación surgida del “quien pueda hacer, que haga”, una parte enorme de la sociedad ya no mira al imputado sino al juez que imputa. Un presidente que, con todo su entorno imputado, mantiene el tipo electoralmente demuestra que gran parte de la población ya sabe en qué consisten unas imputaciones fake que no son nuevas en su uso, pero sí en sus objetivos: ya se dirigen contra instituciones tan altas como la presidencia del gobierno o la fiscalía.
Llegados a este punto, hay que hacerse una pregunta. Si el uso de la Justicia para dañar la reputación de los rivales políticos ya no funciona como debería, ¿no habrá llegado el momento de que la derecha use los tribunales bajo su control como fuerza bruta sin más? ¿No tocará, ya con las cartas sobre la mesa y el prestigio de los jueces destrozado, usar la herramienta judicial para emitir no imputaciones, sino condenas fake con las que inhabilitar a los rivales a los que ya no se daña mediante alocadas fases de instrucción que luego quedan en nada? En Brasil funcionó con Lula y en España se realizaron en el pasado pruebas piloto de condenas políticas fake emitidas con bastante éxito. Los habituales conejillos de indias con los que se podía experimentar sin que el votante del PSOE sintiese la democracia en riesgo –vascos, catalanes y colectivos marginados– demostraron que poder, se puede.
A la espera de nuevas frases enigmáticas de Aznar, la derecha judicial debe sentarse a establecer una hoja de ruta que en estos momentos no tiene. Debe la Justicia, esa que anda poniendo zancadillas sin disimulo y permitiendo prevaricaciones con descaro, decidir si está dispuesta a llegar hasta el final para recuperar el poder político que las urnas le han arrebatado. No es fácil. Emitir condenas en contra de los hechos demostrados expone al juez firmante a ser condenado en un futuro en el que las mayorías volviesen a cambiar. ¿No merece España, la buena, la suya, que corran ese riesgo? Aznar, que lanzará piedras y esconderá la mano, opinará que sí. Los jueces y tribunales, que deberían firmar esas condenas en contra de una realidad que podría volverse contra ellos, aún no tienen claro si atreverse a dar ese paso o si permitir que todo este trabajo de desprestigio contra sus rivales ideológicos finalmente se pierda como lágrimas en la lluvia. La ciudadanía sigue expectante, a ver hasta dónde son capaces de llegar.
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