CTXT. Declaración Universal de los Derechos Humanos, de Asamblea General de las Naciones Unidas

 

Asamblea General de las Naciones Unidas 10/12/2024

Eleanor Roosevelt, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en una conferencia de prensa tras la finalización de la Declaración de Derechos Humanos. / United Nations Photo

Declaración Universal de los Derechos Humanos

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Preámbulo

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;

Ahora, por tanto,

La Asamblea General,

Proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Artículo 11

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 14

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

AUTOR >

Asamblea General de las Naciones Unidas

OTRA COSA:  CTXT. Un brindis por España, de Gerardo Tecé  

CTXT. Luchemos por la universidad pública: la libertad y la igualdad están en juego. Por Luis Lloredo Alix

Luis Lloredo Alix 17/12/2024

 El jueves 19 habrá nueva concentración de las universidades públicas madrileñas para denunciar la aprobación de los presupuestos y frenar una ley pensada para dilapidar el sistema público

Estudiantes en la entrada de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. / Sergio Galcerá, CC BY-SA 4.0 

Luchemos por la universidad pública: la libertad y ...

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Empecemos con algunos datos. En la Comunidad de Madrid hay diecinueve universidades, seis públicas y trece privadas. Entre 1993 y 2006 se fundaron ocho privadas; entre 2019 y 2022 se crearon otras cuatro. La única universidad pública inaugurada en fecha más o menos reciente es la Rey Juan Carlos, que abrió sus puertas en 1996. Es decir, que desde mediados de los noventa han surgido doce universidades privadas y una pública en la Comunidad de Madrid. Si tenemos en cuenta que el Partido Popular lleva gobernando ininterrumpidamente desde 1995, no hace falta ser muy sagaz para constatar que estamos asistiendo a un proyecto sistemático de fomento de la universidad privada en detrimento de la pública. En su cruzada neoliberal-trumpista, Isabel Díaz Ayuso ha pisado el acelerador en esta tendencia, dando luz verde a la fundación de nuevos campus, pese a contar con reiterados informes técnicos negativos por parte del Ministerio, y no parece que tenga intención de parar: está previsto que la decimocuarta privada inicie su andadura a lo largo de 2025, aun habiendo recibido un nuevo informe en contra.

Es una dinámica que podemos ver en otros ámbitos. También la sanidad pública y la enseñanza primaria y secundaria se han visto golpeadas una y otra vez desde los noventa. La estrategia es siempre la misma: se infrafinancia de forma sostenida durante años, lo que produce degradación de las instalaciones, merma en la calidad del servicio y una precarización insostenible del personal, que se ve obligado a trabajar más y en peores condiciones. En muchas ocasiones, esto genera fatiga y descontento entre la ciudadanía; fatiga y descontento que los poderes mediáticos aprovechan para orquestar una campaña mediática dirigida a desacreditar lo público y a ensalzar lo privado. Y, sin embargo, las prestaciones del sistema privado no son mejores. Pongamos algunos ejemplos. Por un lado, se ha generado un sistema low-cost de clínicas privadas donde nos solemos encontrar las mismas listas de espera y un trato tan burocrático como el del sistema público de salud. Con tres diferencias: que la sanidad pública es gratuita, mientras que la sanidad privada es cara; que cuando tienes alguna enfermedad crónica, las aseguradoras privadas te rechazan porque no les resultas rentable; y que cuando te pasa algo realmente grave, te redirigen al sistema público. Es decir: es un modelo que únicamente existe para lucrarse a costa de nuestra salud. Puede decirse lo mismo de los institutos privados y concertados, donde los profesores cobran menos y trabajan más horas que los profesores de la enseñanza pública –el propio convenio colectivo lo permite– y donde, por consiguiente, la educación es de peor calidad, por muy lustrosos que se vean los uniformes y muy flamantes que parezcan las instalaciones. Es fácil de entender: un profesor peor pagado y más explotado siempre va a dedicar menos tiempo a corregir, a preparar las clases y a involucrarse con sus estudiantes.

Todo esto tiene una finalidad evidente: generar una brecha social cada vez más profunda, donde solo quienes tienen capital económico, social y cultural podrán acceder a buenos servicios. Si tienes dinero para pagarle a tus hijos una academia de inglés, o un refuerzo en matemáticas o lengua, o alcanzas a sufragar las tasas universitarias, que cada vez son más caras, tus hijos podrán acceder a una educación que después les colocará en buena posición para acceder a buenos puestos de trabajo. Si no, ajo y agua. Además, ese fomento descarado de escuelas y universidades privadas está contribuyendo a apuntalar una élite vigorosa y bien asentada en el tejido social, frecuentemente vinculada a grupos de presión conservadores –no solo religiosos–, que así disponen de una plataforma valiosísima para difundir la ideología reaccionaria que tanto nos preocupa en los últimos años. La aporofobia, el racismo, el revisionismo de la dictadura, la exaltación de la familia tradicional, el antifeminismo, la LTGBI-fobia o el negacionismo climático se extienden porque las élites que propugnan tales ideologías ocupan buena parte de los altavoces sociales y culturales que más influencia tienen: las instituciones educativas.

Por centrar el tema en la universidad, pensemos en lo siguiente: Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte por estudiante, pero al mismo tiempo es la región con las tasas más altas. En 2020, los precios públicos de las universidades madrileñas rondaban los 3.600 euros, frente a los 2.400 euros de Cataluña o los 1.200 euros de Andalucía o Baleares. En 2022, el precio medio de la primera matrícula de grado era de 17,32 €, mientras que en Madrid era de 23,37 € y en Galicia de 11,93 €. En cambio, la inversión por estudiante es la más baja de todo el país: en 2022, Madrid invirtió 6.005 € por estudiante, frente a los 10.068 € de La Rioja, los 9.955 € de País Vasco o los 9.775 € de Cantabria, en un contexto en el que la media nacional se situaba en 7.378 €. En síntesis, la Comunidad de Madrid tiene las tasas más elevadas y la inversión pública más reducida de todo el Estado. Es perfectamente coherente: ante la infrafinanciación sostenida, las universidades públicas suben el precio de las matrículas, porque es el principal instrumento que tienen para mantenerse a flote. Todo eso favorece una vez más al proyecto oligárquico de Isabel Díaz Ayuso: si quieres acceder a la universidad, necesitas proceder de clases más o menos acomodadas, porque ni siquiera la pública tiene un coste asequible para la gente con pocos recursos.

Ahora bien, no pensemos que este panorama se debe únicamente a las políticas del Partido Popular. También el PSOE es responsable de una ideología cómplice con los poderes económicos que, desde la implantación del Plan Bolonia, ha favorecido la conversión de la universidad en un centro de reclutamiento de profesionales para el mercado y en un bochornoso espacio de connivencia entre lo público y lo privado. Estamos tan obsesionados por la “empleabilidad”, la “rentabilidad”, la “tasa de retorno”, la “transferencia a las empresas”, la “productividad académica” y demás mantras de la universidad neoliberal, que se nos han olvidado las cosas importantes. Hay un emblema que mi hija reivindica y que alguna vez le ha llevado a organizar pequeñas manifestaciones caseras: “Que lo cursi sea guay”. Tiene toda la razón. Puede que suene cursi o romántico, pero el principal objetivo de la universidad debería ser desarrollar el conocimiento mediante la investigación y transmitir dicho conocimiento mediante la docencia. Así de simple y así de importante. De ello depende el avance científico y la formación de una ciudadanía crítica con el rumbo de nuestras sociedades. Sin embargo, parece que la universidad ha dejado de ser un centro de educación cívica y de cultivo del conocimiento, para pasar a convertirse en una escuela en la que “producimos” profesionales destinados a convertirse en engranajes del sistema, donde lo que importa son los grados de negocios, finanzas, comercio internacional, administración de empresas y similares.

En definitiva, hemos puesto al mercado al volante, cuando debería ser al revés. Si, por ejemplo, la ciencia y la investigación nos dicen que hemos traspasado seis de los nueve umbrales ecológicos dentro de los cuales es posible un planeta habitable, es el mercado quien debería adaptarse, replegándose y apostando decididamente por el decrecimiento. Pero no: contraviniendo la racionalidad y la sensatez más elementales, hemos decidido que sea el mercado quien dicte los derroteros que debe seguir la universidad. Insisto, ésta es una cultura que han difundido gobiernos de todos los signos políticos. Solamente echando un vistazo a los porcentajes del PIB que se destinan a la educación superior, podemos constatar que la universidad pública no ha sido una prioridad para nadie. En 2020, el gasto público de España en educación superior era de 14.361 dólares por alumno, mientras que el promedio de la OCDE era de 18.105 dólares, es decir, un 20% más que en nuestro país. Además, aunque el furor privatizador de la Comunidad de Madrid es particularmente notable, la tendencia hacia la privatización y la penetración de las empresas en la universidad es una tendencia generalizada en toda España, incluyendo la entrada de fondos de inversión en el “negocio” universitario. Todo esto ya sucedió hace décadas en Chile, convertido en laboratorio del neoliberalismo desde la época de Pinochet, y condujo a una degradación vergonzante del sistema universitario. Lo he visto con mis propios ojos: en la ciudad donde yo vivía, con una población de 300.000 habitantes, había un total de ocho universidades, dos de las cuales no tenían ni biblioteca. Si queremos evitar caer en semejante aberración, debemos frenar en seco esta oleada privatizadora.

Precisamente para eso, las universidades públicas madrileñas estamos constituyendo plataformas y convocando concentraciones en defensa del sistema público de educación superior. La Comunidad de Madrid ha planteado unos presupuestos irrisorios, que contemplan destinar 47 millones de euros para las seis instituciones públicas de la región, cuando los rectores demandaban un mínimo de 200 millones para poder hacer frente a las nóminas y el mantenimiento básico de edificios e instalaciones. Pese a que se ha conseguido amortiguar la primera propuesta de Isabel Díaz Ayuso, que preveía dotar a las universidades con 5 millones –¡195 millones menos de lo que se necesita!–, la situación sigue siendo crítica. Además, se está preparando una ley autonómica de universidades cuyos contenidos son preocupantes: un papel preponderante de las empresas privadas en la financiación de las universidades, medidas de represión frente a la protesta estudiantil, subordinación de las subvenciones al cumplimiento de objetivos docentes e investigadores… En definitiva, se quiere convertir a las universidades públicas en febriles productoras de réditos mercantiles y en agentes económicamente “competitivos”. El próximo jueves, día 19 de diciembre, nos concentraremos frente a la Asamblea de Madrid para denunciar la aprobación de los presupuestos, y seguiremos movilizándonos en 2025, con el objetivo de frenar una ley pensada para dilapidar los principios esenciales del sistema público.

Me gustaría terminar con un llamamiento a la comunidad universitaria. La lucha por una universidad pública y de calidad es una lucha política. No creo que existan las cosas apolíticas o libres de ideología, porque todo lo que hacemos son gestos políticos, lo queramos o no, seamos conscientes o no. Sin embargo, político no es lo mismo que partidista. Nuestras reivindicaciones no se alinean con el ideario de ningún partido. Evidentemente, en toda movilización tenemos que ponernos de acuerdo con personas que pertenecen a colectivos y que tienen ideologías distintas de la nuestra. Pero es fundamental que caminemos juntos en la reivindicación de una financiación digna y adecuada para las necesidades del servicio que prestamos: necesitamos laboratorios bien equipados, bibliotecas abastecidas, edificios donde la calefacción funcione, instalaciones donde los techos no se caigan. Además, la defensa de una universidad independiente de servidumbres al mercado, bien dotada en términos financieros, orientada a cultivar la ciencia y la investigación, libre de presiones políticas o económicas, equivale a defender un bien común que a todos nos atañe. En definitiva, equivale a reclamar la libertad científica y la igualdad en el acceso al conocimiento. O sea: proteger la universidad pública es tanto como proteger la libertad. Pero no solo la libertad de algunos, sino la libertad de todos.

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Luis Lloredo Alix es profesor de Filosofía del Derecho de la UAM.

CTXT. Gaza: la vida en una trampa mortal. Por Médicos Sin Fronteras

 Médicos Sin Fronteras 21/12/2024

El exterminio israelí ha matado al menos a 44.000 palestinos y palestinas, herido a más de 105.000 y desplazado a 1,9 millones de personas, el 90% de la población

Una calle de Gaza destrozada por los ataques israelís. / Médicos Sin Fronteras

Gaza: la vida en una trampa mortal

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La guerra de Israel contra Gaza ha matado hasta ahora a más de 44.000 palestinos, herido a más de 105.000 y desplazado a aproximadamente 1,9 millones de personas, el 90% de la población, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. En respuesta a los terribles ataques perpetrados por Hamás y otros grupos armados el 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, las fuerzas israelíes están aplastando a toda una población bajo las bombas y los escombros.

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha sido testigo de 14 meses de repetidos ataques contra civiles, del desmantelamiento de infraestructuras civiles esenciales, incluidas instalaciones sanitarias, y de la denegación sistemática de asistencia humanitaria, lo que parece apuntalar la campaña de Israel para deshacer el tejido social de Gaza. En los 12 primeros meses de hostilidades, el propio personal de MSF ha sufrido 41 ataques e incidentes violentos, incluidos ataques aéreos, bombardeos e incursiones violentas en instalaciones sanitarias, fuego directo contra sus refugios y convoyes y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas israelíes. Ocho colegas de MSF y muchos de sus familiares han muerto, y muchos más han resultado heridos. Tanto el personal médico como los pacientes se han visto obligados a evacuar urgentemente las instalaciones sanitarias en 17 ocasiones distintas, a menudo corriendo literalmente por sus vidas. MSF sólo ha podido reanudar las actividades en tres instalaciones.

A lo largo de la ofensiva, las fuerzas israelíes han bloqueado la entrada en la Franja de artículos esenciales como alimentos, agua y suministros médicos. Han denegado, retrasado o instrumentalizado la ayuda humanitaria, permitiendo la entrada en Gaza de cantidades insignificantes de ayuda con total desprecio por las necesidades reales y el nivel de sufrimiento de la población. El último hospital oncológico que quedaba en Gaza tuvo que cerrar al quedarse sin combustible el 1 de noviembre de 2023. Los equipos de MSF tuvieron que realizar intervenciones quirúrgicas sin anestesia suficiente. Las consecuencias de estos impedimentos se hacen aún más perjudiciales debido a la singularidad de una guerra que se libra en una zona asediada de la que nadie puede escapar.

La violencia desatada por las fuerzas israelíes ha causado daños físicos y psíquicos a una escala que desbordaría cualquier sistema sanitario en funcionamiento, por no hablar de uno ya diezmado por una ofensiva aplastante y un bloqueo que dura ya 17 años. Desde mediados de octubre, sólo 17 de los 36 hospitales de Gaza funcionan parcialmente, aunque los incesantes combates a menudo los ponen fuera del alcance de quienes los necesitan. Los otros 19 hospitales están fuera de servicio. Las autoridades israelíes dificultan enormemente la búsqueda de asistencia fuera de la Franja. Entre el cierre del paso fronterizo de Rafah, a principios de mayo de 2024, y septiembre de 2024, sólo se autorizó la evacuación de 229 pacientes, lo que equivale al 1,6% de quienes lo necesitaban en ese momento.

El desplazamiento forzoso ha empujado a las personas a unas condiciones de vida insoportables: se hacinan en tiendas de campaña improvisadas hechas con retales y sufren privación de agua y alimentos. Las principales morbilidades observadas por los equipos de MSF que apoyan la atención primaria, como enfermedades de la piel, infecciones de las vías respiratorias superiores y diarrea, son indicativas de las pésimas condiciones higiénicas. Los planes de vacunación se han interrumpido y el riesgo de brotes es real. La situación no ha hecho más que empeorar con la llegada del invierno.

Incluso si la ofensiva terminara hoy, su impacto a largo plazo no tendría precedentes, dada la magnitud de la destrucción y los retos únicos que plantea la organización de la asistencia sanitaria en Gaza. Hay que reconstruir toda una sociedad y, al mismo tiempo, hacer frente a un asombroso número de heridos de guerra que pueden necesitar años de rehabilitación y correr el riesgo de infecciones, amputaciones y discapacidad permanente. Los traumas mentales causados por la violencia, la pérdida de familiares y hogares, las penosas condiciones de vida y los repetidos desplazamientos, representan un problema masivo y urgente, que abarcará generaciones.

El impacto medioambiental de la guerra agravará aún más los riesgos sanitarios a largo plazo. Según The Lancet, el número de muertes excesivas debidas a la guerra, incluidas las debidas al colapso de la asistencia sanitaria, la desnutrición y los brotes de enfermedades, puede estimarse, de forma conservadora, en 186.000 (incluidas 148.000 muertes indirectas). Luchando por sobrevivir, atrapados en una zona de guerra sin espacio seguro ni salida a la vista, los habitantes de Gaza viven en una trampa mortal.

En el norte de la Franja en particular, la reciente ofensiva militar es una clara ilustración de la brutal guerra que las fuerzas israelíes están librando en Gaza, y estamos siendo testigos de claros signos de limpieza étnica a medida que la vida palestina es arrasada de la zona. Nuestras observaciones de primera mano de la catástrofe médica y humanitaria infligida a Gaza coinciden con las descripciones proporcionadas por un número cada vez mayor de expertos jurídicos y organizaciones que concluyen que en Gaza se está produciendo un genocidio. Aunque no tenemos autoridad legal para establecer la intencionalidad, los signos de limpieza étnica y la devastación en curso –incluidos los asesinatos en masa, las graves lesiones físicas y mentales, los desplazamientos forzosos y las condiciones de vida imposibles para los palestinos bajo el asedio y los bombardeos– son innegables.

Los ataques contra civiles, el desmantelamiento del sistema sanitario, la privación de alimentos, agua y suministros son una forma de castigo colectivo infligido por las autoridades israelíes a la población de Gaza. Esto debe terminar ya.

- Debe aplicarse un alto el fuego inmediato y duradero. Debe cesar la destrucción total de la vida palestina en Gaza y de todas las cosas que conforman el tejido mismo de la sociedad.

- Debe cesar el vergonzoso y extremo racionamiento de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Israel debe poner fin a su asedio a Gaza y abrir las fronteras terrestres críticas, incluido el paso fronterizo de Rafah, para garantizar el suministro de ayuda humanitaria y médica a gran escala. Israel debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar que la ayuda que se necesita urgentemente llega a quienes la necesitan, lo que incluye poner fin a las acciones que merman la capacidad de hacer cumplir la ley en la Franja de Gaza.

- Israel debe revocar su reciente ley que prohíbe la UNRWA y garantizar que la agencia pueda continuar con su papel vital de apoyo a la población. Deben reconstruirse y ampliarse las capacidades locales restantes en Gaza.

- Debe ponerse fin al desplazamiento forzoso. Debe permitirse a la población de Gaza desplazarse libremente, incluso regresar a sus lugares de origen, y restablecer sus capacidades de subsistencia. Las autoridades israelíes deben facilitar la evacuación de quienes necesiten atención especializada o de quienes busquen refugio fuera de Gaza para marcharse, garantizando al mismo tiempo su derecho a un retorno seguro, voluntario y digno.

- En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel que aplicara medidas provisionales para impedir actos genocidas en Gaza. A pesar de ello, no se ha adoptado ninguna medida al respecto. Las observaciones de primera mano de MSF coinciden con las de un número cada vez mayor de expertos jurídicos y organizaciones, que concluyen que en Gaza se están produciendo actos de limpieza étnica y genocidio. MSF pide a los Estados, en particular a los aliados más cercanos de Israel, que pongan fin a su apoyo incondicional a Israel y cumplan con su obligación de prevenir el genocidio en Gaza. Los Estados deben aprovechar su influencia para aliviar el sufrimiento de la población y permitir un aumento masivo de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

- MSF renueva su llamamiento para que se lleve a cabo una investigación independiente que determine los hechos y las responsabilidades detrás de los repetidos ataques contra los equipos e instalaciones de MSF, en los que murieron ocho compañeros de MSF y muchos de sus familiares. Este llamamiento se extiende también a la investigación de otros ataques contra trabajadores humanitarios y personal médico.

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Resumen ejecutivo del informe Gaza: la vida en una trampa mortal, publicado por Médicos Sin Fronteras, que puede leerse aquí.

CTXT. Defender los Derechos Humanos como estrategia de futuro, de José Sánchez Sánchez / Irene Águila Rodríguez

 José Sánchez Sánchez / Irene Águila Rodríguez 10/12/2024

Si dejamos de aplicar derechos (como el de asilo) a determinados grupos de seres humanos, estamos preparando el terreno para posteriores violaciones de las que nadie quedará exento

Eleanor Roosevelt sostiene una copia de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1949. / FDR Presidential Library & Museum

Defender los Derechos Humanos como estrategia de futuro

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De un tiempo a esta parte, parece inevitable no hablar del ascenso de la extrema derecha y de la perplejidad e inquietud que nos genera el hecho de que haya tanta gente de toda condición que les apoya. Esta deriva política nos preocupa, entre otras razones, porque pueda poner en peligro los Derechos Humanos como la gran palanca que ha hecho avanzar a nuestras sociedades. Desde la Declaración Universal en 1948, hemos asistido a una revolución de los derechos humanos que se ha plasmado tanto en instrumentos jurídicos a nivel internacional (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención de Ginebra, …) como también porque muchos Estados los han integrado en sus sistemas jurídicos. 

Sin embargo, debido a la deriva autoritaria que se va abriendo camino en nuestras sociedades, consideramos importante reflexionar sobre dos riesgos que constituyen el debilitamiento de los Derechos Humanos como punto de partida:

El primero tiene que ver con el marco común que crearon los Derechos Humanos, configurando algo similar a una moral universal y por tanto como espacio para denunciar cualquier tipo de violación ejercida sobre las personas en cualquier lugar del mundo. En este sentido, son la base de la idea de una humanidad compartida. Por primera vez, tras la Segunda Guerra Mundial, a los individuos (independientemente de su raza, religión, género…) se les garantizaron unos derechos que podían oponerse a las leyes estatales injustas u otros usos opresivos que pudieran estar sufriendo. 

En la actualidad, esto se está rompiendo. Porque, al ya tradicional cuestionamiento de los Derechos Humanos como algo exclusivamente occidental por parte de los llamados defensores de los “valores asiáticos” que cuestionan la universalidad de los mismos, se unen ahora también a este ataque sectores políticos desde occidente que defienden posiciones iliberales. Desde 1948, los Derechos Humanos han sido un límite a las dinámicas de exclusión que acompañan a los Estados nación; ahora, sin embargo, existe una tensión entre estos y los nacionalismos. 

Un fenómeno que se está potenciando por la polarización política y por el surgimiento de múltiples burbujas autorreferenciales que hacen imposible el entendimiento en nuestras sociedades. Resulta paradójico que una época globalizada vaya acompañada de una especie de multiculturalismo duro, pero no basado tanto en diferencias étnicas o culturales, sino en mundos paralelos. Los Derechos Humanos parecen incompatibles con este escenario.

El segundo riesgo sobre el que nos gustaría detenernos está relacionado con la mirada que se está imponiendo sobre las personas migrantes. Si actualmente hay algún sujeto al que no se respetan sus derechos, su dignidad, son las personas migrantes, especialmente aquellas que están en situación de irregularidad y ocupan los sectores más precarizados y vulnerables de nuestras sociedades. Y si hay un espacio físico en el que no se respetan los Derechos Humanos son las fronteras. 

Las personas indocumentadas presionan a favor de un derecho a la movilidad y al derecho a tener derechos (que tan importante ha sido para los derechos humanos). Aunque el derecho a migrar sólo está reconocido para salir de tu país (derecho a emigrar) y no para entrar en otro (derecho a inmigrar). Sin embargo, sí existe este derecho cuando están en juego los derechos humanos. Es la base sobre la que reposa el derecho de asilo. Esto es lo que está en peligro con el reciente Pacto Europeo de Migración y Asilo y otras posturas políticas comunitarias, como el respaldo de Ursula von der Leyen a la expulsión a terceros países de demandantes de asilo.

¿Por qué el rechazo de las personas migrantes es un elemento común a toda la extrema derecha?

El miedo inducido al inmigrante se expresa de muchas maneras. La idea de invasión, de reemplazo, entre otras, forman parte del imaginario de sectores amplios de la sociedad. Las personas migrantes son un foco sobre el que se proyecta el malestar de la vulnerabilidad social (causado en gran medida por la debilidad del Estado de bienestar) y son la válvula de escape de la ansiedad por la incertidumbre ante el futuro que atraviesa actualmente a gran parte de la sociedad. En este contexto, agitar el miedo “al otro” es un recurso fácil que suele funcionar, porque conecta con ciertas reacciones primarias, instintivas, que forman parte de nuestro carácter evolutivo, atavismos, y que nos predisponen a ello, ligados a la adaptación y la necesidad de supervivencia que nos lleva a procurar nuestro interés y el del grupo al que pertenecemos frente “al otro”. Son los huecos que dejan estos miedos y malestares por donde entra la extrema derecha, que ha sabido catapultarlos hasta convertirlos en hegemónicos. 

Si el miedo es el vínculo de la comunidad (el nuevo contrato), la acogida es imposible. Las personas migrantes son como una especie de virus frente al cual hay que inmunizarse. La protección frente al contagio cierra el “nosotros”. Así, la frontera se vuelve el dique inmunitario indispensable. Por ello, los muros/fronteras no se construyen contra otros Estados o ejércitos invasores sino contra agentes transnacionales no estatales: especialmente los migrantes. De ahí, la importancia simbólica que los Estados conceden al control de las mismas.

Los Derechos Humanos han sido el gran avance para erradicar y no admitir situaciones de esclavitud, racismo u otras basadas en la jerarquía de los seres humanos. Por eso, si dejamos de aplicarlos a determinados grupos de seres humanos estamos abriendo la puerta a quebrar el principio de igualdad, de universalidad de los derechos y de igual dignidad de las personas y preparando el terreno para posteriores violaciones de las que nadie quedará exento. Por ello, como afirma Donatella Di Cesare, el inmigrante, paradójicamente, es la oportunidad de abrir la comunidad, de salvarnos, de deshacer la inmunidad. 

En el actual contexto, se pone mucho el acento en las aportaciones que los inmigrantes hacen a la economía, a rejuvenecer nuestras sociedades… pero apenas se resalta que también contribuyen a mejorar nuestras sociedades y la calidad de la democracia. La integración de las personas migrantes nos plantea retos que, bien resueltos, nos hacen avanzar, ser más tolerantes, aceptar mejor la pluralidad, ser una sociedad más abierta, más inclusiva. En definitiva, ampliar el “nosotros” extendiendo el círculo social, reduciendo la exclusión y ganando en igualdad y derechos. Los debates sobre una ciudadanía basada en la residencia o el voto en las elecciones municipales, son un ejemplo de ello. 

La ciudadanía es un concepto que ha ido evolucionando, y en las últimas décadas lo ha hecho a mejor bajo el influjo tanto de la UE como de la inmigración. La influencia de la UE, por una parte, con sus normas supranacionales basadas en los Derechos Humanos, han obligado a los Estados a respetar los derechos de los individuos tanto nacionales (ejemplo de los desahucios, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea  ha dictaminado varias sentencias que daban un varapalo a la legislación hipotecaria española) como de las personas migrantes (Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares), limitando las prerrogativas de los Estados cuando están en juego derechos fundamentales. 

Por otra parte, la influencia de la inmigración confirma una cierta continuidad histórica y es que la extensión de la ciudadanía se debe en parte a las exigencias de las poblaciones excluidas, antes obreros y mujeres, y ahora el reto lo plantean las personas migrantes. Así, la creciente tolerancia hacia la doble nacionalidad, de cada vez más países, bien puede entenderse como parte de una ampliación de derechos para la ciudadanía y para las personas extranjeras naturalizadas. Por ello, es importante afirmar que el avance en los derechos de las personas migrantes nos hace avanzar en derechos a todos y a todas. 

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José Sánchez Sánchez e Irene Águila Rodríguez son miembros del Área Andaluza de Migraciones. Acción en Red Andalucía. 

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