PUBLICADO POR CIVE PÉREZ 13/3/23
España ocupa el 4º lugar como potencia económica de la Unión Europea y el 14º a nivel mundial. Pese al notable esfuerzo del Gobierno de Pedro Sánchez para subir el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.080 euros mensuales, esta cifra todavía está lejos del lugar que le corresponde dentro de la zona euro. Sin embargo, ante cualquier incremento del SMI, los selectos círculos de la sociedad biempensante encienden estridentes sirenas de alarma que avisan de inminentes catástrofes derivadas de tal medida.
Hace unas semanas, Macarena Olona Choclán, tras abandonar la actividad política y retomar su antiguo empleo en la Administración, hizo público el sueldo que percibe en su calidad de abogada del Estado: 7850,94 euros mensuales. Recordemos que fue portavoz y secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados y diputada en la XIII y XIV legislaturas por Granada.
Creo que para toda persona española de bien será motivo de gran satisfacción comprobar la espléndida disposición del Estado a la hora de retribuir el desempeño del puesto que ocupa la funcionaria Olona de acuerdo a sus méritos, capacidades personales y eficacia que se presume.
Sin embargo, hay algo que chirría en la nómina de la señora Olona, y no es tanto su cuantía sino la relación que guarda respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2023 ha quedado establecido en 1.080 euros mensuales. Diversos estudios indican que, dentro de una organización, la estructura salarial equilibrada debe guardar una relación entre el salario mayor y el menor de 1/5. En este caso observamos que la ratio es de 1/7. Es decir, siete veces mayor que el SMI.
Aquí, lo que está desequilibrado no es el salario de la funcionaria Olona, sino el SMI. Gracias al esfuerzo del Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, el SMI ha pasado de los 736 euros en 2018 a los 1.080 euros al mes en 2023. Aunque sigue sin alcanzar esa ratio óptima respecto al salario más alto pagado en la Administración del Estado.
Hace cinco años, quienes percibían el salario mínimo cobraban 735,9 euros al mes. La cuantía del SMI anunciada por el presidente Pedro Sánchez para 2023, 1.080 euros brutos mensuales, supone un incremento del 46,7% en cinco años. Se trata de uno de los mayores aumentos del SMI de la democracia en un mandato tan corto, con el que se alcanza la meta de situar el SMI en el 60% del salario medio, siguiendo la recomendación de la Carta Social Europea. La medida beneficiará a alrededor de 2,5 millones de personas, según los cálculos de los sindicatos.
Sin embargo, ante cada subida del SMI las gentes biempensantes del país arrugaron la nariz. Empezando por la propia Olona, que en 2020, siendo parlamentaria de Vox, declaró que se trata de una "medida propagandística" y de "escasa eficacia" porque "no llega a los españoles".
No sabemos a qué sector de la población española se refiere Olona, ya que el incremento del SMI beneficia a alrededor de 2,5 millones de personas, según los cálculos de los sindicatos. Lo que viene siendo una constante es que, ante cada incremento de la cuantía del SMI, suenan con estridencia las sirenas de alarma en los selectos círculos de la sociedad biempensante de la España eterna, estremecidos por el temor a catástrofes de toda índole derivadas de esa medida.
Se rasgan las vestiduras desde el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, hasta Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Tan pronto se conocieron las intenciones del Gobierno de efectuar el último incremento del SMI, Garamendi se apresuró a expresar su rotundo rechazo a subir el salario mínimo ahora: "¿A quién no le gustaría que los salarios suban? Yo soy el primero que digo que lo tendríamos que hacer. Pero pensamos que no es el momento porque venimos de un año y medio horrible”.
Eso sí, fiel al principio de que la caridad empieza por uno mismo y en coherencia con su afirmación de que "a quién no le gustaría que los salarios suban", Garamendi se subió el suyo: 400.000 euros anuales para el 2023. Monto que, ya que estamos hablando de ratios, supone 26,4 veces la cuantía anual del SMI: 15.120 euros.
Ciertamente, ha sido un annus horribilis para la mayoría de la población que ha visto dispararse las facturas de los suministros energéticos. Sin embargo, el año ha sido una bendición para los altos directivos de las empresas eléctricas, que gozan de retribuciones millonarias, según recoge la página newtral.es
El sueldo más alto de los responsables de las grandes eléctricas es el de Ignacio Sánchez Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola. En 2022, percibió una retribución de 13 millones de euros, como recoge el informe de remuneraciones remitido por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El 48,6% se corresponde a la retribución en metálico de 6,34 millones de euros— y otro 48,4% —que supone 6,32 millones de euros— corresponde con el beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados.
Los sueldos de los máximos responsables de Naturgy y Endesa han aumentado un 18% y un 16% respectivamente. Así, el consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés, cobró en 2022 una retribución de más de 5,8 millones de euros, de los cuales 2,8 millones están recogidos como retribución en metálico, 2,9 millones a través de sistemas de ahorro y 71.000 euros como otros conceptos que no aparecen detallados en el informe de retribuciones de la eléctrica.
Y el máximo responsable de Endesa, José Bogas, ganó más de 2,4 millones de euros. Según indica el informe de la CNMV, más de 2,3 millones de euros corresponden a la retribución en metálico, 6.000 euros por el sistema de ahorros y 139.000 como otros concepto (...)
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