PUBLICO.ES Danilo Albin Bilbao-
El Observatorio de Derechos humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE) denuncia en un informe las actividades de la empresa Elbit Systems, que cuenta con varios acuerdos en España.
La maquinaria destructiva del Ejército de Israel cuenta con la colaboración imprescindible de Elbit Systems, una empresa armamentística de ese país que ha logrado innumerables acuerdos con el Ministerio de Defensa español. Los últimos contratos firmados por Elbit en Madrid coincidieron con la masacre perpetrada en Gaza por su principal cliente, el Ejército de Benjamín Netanyahu.
El nombre de esta empresa israelí aparece reflejado en el informe titulado Vigilancia masiva en el Maghreb y el Mashreq. Un análisis crítico para proteger el espacio de la sociedad civil, elaborado por Dúnia Camps-Febrer, Felip Daza, Carlos Díaz y Nora Miralles y publicado en una iniciativa conjunta por el Observatorio de Derechos humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE) y las organizaciones Suds y Novact.
"El uso indiscriminado de la vigilancia masiva por parte de Estados y empresas está poniendo en peligro los fundamentos de las democracias a nivel global", señala este documento, en el que Israel, con su política de persecución, hostigamiento y genocidio contra la población civil en Gaza, ocupa uno de sus apartados.
"El ejército israelí ha sido pionero en el uso de cuadricópteros a control remoto equipados con ametralladoras y misiles para vigilar, controlar y atacar a personas e infraestructuras", afirman los investigadores.
Apuntan además que Israel "ha sido clasificado como el principal proveedor de drones suicidas del mundo", con tecnologías desarrolladas por la compañía Israel Aeorspace Industries (IAI).
En cuanto a Elbit Systems, identificada como "el mayor fabricante de armas de Israel", el informe señala que se trata de "una de las empresas involucradas en el actual genocidio en Gaza".
"Actualmente, el 85% de todas las armas, sistemas de vigilancia y herramientas que utiliza el ejército israelí han sido fabricadas por Elbit, incluidos los drones militares Skylark y Hermes, que forman la mayoría de la flota de grandes aviones no tripulados de Israel y que se han utilizado ampliamente en Gaza", destacan los autores del informe.
Subrayan además que "el uso de este tipo de herramientas tiene en muchos casos como consecuencia la muerte de civiles y plantean cuestiones relativas a las violaciones del Derecho Internacional Humanitario".
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Según consta en documentos obtenidos por Público, la propia empresa destaca en sus informes que ha obtenido un incremento de sus ingresos al calor de los encargos formulados por el Gobierno de Netanyahu en plena masacre en Gaza.
A pesar del papel de esta empresa en el genocidio, el Ministerio de Defensa español que dirige Margarita Robles no sólo ha decidido mantener los acuerdos firmados con esta empresa, sino que le ha otorgado nuevos contratos.
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El pasado 4 de diciembre, la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra adjudicó un nuevo contrato a Elbit Systems para el mantenimiento y adquisición de artículos del mortero embarcado Cardom, un armamento de fabricación israelí que utilizan las Fuerzas Armadas españolas.
De acuerdo a los datos recogidos por este periódico a través de la Plataforma de Contratación del Estado, durante 2024 esta empresa israelí logró distintas adjudicaciones públicas del Ministerio de Defensa español por un importe superior a los seis millones de euros.
"Severa limitación"
El informe del Observatorio de Derechos humanos y Empresas en el Mediterráneo destaca además que "desde Marruecos hasta Irak, los Gobiernos y las empresas privadas de la región están desplegando herramientas de vigilancia digital cada vez más sofisticadas para identificar, monitorear y silenciar a las disidencias, periodistas, defensoras de derechos humanos y activistas feministas y medioambientales".
Los autores del estudio subrayan que "la región mediterránea experimenta una severa limitación del espacio cívico, indispensable para el ejercicio y defensa de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de asociación y de reunión".
Represión contra saharauis
En el caso de Marruecos, destaca que su capacidad para ocupar el territorio del Sáhara Occidental "ha dependido, en gran parte, de la capacidad para controlar, vigilar y reprimir a la población autóctona saharaui".
El documento señala que "el acercamiento de Marruecos a Israel" tras el restablecimiento de las relaciones entre ambos Estados en 2020 ha permitido la colaboración del Gobierno de Netanyahu "en la modernización y el desarrollo de instrumentos de inteligencia y vigilancia".
Subraya además que desde 2009 "se identifican acuerdos con la empresa española Indra Sistemas". Esta compañía "firmó un contrato por 6,3 millones de euros para instalar tres estaciones que ampliaban su red de vigilancia por satélite en las ciudades de El Aaiún, Smara y Dajla".
El estudio apunta que la vigilancia de la población civil saharaui por parte de las autoridades marroquíes se ha basado en el uso de su mano de obra, la introducción de informantes y colonos, el control de las fronteras, el aislamiento de la población y la persecución y represión de la disidencia".
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