Un blog que nace ante el intento por parte de algunos medios de desprestigiar el movimiento 15M ubicándolo en el marco anarcoperroflauta exclusivamente, ignorando a los miles de ciudadanos que toman las calles pidiendo libertad y justicia
El sindicato denuncia la desatención histórica al Bierzo en materia forestal y exige responsabilidades por la pérdida de patrimonio, empleo y medio de vida tras los incendios
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha denunciado públicamente la falta de inversión en prevención de incendios forestales como causa principal del desastre ecológico que ha arrasado Las Médulas. El sindicato se declara “consternado” no solo por la pérdida ambiental, sino también por la “destrucción de un símbolo identitario, turístico y económico de la comarca”. “Las Médulas no solo son monte: son Patrimonio de la Humanidad, una fuente de empleo y un emblema de nuestra tierra.
CGT apunta directamente a las administraciones públicas por no haber ejecutado políticas de prevención efectivas a lo largo de los años. Critican que el “compromiso con el territorio” no puede limitarse a “hacerse la foto cuando toca”, sino que debería reflejarse en un trabajo constante durante todo el año en mantenimiento forestal, limpieza de montes y refuerzo de los medios de extinción.
Desde el sindicato señalan además la falta de personal en las brigadas contra incendios, la ausencia de mantenimiento de cortafuegos y la inexistencia de planes de limpieza forestal como factores que han agravado la situación. “Lo que ha fallado no ha sido la respuesta del operativo, sino la política de prevención, que brilla por su ausencia”, remarcan.
El incendio de Las Médulas, añaden, no ha sido un hecho aislado. Hasta ocho focos se han declarado en la comarca en apenas unos días, lo que ha obligado a repartir unos recursos ya escasos y ha dificultado la lucha contra las llamas.
Además del patrimonio natural, CGT denuncia que hay “cientos de familias afectadas”, muchas de las cuales han perdido sus viviendas, sus puestos de trabajo o sus medios de vida.
El sindicato exige “responsabilidades políticas claras” por lo sucedido y un plan urgente de inversiones en el Bierzo para evitar que tragedias como esta se repitan cada verano.
La Xunta, condenada porque su jefa de Patrimonio y alcaldesa del PP no motivó una resolución de transparencia sobre la bodega familiar del conselleiro de Empleo
La bodega lleva una década beneficiándose de un salón para banquetes “ilegalizable”
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de anular una resolución del departamento de Patrimonio de la Xunta firmada por una alto cargo del PPdeG, Sandra Quintas Vázquez, número 2 del partido en Ourense y alcaldesa de Bande, por su “carencia absoluta de motivación”. La actuación irregular de la popular, en el marco de una petición oficial de transparencia formulada por Praza.gal, permite a Casal de Armán, empresa de la familia del conselleiro de Empleo, José González Vázquez, mantener oculto el expediente que Patrimonio tiene abierto contra ella por un salón de eventos que explota desde 2015 en Ribadavia, junto a una antigua casa rectoral protegida. Una estructura que la propia Xunta considera “ilegalizable”, como también avaló el TSXG.
Desde 2015 Casal de Armán, bodega y casa de turismo rural de la familia de José González Vázquez, actualmente conselleiro de Empleo y antes de Medio Rural, viene explotando un salón de eventos ilegal e ilegalizable junto a la antigua casa rectoral de Santo André de Campo Redondo, en Ribadavia, un edificio protegido por Patrimonio en el que la Xunta abrió en 2019 el Museo del Vino de Galicia, lo que atrajo visitantes a la zona.
A los pocos meses de levantar la estructura del salón de banquetes, Patrimonio de la Xunta acordó demolerla, pero desde entonces diversos recursos de la empresa y la lentitud de la Consellería de Cultura en responder a ellos vienen demorando esa restitución de la legalidad, lo que permite que la empresa siga explotando comercialmente la edificación ilegal. Praza.gal lleva años informando de diversas derivadas del caso y en 2020 tuvo acceso, tras una petición de transparencia obstaculizada por la Xunta, al expediente de reposición de la legalidad abierto por Patrimonio y avalado después por la justicia.
En aquel acceso a la documentación de 2020 la Xunta no facilitó el expediente sancionador paralelo que debería haber abierto con multas periódicas mientras no se lograse la reposición de la legalidad. Añadido a ello el hecho de que tres años después la edificación seguía en pie, este diario formuló en septiembre de 2023, hace casi dos años, una nueva petición de transparencia para acceder tanto al expediente de reposición de la legalidad ya consultado antes para así poder comprobar su evolución, como al expediente sancionador.
La Xunta, tras un silencio inicial que tuvo que ser corregido por la Valedora do Pobo como responsable de la Comisión de Transparencia de Galicia, consultó la petición formulada por Praza.gal con la empresa afectada, como contempla la Ley de Transparencia, y esta presentó alegaciones en contra de la divulgación de los expedientes.
Recursos de la empresa y la lentitud y errores de la Consellería de Cultura en responder a ellos vienen demorando la demolición ratificada por la justicia de la estructura ilegal de Casal de Armán, proceso que ahora la Xunta contribuye a mantener oculto con un nuevo error.
Tras esas alegaciones, la Xunta decidió dar acceso a este diario a los expedientes, pero lo hizo en una resolución en la que no respondió a las objeciones formuladas por la empresa, limitándose a descartarlas sin hacer explícita ninguna motivación. Así que la empresa recurrió en marzo del pasado año esa resolución ante el TSXG y este acaba de darle ahora la razón: “Nos encontramos ante una carencia absoluta de motivación de la resolución combatida, pues es palmaria la ausencia total de respuesta a las alegaciones y concretos motivos de oposición a la solicitud de acceso”, señala el tribunal, que evidencia que el cuerpo de la resolución “se limita a referir, respecto [de las alegaciones], que ‘una vez examinadas las alegaciones, resuelvo’, sin señalar siquiera los motivos de oposición”.
Así, anulada ahora por la Justicia la resolución con la que la Xunta dio acceso a Praza.gal a los expedientes, el resultado paradójico es que el proceso de transparencia debe reiniciarse, lo que ya ha instado oficialmente este diario, pero acumulando un retraso de al menos año y medio.
Alcaldesa de Bande desde 2020, Sandra Quintas, a quien el TSXG deja en evidencia, fue nombrada directora de Patrimonio en Ourense y unas semanas después secretaria general del PP provincial.
La resolución no motivada de la Xunta anulada por el TSXG que deriva en este obstáculo a la transparencia fue firmada en diciembre de 2023 por Sandra Quintas Vázquez, entonces como jefa del Servicio de Coordinación Cultural de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta. Sandra Quintas es también alcaldesa de Bande desde 2020, en junio del pasado año fue nombrada por la Xunta directora territorial de la Consellería de Cultura en Ourense y tres semanas después era elegida secretaria general del PP en Ourense.
Su resolución, además, contenía otro error que facilitó más motivos de alegación por parte de la empresa. Aunque Praza.gal solicitó el acceso a los expedientes sancionador y de reposición de la legalidad, Quintas autorizó el acceso al “expediente relativo al proyecto de desmontaje de edificación existente”.
Por otra parte, la sentencia ahora emitida por el TSXG que invalida la actuación de Quintas revela, al reproducir argumentos esgrimidos por la Xunta en el proceso, que Casal de Armán mantiene todavía dos pleitos judiciales abiertos por su estructura ilegalizable, con “el Concello de Ribadavia, en el recurso que pende ante el Juzgado número 1 de Ourense, y esta Consellería [de Cultura]” ante la misma sala y sección del tribunal que resolvió este caso.
Casal de Armán, impulsada por el ya fallecido padre del conselleiro de Empleo,se define como “empresa familiar” y está repartida entre dos sociedades, Casal de Armán SL, responsable del salón de eventos ilegal, y Bodegas Casal de Armán SL. De esta última fue socio José González Vázquez “por herencia” con sus hermanos hasta 2018, año en que se deshizo de su participación al ser nombrado miembro del Gobierno gallego.
En 2019 Casal de Armán comenzó a tramitar un plan urbanístico para ampliar sus instalaciones y, entre otras cuestiones, construir un “nuevo restaurante de eventos” que sustituiría a la edificación ilegal actual.
José González Vázquez, ministro de Empleo y anteriormente ministro de Medio Rural, recorriendo un viñedo en Ribadavia en una imagen de archivo de 2019. Xunta de Galicia
Con González Vázquez aún como socio, Bodegas Casal de Armán SL incumplió, según una sentencia del TSXG revelada por Praza.gal,una subvención de Medio Rural de 47.000 euros porque tenía “licencia de cosechero” y no para la “producción industrial” que realmente realizaba y porque no justificó correctamente los gastos a los que iba destinada la ayuda.
De forma paralela a su infructuosa lucha judicial para intentar mantener el salón de eventos ilegal, Casal de Armán puso en marcha un plan urbanístico para poder ampliar sus instalaciones con nuevas edificaciones dedicadas al enoturismo, espacios que pasarían a suplir los servicios que ahora se prestan en la edificación a demoler. La evaluación ambiental de ese plan urbanístico finalizó en 2020, pero la Xunta no lo publicó en el Diario Oficial de Galicia hasta noviembre de 2023, lo que facilitó a la empresa más margen temporal para que salga adelante la obra antes de que caduque el permiso.
Cuando la Iglesia católica se apropió de la Mezquita de Córdoba, engordó su lista de negocios lucrativos. Inmatriculada por la ridícula cantidad de 30 euros, el monumento ronda los 2,2 millones de visitas anuales con un precio de entrada general de 13 euros. Las conclusiones preliminares sobre las causas del incendio sufrido esta semana ponen en entredicho la gestión de la Iglesia, que se mueve entre la imprudencia y la negligencia.
Utilizar una capilla de esta pieza clave del patrimonio universal como almacén de equipos de limpieza a todas luces no sugiere una correcta gestión del monumento. Según las primeras investigaciones, el cortocircuito de una barredora eléctrica habría producido el incendio… una barredora que jamás debió estar allí. De hecho, desde 2020 el propio plan director de la Mezquita-Catedral de Córdoba ya contemplaba sacar este almacenaje del monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984, algo, por cierto, de lo que tenía constancia la Junta de Andalucía.
Cinco años después, la barredora seguía guardada allí, evidenciando la desidia tanto de la Iglesia como del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, cuyas inspecciones —si es que las ha habido— parecen haber concedido el beneplácito a esta práctica negligente. No existe explicación alguna que pueda justificar este uso impropio de las instalaciones del monumento. Incluso desde el punto de vista religioso, reducir una capilla a sala de almacenaje se me antoja una falta de respeto para la confesión católica.
Las autoridades y el propio deán de la catedral, Joaquín Alberto Nieva, pueden insistir en la idea de accidente, pero la negligencia es palmaria, por mucho que la Junta de Andalucía lo niegue. Si dejas solo a un mono con dos pistolas cargadas, la lógica nos dice que habrá tiros. Y si el Cabildo catedralicio le dio las pistolas al mono, los de Moreno Bonilla las cargaron, y ni siquiera son capaces de darse cuenta de que así lo admiten. Cuando, para defender el actual modelo de gestión, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, afirma que "al ser un patrimonio mundial, el Cabildo tiene que coordinarse sí o sí con la consejería de Cultura", está reconociendo que haber convertido una capilla en almacén también es responsabilidad suya.
Los daños se cifran en más de un millón de euros y estar por ver si la Iglesia los asumirá en su totalidad o no. Así debiera ser. El erario público no debiera soltar un solo euro para resolver la irresponsabilidad de la Iglesia. Con unos ingresos que difícilmente bajan de los 20 millones anuales, la Mezquita de Córdoba debe hacerse cargo de ese coste.
Sin embargo, sorprende que haya quienes todavía consideren que es preciso ayudar a la Iglesia en la financiación de la reparación de unos daños que pueden haberse extendido a muchas otras partes por la acción no solo del fuego, sino del agua para extinguirlo, cuya humedad podría hacer estragos en el mortero del monumento. Entre sus justificaciones destaca el papel que juega la Mezquita como polo de atracción turística para el país en general y para la ciudad de Córdoba en particular. Incluso si alguien quiere jugar esa carta, la exención del pago del IBI que tanto PP como PSOE le vienen concediendo a la Iglesia por este monumento de más de 23.000 metros cuadrados habría de ser suficiente compensación, pues la cantidad de euros perdidos por el Estado por este motivo tiene muchos ceros.
Así las cosas, no debiéramos volver a caer en esa máxima de los sectores más conservadores, entre los que se incluye la Iglesia, que defiende privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Ya nos la han jugado demasiadas veces para que ahora lo hagan de nuevo. Cada euro que no asuma la Iglesia en esa reparación de la Mezquita es un euro que nos hurta de educación, sanidad, dependencia… Algo intolerable para una democracia moderna y, en un estado aconfesional como el nuestro, más.
