María Victoria Zunzunegui (Bogotá, 72 años), es epidemióloga de profesión y está ya jubilada. Sin embargo, no ha dejado de analizar la situación en residencias de mayores, un área de estudio que recobró con fuerza tras recabar información -no sin complicaciones- de lo que ocurrió durante el Covid en estos centros.

“La pandemia fue el evento que rompió todas las costuras y puso de manifiesto que el sistema está en una situación absolutamente precaria”, explica en esta breve entrevista concedida a ElPlural.com, donde analiza el escenario actual de esos lugares en el conjunto del país, pero, sobre todo en Madrid, calificando de “escándalo” la manera en la que 7.291 personas perdieron la vida.

Zunzunegui analiza la macrodenuncia de familiares de 115 víctimas que han favorecido que la causa se vuelva a judicializar en la región de Isabel Díaz Ayuso y la gestión de las administraciones en todo el mapa español e intenta respondernos a la siguiente pregunta: ¿Estaría nuestro país preparado para otra pandemia?

PREGUNTA (P): ¿Cuáles son los principales problemas que atraviesan los centros de mayores en la actualidad?

RESPUESTA (R): En muchas residencias se violan los derechos de las personas a todos los sentidos. Los indicadores nos dicen que no se las atiende de forma humana, que los cuidados son humillantes en cuanto a su seguridad física, mental…

P: ¿Estaríamos preparados para otra pandemia?

R: No. La pandemia fue el evento que rompió todas las costuras y puso de manifiesto que el sistema de atención de cuidado de larga duración está en una situación absolutamente precaria, pero no se ha mejorado nada desde la pandemia. Hay un edadismo increíble a pesar de que entonces murieron 35.000 personas mayores en residencias solo por Covid.

Si queremos hablar de futuras pandemias hay una parte en la profesión que se llama vigilancia epidemiológica y que trata precisamente de la vigilancia de las enfermedades en la población, como su nombre indica, y en particular de las infecciosas. Las residencias son lugares cerrados y muy propicios para que se propague una enfermedad.

En enero de 2022, después de la primera fase, entra Omicron. Si atendemos los datos de vigilancia epidemiológica de entonces vemos que en enero hubo un pico de muertes, especialmente en Madrid, a pesar de la vacunación, porque aparece una variante nueva y se seguían sin tomar medidas. Y eso quedó sin investigar.

Ahora con las gripes, el norovirus… sigue pasando lo mismo, que no tenemos información. Y cuando la tenemos solo nos cuentan que hay muchos casos, pero, ¿qué se hace para que no se transmita la infección?, ¿para que no muera gente? No hace falta que venga otra pandemia para llevar a cabo sistemas serios de vigilancia, investigación de brotes… Contar las personas que se infectan no es suficiente, hace falta poner medios que cuestan dinero, formación de profesionales, herramientas de pruebas diagnósticas, mejorar la higiene, etc; y nada de esto se hace.

Estamos igual, y el problema es que hay una opacidad enorme, en la cual solo se consigue información a través del Portal de Transparencia.

P: En Madrid se ha reabierto judicialmente la causa por las 7.291 muertes. No sé si ha tenido oportunidad de leer la macrodenuncia y si cree que se depurarán responsabilidades.

R: Sí, la he leído. Me parece muy innovadora respecto a las anteriores porque se denuncia en base a un artículo de la Constitución y viene a decir que no se puede negar la asistencia sanitaria por motivos de discriminación.

En Madrid se negó un servicio público por edad y discapacidad física o cognitiva. Se discriminó. Y esto es fácil de demostrar. Creo que el documento sí tiene opciones de ir para delante porque los famosos protocolos de exclusión están por escrito y firmados por las autoridades de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, sí, creo que se pueden depurar responsabilidades.

La va contra muchas autoridades (políticas, SAMUR, gerentes…) y entiendo que tendrán que llamar a declarar a muchas personas de instituciones muy distintas que colaboraron en la práctica de estos protocolos.  

Se pueden depurar responsabilidades porque los famosos protocolos están por escrito y firmados por la administración

 

P: La situación fue desalentadora en toda la geografía, pero ¿por qué es especialmente reprochable en Madrid? Quiero decir, obedece a una cuestión de datos, los protocolos que estamos hablando, el posterior trato de los responsables a los familiares…

Es todo. Aquí pasaron cosas que no pasaron en ninguna otra parte.

El informe de la Comisión Ciudadana por la verdad en las residencias de Madrid refleja que el 11% de las personas que murieron en centros de mayores entre marzo y abril de 2020 lo hicieron por Covid. La siguiente comunidad es Castilla-La Mancha, con datos también muy elevados, pero tres puntos por debajo (8,3%).

Y hay autonomías que muestran cifras mucho más bajas. Hablamos de un 5% por ejemplo en Castilla y León, donde también se produjo discriminación, aunque no como en Madrid; y las que se sitúan por detrás ya registran datos bajísimos: Galicia, Andalucía, Asturias, Murcia y Canarias tuvieron menos de un 1,5%. La última un 0,2% (2 por 1.000 personas).

El ejemplo de Valencia, por ejemplo, es interesante, porque salieron dos residencias muy grandes con una mortalidad alta y la mortalidad en la Comunidad Valenciana fue de un 1,7% (…).

Por lo tanto, lo de Madrid fue un escándalo y es una auténtica falacia que las cosas se hicieran mal en toda España. Teniendo en cuenta que era un virus desconocido, en muchos sitios sí se tomaron medidas y fueron capaces, dentro de lo posible, de rebajar la mortalidad.

Pero es que en la Comunidad de Madrid después de la primera ola siguieron sin poner medidas. Por eso en otoño de 2020 murió muchísima gente mayor, y continuaron muriendo en 2022 con Omicrón.

Respecto del trato a las familias… No se iban a morir igual como dijo Ayuso. Los datos están ahí y arrojan, por ejemplo, que alrededor del 50% de las personas que se trasladaban a un hospital se salvaban. Es una mentira tan grande…

Lo de Madrid es un escándalo, y es una falacia que las cosas se hicieran mal en toda España

 

P: Usted estuvo vetada en la Asamblea de Madrid precisamente por querer contar esto.

R: Sí. Más Madrid y el PSOE me llaman a declarar y el gobierno me veta. Pero es que ni siquiera veta una opinión personal, que ya sería grave, sino que me prohíbe dar datos, que es a lo que yo acudía.

No me invento nada cuando cuento lo que está pasando. Manejo constantemente los datos. Y los datos muestran que el 65% de las personas derivadas a hospitales entre mazo y abril de 2020 se salvaron. Y estos números son de los hospitales, están publicados en revistas científicas internacionales, etc. Es increíble que se hayan mantenido estas mentiras en el tiempo.

El 65% de las personas derivadas a hospitales se salvaron

 

P: Y actualmente, por volver al presente, ¿qué comunidades gestionan peor las cosas? Y sobre todo, ¿por dónde pasa la solución?

R: Puedo decir dónde se están haciendo mejor las cosas y por qué. La clave está en cambiar el modelo, y esto lo están haciendo, por ejemplo, Navarra y País Vasco; con protocolos centrados en las necesidades de las personas, con unidades de convivencia de un máximo de 15 internos. En Cataluña, la Generalitat ha puesto en marcha un programa para mejorar la calidad de servicios sociales.

En Madrid las residencias que se construyen son privadas, muy grandes y dependientes de fondos de inversión. Hace como 25 años que no se construye una residencia pública en Madrid. El negocio se impone en muchas comunidades autónomas y el cuidado de estas personas no puede serlo, porque eso supone economizar (…) Cuando se economiza lo más rentable es hacerlo, por ejemplo, en la comida. Una persona mayor en una residencia no puede comer por 6 euros. Primero los matan de hambre y después los tratan mal, pero no por culpa de los trabajadores, sino porque no dan abasto.

Hace 25 años que en la capital no se construye una residencia pública

Y a lo mejor puede parecer menor, pero también aquí hay que desmontar los bulos. Recuerdo que se llegó a decir que la OMS dijo que el número de plantas de residencias debe ser mayor al 5% de la población mayor de 65 años. La OMS nunca dijo esto, es una barbaridad sin sentido, porque depende de la situación de salud de la población mayor de 65 años: cuando es buena la necesidad de residencias es baja y viceversa. Y eso no siempre corresponde al mismo porcentaje. Lo escuchó alguien no sé dónde, le gustó mucho y lo han repetido hasta convertirlo en verdad porque les viene bien.