5 jul 2024
En España las competencias sobre el alquiler turístico son de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero el Gobierno quiere que los vecinos puedan prohibir este tipo de actividad
— Vivienda limitará los alquileres por temporada y permitirá a las comunidades de vecinos prohibir los pisos turísticos
El despegue del alquiler turístico se ha convertido en un problema en gran parte del mundo. Su efecto en la masificación, en la saturación de los destinos y las consecuencias que tiene en un mercado de la vivienda que no da tregua a los inquilinos son las principales críticas a esta modalidad de alojamiento. El problema es compartido, pero las soluciones que están planteando, fundamentalmente los ayuntamientos, difieren en el calado. Algunas administraciones locales apuestan por la prohibición. Otras, solo por poner limitaciones o ampliar las restricciones ya existentes.
En España, la regulación del alquiler turístico convive con el reparto de competencias. Las de vivienda son de las comunidades autónomas y las de urbanismo, de los ayuntamientos. Una situación que ha quedado patente en Galicia, donde la Xunta ha frenado la acción del Ayuntamiento de Santiago para eliminar más de 600 pisos vacacionales.
En esa distribución de funciones, el Estado también tiene capacidad de actuación, aunque limitada. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana quiere poner coto a las viviendas turísticas cambiando la legislación para que las comunidades de vecinos tengan más certezas y puedan prohibir este tipo de actividad económica en sus fincas y, a más largo plazo, con un registro donde tendrán que estar inscritas todas las viviendas turísticas y de alquiler por temporada que se alquilen en portales como Airbnb o Idealista. En paralelo, el (...)
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