David Chic Zaragoza
Ecologistas en Acción Aragón y Stop Ganadería Industrial han presentado alegaciones ante el INAGA por fraude de ley, falsedad de datos y riesgos para la salud y el medio ambiente
Las entidades ecologistas consideran que este proceso supone un fraude de ley, con irregularidades y riesgos ambientales. Alegan que las granjas, de 864 UGM cada una (límite legal), están fraccionadas para eludir evaluaciones ambientales más rigurosas. En este sentido argumentan que los impactos "serían desproporcionados".
De este modo, calculan que si salen adelante consumirían 797 millones de litros de agua anuales (equivalente al consumo de 16.000 personas en una comarca con 15.807 habitantes) y se crearían 434.610 metros cúbicos de purines, equivalentes a 175 piscinas olímpicas, con "riesgo de contaminación de suelos y acuíferos".
Para las entidades que han presentado el recurso, este volumen de animales implica emisiones de 412.150 kg de metano (equivalente a 11.540 toneladas de CO₂) y 585.895 kg de amoniaco, vinculado a enfermedades respiratorias. También creen que suponen una amenaza a la biodiversidad, pues 24 granjas se ubicarían en zonas de protección de aves, incluyendo una zona de especial protección.
Desde Ecologistas en Acción Aragón y Stop Ganadería Industrial han criticado el proyecto también por emanar de un "promotor cuestionado". La empresa Litera Meat, vinculada al grupo italiano PINI —envuelto en escándalos por fraude fiscal, explotación laboral y agresiones sexuales en Europa—, construyó el mayor matadero de España en Binéfar, con ocho millones de cerdos sacrificados al año. "El proyecto acutal promete 375 empleos directos sin justificación y también anuncia la construcción de plantas de biometano asociadas, de muy dudosa efectividad dado que los purines de cerdos contienen una cantidad de metano muy limitada, no así de nitratos, que son los principales contaminantes y amenazas para el agua potable de la zona", alega el portavoz de Ecologistas en Acción, Nacho Escartín.
Además, ha considerado que el Gobierno de Aragón "sigue priorizando un modelo de ganadería industrial intensiva, ignorando sus impactos climáticos y sociales" y manifiesta que este proyecto "colapsaría los recursos de una comarca que busca impulsar el turismo sostenible".
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