La principal productora de marisco de Galicia se enfrenta a una crisis sin precedentes; el impacto de la contaminación y el cambio climático ponen en peligro la sostenibilidad del sector del mar. Las trabajadoras denuncian la falta de apoyo institucional, mientras colectivos ecologistas advierten de las amenazas que suponen proyectos industriales como la macrocelulosa de Altri y la reapertura de la mina de Touro
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El afloramiento es un fenómeno oceanográfico por el cual las aguas subterráneas ricas en nutrientes ascienden gracias al viento del noreste, que empuja las aguas superficiales lejos de la costa. La especial riqueza biológica de la ría de Arousa —la mayor productora de marisco del Estado español— se debe a este proceso, que activa la cadena alimentaria tras la subida de nutrientes esenciales a la superficie del océano.
La ría de Arousa, una de las principales zonas marisqueras de Galicia, experimenta un notable descenso de su producción en los últimos años. “Cada vez hay menos viento del nordeste, menos afloramiento y menos renovación de las aguas, lo que hace que la contaminación tenga más impacto”, según explica Xaquín Rubido, biólogo y portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa (PDRA), los bivalvos tienen menos alimento y están más débiles. “La situación es crítica”, asevera.
Las cifras proporcionadas por la plataforma son alarmantes. La producción de berberecho ha disminuido un 93% durante 2024 y la de almeja fina y babosa un 86%. Las pérdidas económicas de los últimos años en las lonjas de la ría han alcanzado los 44,6 millones de euros solo en el marisqueo. En el caso del cultivo del mejillón, se estiman pérdidas de 12.000 euros por batea, ya que la producción en 2023 fue la más baja en un cuarto de siglo.
Galicia es la comunidad autónoma con más afiliados en el régimen especial del mar, el sector pesquero es uno de los más importantes en la economía gallega. Según datos de la Xunta, la pesca, el marisqueo, la acuicultura y la transformación de productos del mar emplean a más de 50.000 personas. Ahora, el panorama refleja una crisis sin precedentes en la ría, que afecta tanto a la economía local como al sustento de miles de familias.
Grupos ecologistas advierten del impacto de la contaminación, la sobrepesca, el cambio climático y el vaciado descontrolado de los embalses. Exigen la creación de un plan específico para proteger el litoral y las aguas costeras, así como el desarrollo de una estrategia de restauración ecológica de las rías que permita la regeneración de los bancos marisqueros.
La importancia de la sostenibilidad del recurso
Las mariscadoras de Illa de Arousa llevan en cese de actividad desde junio, pero continúan realizando labores de siembra, limpieza de playas y vigilancia, tareas no remuneradas vinculadas al ‘permex’, el permiso de explotación marisquera. Hasta principios de este año, el Instituto Social de la Marina (ISM) consideraba que la prestación económica por cese era incompatible con la siembra de bivalvos. Inma Rodríguez, presidenta de la Organización de Produtores de Mariscos e Cultivos Mariños da Provincia de Pontevedra (OPP20), destaca la “vital importancia” de la siembra a la hora de garantizar la repoblación y la continuidad de la actividad.
Las agrupaciones de la Cofradía de Carril invierten alrededor de 70.000 euros anuales en semilla. “La Consellería del Mar nos da 7.500 euros, el resto lo ponemos de nuestro bolsillo”, explica María Porto, presidenta de la agrupación de mariscadoras a pie. Ante la inacción de la Xunta, son las propias cofradías las que intentan regenerar los bancos de moluscos. “Estamos haciendo el trabajo que debería hacer la Consellería”, recalca María.
El de las mariscadoras a pie es uno de los colectivos más feminizados del sector pesquero en Galicia. Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), las mujeres representan más del 74% del colectivo. La asociación Mulleres Salgadas, que agrupa a más de 2.000 trabajadoras del sector, alerta de la precariedad laboral que sufren las mariscadoras: “Muchas no llegan ni a la mitad del salario mínimo interprofesional”, explica Sandra Amegaza, su portavoz.
Las trabajadoras consideran que el problema es multifactorial: calentamiento del agua, cambio en los fenómenos meteorológicos, contaminación y mala gestión de la política marisquera. Además, echan en falta la elaboración de un diagnóstico por parte de la Administración. “La sostenibilidad del recurso debe ser una prioridad”, afirma Sandra, quien defiende la necesidad de adaptar la gestión marisquera con un sistema de prestaciones y ayudas ligadas a la regeneración.
Según explican desde la asociación Mulleres Salgadas, el único interlocutor que acepta la Consellería del Mar es la Federación de Cofradías. “En Galicia hay un sistema clientelar en el mundo del mar”, explica su portavoz, “la Consellería tiene mucho interés en instrumentalizar las cofradías”. Este medio ha contactado con la Consellería del Mar y con la presidencia de la Federación Gallega de Cofradías, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento de la publicación de este artículo.
El pasado mes de octubre, el Partido Popular tumbó una iniciativa legislativa popular (ILP) que reclamaba que la pesca tradicional y el marisqueo se declarasen de “interés general”. La Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa teme la privatización de las concesiones marisqueras y critica el modelo actual de la Xunta que “sólo apuesta por la acuicultura industrial”.
El impacto de Altri y la mina de Touro
La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) advierte que la reapertura de la mina de Touro y la instalación de la macrocelulosa Altri supondría el ”colapso“ de la ría. Desde la plataforma advierten de la inviabilidad ecológica de ambos proyectos industriales; que contaminarían toda la cuenca del río Ulla —que desemboca en la ría de Arousa— con altas cantidades de compuestos químicos.
La planta de Altri requeriría el uso de 46.000 m³ de agua al día para su funcionamiento y vertería hasta 22.300 toneladas de compuestos químicos al año en el río Ulla. Según Horacio García, profesor de Geografía Física de la Universidade de Santiago de Compostela, la captación de agua se realizaría en el embalse de Portodemouros, mientras que la devolución se produciría en otro tramo del río “catalogado en buen estado ecológico”. Los vertidos causarían grandes daños a la biodiversidad, además de alterar la salinidad y los nutrientes del agua, con un grave impacto en los ecosistemas costeros.
Además, la reapertura de la mina de cobre de O Touro-Pino podría provocar el vertido de aguas ácidas a las aguas subterráneas, liberando contaminantes al medio ambiente y afectando a toda la cuenca del río Ulla y a la ría de Arousa. El investigador del CSIC Serafín González advierte del grave impacto de los residuos mineros sobre la fauna acuática, así como sobre la vegetación de ribera. “La Xunta tramita como estratégico el mismo proyecto al que se le denegó la Declaración de Impacto Ambiental en 2021”, advierte.
Según explica Horacio García, la actual legislación ambiental “permite la trampa”, ya que el promotor de cualquier proyecto industrial se puede autoevaluar. De esta forma, las empresas buscan toda forma numérica para justificar la viabilidad ambiental. “La sociedad es el plan de contingencia, somos nosotros quienes asumimos las consecuencias”, afirma.
Por su parte, Adega acaba de presentar un recurso contencioso-administrativo contra la retirada de la protección de la zona donde se pretende instalar la planta de celulosa Altri en el mapa de la Infraestrutura Verde de Galicia. Por otro lado, varios colectivos del sector marisquero han solicitado la intervención de la Defensora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, ante el vaciado incontrolado de los embalses, que provoca una alta tasa de mortalidad de bivalvos. “Los biorritmos de los ríos están rotos, los caudales fluctúan en función de las demandas hidroeléctricas”, explica Horacio García.
Desde Greenpeace afirman que en Galicia existen más de 2.000 puntos de vertidos industriales, urbanos y de agroganadería, la mayoría de los cuales afectan a la ría de Arousa. Grupos ecologistas critican la “negligencia y falta de protección ambiental de la Xunta” y exigen un plan integral para el saneamiento de las rías y la protección de las trabajadoras del mar, con el objetivo de garantizar un futuro a la pesca artesanal, el marisqueo tradicional y la acuicultura. “Estamos hablando de la joya de la corona de la costa gallega”, afirma Manoel Santos, coordinador de Greenpeace. “Si Galicia fuera un Estado, esto sería una crisis de Estado”, concluye.
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