25/(1/2025 Carmen Moraga
Los afectados, que eran interinos estatutarios, recibieron un comunicado de cese el pasado mes de agosto en el que se justificaba sus despidos por "amortización" de sus plazas, por lo que han acudido a los tribunales por despido "improcedente" con "fraude de ley"
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A finales del pasado mes de agosto, 27 veteranos trabajadores del servicio de Emergencias de Madrid, adscritos al SUMMA 112, regresaron de sus vacaciones estivales y se encontraron con la desagradable sorpresa de sus ceses en un servicio en el que la mayoría de ellos llevaba trabajando más de 25 años. “Recibí una llamada telefónica de un administrativo del departamento de Recursos Humanos para anunciarme que a partir de 1 de septiembre ya no acudiera a mi puesto de trabajo”, relata Gabriel, nombre ficticio de uno de los afectados que ejerce de portavoz de sus compañeros para denunciar su situación.
El despido fue ratificado pocos días después vía telemática, a través de un comunicado firmado por el director gerente del SUMMA 112 en el que se les notificaba como “causa de la baja” la “amortización de la plaza”. La puntilla fue saber que además no iban a recibir ni un euro de indemnización pese a llevar un mínimo de dos décadas realizando distintas labores en emergencias.
El SUMMA 112 es el servicio responsable de todos los servicios de urgencias tanto terrestres como aéreos en todo el ámbito de la Comunidad de Madrid. Fue creado una vez que las competencias de Sanidad fueron transferidas a las Comunidades Autónomas, ya que anteriormente todas las emergencias se canalizaban a través del 061, dependiente del Ministerio de Sanidad. La Comunidad de Madrid fusionó entonces este servicio con el Servicio de Emergencia y Rescate de la Comunidad de Madrid (SERCAM) para finalmente crearse el SUMMA 112, que depende del SERMAS, cuyas competencias recaen en la Consejería de Sanidad de Madrid. Los contratos de estos trabajadores ahora despedidos datan de esa primera época. Tanto Gabriel como el resto de sus compañeros cesados tenían la condición de “interinos estatutarios”, una figura laboral que teóricamente les aseguraba sus puestos de trabajo hasta que no se cubrieran sus plazas por alguna persona que hubiera aprobado la oposición, algo que, según afirman, en todos esos años nunca ocurrió: “Llevamos en fraude de ley 25 años”, sentencia.
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