José Américo Tuero, Tomasa Cuevas, Marcelino Camacho, Tomás Centeno, Enrique Ruano, Manolita del Arco, Concepción Tristán, Nicolás Sartorius, Julián Grimau o Santiago Carrillo. "Es interminable", dicen las asociaciones memorialistas sobre la lista de hombres y mujeres que fueron encarcelados, torturados e incluso asesinados en la Real Casa de Correos. El edificio, que alberga ahora la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, también recibe a miles de personas cada Nochevieja. "Los torturados escuchaban las campanadas desde los calabozos", recuerda Tomás Montero, portavoz de la plataforma Memoria y Libertad. La Puerta del Sol también fue durante muchos años el kilómetro cero de la represión franquista.
La Comunidad de Madrid ha rechazado negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez una propuesta para declarar como lugar de memoria la Real Casa de Correos. "[La iniciativa] es irrespetuosa con la historia de un edificio que el pueblo de Madrid asocia con la libertad y la concordia, con celebraciones muy queridas, con hechos heroicos, no con divisiones y enfrentamientos", argumenta la presidenta autonómica en una carta de tres páginas remitida al Ministerio que dirige Ángel Víctor Torres. El Ejecutivo ha confirmado este jueves que llevará la decisión de Ayuso al Tribunal Constitucional y considera "fundamental" transmitir a las nuevas generaciones la "realidad histórica de nuestro país". ¿Por qué la sede del gobierno madrileño debe ser declarada como lugar de memoria?
La Real Casa de Correos se construyó a finales del siglo XVIII con la premisa de centralizar el incipiente servicio postal. Las guarniciones militares empezaron a operar en el edificio a lo largo del siglo XIX, pero el ensañamiento, los abusos y la sangre no llegaron hasta que terminó la Guerra Civil. El edificio de la Puerta del Sol funcionó durante toda la dictadura como sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) y de la policía política de Franco. "En la primera planta estaban los despachos, donde nos interrogaban y nos torturaban. En el sótano, los calabozos, para quienes nos oponíamos a la dictadura", relata Rosa García, activista de la asociación de presos y represaliados La Comuna.
José Américo Tuero, preso comunista y exciclista profesional, relató en su biografía Mi desquite cómo eran los días entre esas cuatro paredes. "El ambiente era maloliente. El silencio estaba amenizado por los lastimeros quejidos de cientos de torturados, lo cual imposibilitaba el alivio del sueño más allá de un estado de semiinconsciencia", cuenta en el libro. Las personas sin hogar y las mujeres que abortaban o ejercían la prostitución también pasaron por las mazmorras de la Real Casa de Correos.
Sergio Álvarez Ibáñez falleció en los calabozos por un supuesto "ataque cardíaco" derivado a su vez de una "neumonía". Los policías que lo interrogaron negaron cualquier golpe o represalia, pero los médicos forenses reconocieron que "tenía contusiones en los codos, regiones pectorales y nalgas". La versión oficial rechazó la posibilidad de que pudiera ser torturado. Es difícil saber cuántos de los represaliados murieron por la brutalidad de los agentes; igual que tampoco existen cifras del número de hombres y mujeres que pasaron por los calabozos. "No tenemos acceso a los archivos. Lo que sí sabemos es que 1.700 madrileños fueron juzgados por el Tribunal de Orden Público. Esto, no obstante, sólo es la punta del iceberg", insiste Rosa García.
El otro pasado del edificio
Los malos tratos y las torturas fueron sistemáticos durante toda la dictadura e incluso en la transición. Los detenidos, magullados y aturdidos, escuchaban desde los calabozos el bullicio de la plaza; la luz que entraba del exterior era escasa, pero suficiente como para preguntarse si el resto de la ciudad sabría de su existencia. "Lo recuerdo como un lugar siniestro, teníamos una manta sucia y casi no podíamos ir al baño. El trato que recibíamos era pésimo. La dictadura se mantuvo a sangre y fuego y todavía somos muchos los que podemos dar testimonio, por mucho que lo quieran borrar", añade Rosa García.
Los mismos que piden reseñar el pasado "oscuro" de la Real Casa de Correos, reivindican también su papel tras la monarquía de Alfonso XIII, poco antes de la Guerra Civil. "Lo que desconoce mucha gente es que ese mismo edificio fue testigo de revoluciones, revueltas y manifestaciones durante los siglos XIX y XX. El 14 de abril de 1931 se proclamó allí la Segunda República. No conviene olvidar esta otra cuestión, de hecho, deberían colocarse dos placas en la fachada", defiende Ana Martínez Rus, historiadora y profesora en la Universidad Complutense de Madrid.
Tres placas, ninguna sobre la DGS
El Gobierno de Pedro Sánchez sigue adelante con la idea de instalar en la Real Casa de Correos una chapa conmemorativa, un letrero que recuerde lo que ocurrió durante casi cuatro décadas allí dentro. La DGS llegó a mantenerse durante los primeros años de democracia –"le cambiaron el nombre, pero venía a ser lo mismo"–. "Ayuso dice que esto mancharía la historia del edificio… La historia es la que es, por mucho que no le guste a la presidenta de la Comunidad de Madrid", reivindica Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). El colectivo llegó a ofrecerse hasta en tres ocasiones para colocar y financiar la placa. Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes nunca respondieron a su solicitud; tampoco lo hizo el actual Ejecutivo.
Ayuso tiene su despacho en la primera planta del edificio, "donde maquinaban los jefes de la policía de Franco". En su fachada no tiene ningún vestigio que recuerde lo que allí ocurrió hace cinco décadas. El edificio sí tiene sitio para otras tres placas: una en honor a los madrileños que lucharon el 2 de mayo de 1808, otra por las víctimas de los atentados del 11M y una última que rinde homenaje a los muertos por la covid-19. "Es un caso absolutamente anómalo. Los campos de concentración y los lugares donde se produjeron detenciones y torturas están musealizados en Alemania, Polonia y Austria. Los colegios hacen excursiones y visitas, conocen su pasado", insisten desde las asociaciones memorialistas.
El hecho de que la Real Casa de Correos sea considerada un Bien de Interés Cultural (BIC) "no es óbice para que, además, dicho inmueble pueda ser declarado lugar de memoria", insisten desde el Ejecutivo. Esta era una de las excusas más repetidas por los populares; junto a la de la supuesta "inconstitucionalidad" de la Ley de Memoria. "Las normas están para cumplirlas, ¿no?", sugiere Emilio Silva, que aprovecha para mandar un recado al PSOE: "El Gobierno tampoco ha retirado todavía el arco de la victoria, que celebra el sufrimiento de familias como la mía. Si realmente molesta la exaltación del franquismo, tiene que molestar siempre, no sólo cuando interesa para una batalla partidista".
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