viernes, 30 de agosto de 2024

CTXT. Israel, Estado violador, de Irene Zugasti

 Irene Zugasti 13/08/2024

El vídeo de la violación a un preso en la base israelí de Sde Teiman es testimonio explícito de la violencia sexual contra los hombres como arma de guerra, pero sobre todo, retrata la máquina de guerra colonial de Israel

Ciudadanos israelís se manifiestan contra las detenciones frente al campo de concentración de Sde Teiman. / CNN




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Le toman de los brazos a empujones, elegido de entre decenas de otros presos que yacen amordazados, con los ojos vendados, tendidos bocabajo contra el suelo sucio. Le llevan a una esquina, le rodean –quizá, prevenidos por las cámaras de seguridad– y le cubren con sus escudos militares, los escudos del ejército de Israel. Uno de los soldados comienza a violarle. El resto contempla. Otro agarra la correa de un pastor alemán que observa atento a pocos centímetros del violador. Ahí termina el vídeo. El preso palestino, la víctima, llegó al hospital sangrando, con el intestino reventado, daños en los pulmones, en las costillas, y en otros tantos huesos. Cuando se recuperó, le enviaron de vuelta al campo de detención de Sde Teiman.

Quizá muchas personas no sepan de esta noticia. Anestesiadas por los partes de guerra, esta aberración se ha quedado enterrada entre las noticias del verano, como los propios palestinos y palestinas. Pero el vídeo que prueba las acusaciones de violación a un preso en el centro militar de Sde Teiman, a pocos metros de la frontera con Gaza, debería ser un punto de inflexión en este genocidio, porque revela la operativa del engranaje entre la máquina de guerra sionista, el sistema penitenciario israelí, su estructura político-militar, y también, claro, la base social y cultural que la sostiene y hace crecer y funcionar. Porque la violación, la violencia sexual, es parte también de esa maquinaria. No es esporádica, no está al margen de la oficialidad, no es una cuestión de “manzanas podridas”; Israel es un Estado agresor sexual, un Estado violador.

Los abusos en Sde Teiman no son cosa de hoy: la prisión ha estado, desde hace décadas, en el punto de mira de los grupos de defensa de los Derechos Humanos, ONG o periodistas que han podido acceder a ella y corroborar el maltrato sistematizado que se vive allí. Pero desde el 7 de octubre, el ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, presume en X de haber empeorado deliberadamente las condiciones de lo que llamaba un “campamento de verano” para jolgorio de parte de la sociedad israelí enferma de odio y venganza. También presumía de haberles retirado las camas para solucionar el problema del hacinamiento, y se jactaba de que, pegándoles un tiro en la cabeza, se acabaría el problema de la población reclusa. Hay pruebas a paladas, aunque al Departamento de Estado de EEUU no le parezcan suficientes: médicos israelíes traumatizados tras trabajar allí que escribieron a Haaretz, a The Guardian o a CNN; militares arrepentidos que filtraron sus testimonios; informes de Amnistía Internacional; reportajes, incluso de medios tan infames en la cobertura de este genocidio como el New York Times, que no pueden negar la evidencia de lo que vieron: del pus mezclado con la sangre donde apretaban los grilletes, del olor, de los cuerpos apretados sobre pañales usados, de la mugre en la piel de los presos y los brazos amoratados. Cada vez que un preso palestino regresa a casa, lo hace en condiciones lamentables, escuálidos, desnutridos, heridos por dentro y por fuera. El informe que ha publicado recientemente B’tselem con narraciones en primera persona de supervivientes, –mujeres, hombres, adolescentes– les devuelve su dignidad, su nombre, su oficio, su vida, aunque eso, también, hace que en algunos momentos tengas que dejar de leer. La comparan con Abu Ghraib, –¿recordáis? ese lugar al que los americanos llamaban “Camp Redemption”...– y con Guantánamo. Pero Sde Teiman y sus homólogas en Israel pueden ser peores, aunque solo sea por el tiempo que llevan funcionando frente al mundo, sin ser ningún secreto, sabiéndose y siendo consentidas.

A diferencia de las historias truculentas de bebés decapitadosy mujeres colgando de los árboles a manos de Hamás, esas que Tel Aviv produce para que circulen en las teles y en TikTok pero de las que no hay pruebas a día de hoy, estos informes, abrumadores y difícilmente refutables, debieron preocupar a Israel lo suficiente como para mover ficha antes de que el vídeo saliera y revelara lo evidente. El Gobierno de Netanyahu detuvo a finales de julio a diez soldados y desencadenó una crisis interna entre el ala del Ejecutivo que buscaba resolver la polémica abriendo expediente a un par de “ovejas negras” y una parte nada desdeñable de ministros, autoridades y operadores mediáticos que recriminaba el arresto, como una muestra de “flaqueza” frente al enemigo. Lo más macabro es que nadie aquí cuestionaba que fueran inocentes, se daban por hecho la comisión de la agresión, las torturas, las palizas, la inanición: lo que está en cuestión en la opinión pública israelí es hasta qué punto es legítimo hacerlo. Estos últimos días pudimos ver a un diputado del Likud, Mildwisky, decir en sede parlamentaria que contra un “Nukhba” (un terrorista) todo es legítimo, hasta introducirle un palo por el recto. El pasado 7 de agosto, un periodista, Yehuda Schlesinger, señalaba que el único problema era que no hubiera una política estatal que regulase estos métodos de tortura y abuso, porque “lo merecían” y porque además, serviría de disuasión. Con estos marcos de opinión en los medios, no sorprende que fueran varias las turbas de extrema derecha que irrumpieran a defender a los soldados detenidos a las puertas de la prisión. 

Pero además, esta violación sacude el tabú dentro del tabú: la violencia sexual a hombres en contextos de conflicto armado, o en este caso, de genocidio. Ya hemos escrito aquí sobre ello en otras ocasiones, porque la violación como arma de guerra es una violencia intrínseca a los conflictos que solo se puso sobre la mesa cuando por fin lo hicieron las feministas. Ocurre en todos los bandos, ocurre en todos los conflictos, y rara vez se repara: las víctimas permanecen en el trauma del silencio, de la falta de recursos a los que acudir, del castigo social incluso, y lo cargan consigo en la posguerra o en el exilio. 

Gracias a las escuelas feministas de las Relaciones Internacionales y del activismo contra la violencia sexual se ha construido un marco –insuficiente, pero lo nuestro nos ha costado– para visibilizar no solo la violación como arma de guerra, sino todas las formas conexas de violencia sexual que las mujeres sufren abrumadoramente durante los conflictos, así como la infancia y la adolescencia. También sus consecuencias en la salud física y mental, como las enfermedades venéreas, infecciones, abortos, estres postraumático, infertilidad… Pero los hombres, civiles y militarizados, también la sufren y no, no se trata de excepciones, sino de la norma, aunque cueste tanto hablar de ello. Se calcula que un 38,5% la sufrieron en Uganda; en Congo, un 64,5% de los hombres que participaron en un estudio dijeron haber estado expuestos a la violencia sexual. En Liberia, una encuesta en 2008 estimaba que el 32% de los combatientes en su guerra civil la había experimentado. Pero esos son los casos que suelen usarse de ejemplo, no sin un cierto sesgo, quizá por no querer mirar más cerquita… porque hay testimonios, si se buscan, en casi todas las guerras, pese al deliberado desinterés en investigarlo: desde la Antigüedad a la II Guerra Mundial, y hasta Siria o Ucrania, las historias de violación masculina quedan escritas en los imaginarios sociales, aunque sea bajo ese halo de secreto, de vergüenza, de algo que se sabe pero de lo que nadie quiere saber. En los campos de concentración nazis, por cierto, como ahora en Israel, se reportaron numerosos casos de agresiones sexuales y de esclavitud sexual a hombres y a niños, y la sombra del estigma persiguió desde entonces a los supervivientes. 

Hablamos no solo de violaciones con penetración, –de hecho, sería reduccionista y esencialista dejarlo ahí–, sino de torturas sexuales, de ser forzado a contemplar violaciones de familiares o compañeros, o de ser obligado a participar de las mismas. También de esclavitud sexual, de chantajes y extorsiones, golpes, castraciones, esterilizaciones. Tradicionalmente se hace una separación entre lo que se considera una violencia sexual “de oportunidad” y una violencia sexual estratégica, organizada, que forma parte de los objetivos de terror y de daño al enemigo. Pero entre medias hay también grises: pueden combinarse las acciones de individuos que agreden valiéndose de su poder individual en ese contexto con las de ejércitos o grupos que bajo un mando coordinado violan, castran o esclavizan sexualmente. O puede suceder que, dentro de estructuras militares –o penitenciarias– se sepa que esto ocurre pero se tolere y se encubra, por el bien de los muchachos, como dicen algunas voces en Israel. No es difícil imaginarse algo así en cualquier cuartel general de Tel Aviv.

El imaginario de la violencia sexual contra hombres en el caso de Palestina tiene un enorme componente colonial, de jerarquía, de poder, de deshumanización. Y de orden de género, claro. Los perpetradores no pierden su hombría en la violación grupal: es más, la refuerzan en el grupo. Y lo que pasa en la guerra, queda en la guerra. Además, como leía en alguna columna de opinión en The Jerusalem Post, hay que perdonar a los chavales de las IDF, dejarles que se desfoguen y perdonarles que se les vaya la mano tras haber contemplado tanta brutalidad. Al fin y al cabo, decía el columnista, están librando una guerra moral y santa.

Entre las víctimas cunde el miedo al rechazo de la propia comunidad, la homofobia presente en muchos de estos entornos, y el silenciamiento que impide encontrar empatía, escucha o ayuda alrededor. Y así es difícil contarlo. Falta también quien quiera y sepa escuchar: a menudo se intenta desdibujar esta violencia bajo el vago concepto de “torturas”, “abusos” o “violencia” porque así es más fácil, para unos y otros, pasar de puntillas por la cuestión. En Sde Teiman, además, la violación masculina intersecciona con otro gran tema silenciado, otro melón del que, en materia de masculinidades, tocaría abrir, que es la violencia sexual en los contextos carcelarios. “Uno de los soldados trajo una zanahoria y trató de meterla en mi ano. Mientras lo intentaba hacer, algunos de los soldados me filmaban. Grité de dolor y de terror. (...) Me sentí roto por dentro. Cuando regresamos a la celda, estábamos llorando en silencio. Nadie habló. No podíamos mirarnos los unos a los otros. Me pregunté: ‘¿Qué pasó? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros?’”. Dicen los autores del informe de B´Tselem que este hombre, víctima de Sde Teiman, no dejó de temblar y llorar mientras lo narraba.

Los soldados israelíes, el orgullo nacional, los hombres y mujeres que sirven en ese ejército que ellos mismos califican como “el más moral del mundo”, esos jovencísimos reservistas que posan orgullosos frente a escuelas bombardeadas y graban reels saltando sobre escombros calientes, son el brazo –o el fusil, o los genitales, o la barandilla, o la zanahoria, perdonadme la crudeza– del Estado violador de Israel. La representación de la colonialidad y la masculinidad militarizada que necesita el régimen de guerra. Los palestinos son deshumanizados, incluso en su condición de víctimas, de “animales humanos”, sometidos a las humillaciones más salvajes que pueda producir el imaginario sanguinario de Israel. Por eso en muchos de los testimonios suena de fondo el himno nacional u obligan a las víctimas a besar la bandera o a arrodillarse al grito de Am Israel Jai.

Es inevitable volver a Abu Ghraib, la prisión de Estados Unidos en Iraq que, a diferencia de Sde Teiman, provocó una reacción mundial en 2003 cuando se revelaron sus torturas. Hania Nashef definía las violaciones a presos que se produjeron allí como la materialización del deseo civilizatorio occidental y del “orientalismo” fetichista de occidente, en el que los escenarios de violencia sexual cumplían también una función política: construir a las y los árabes y musulmanes como una “masa indiferenciada” y convertir en placer el causarles daño. El colonialismo, en fin, como máquina de deseo. Por eso había cámaras, fotos, soldados que servían de espectadores. Se desnudaba a las presas y a los presos frente a la máquina colonizadora, haciéndoles vulnerables al extremo y en última instancia, se tomaba su cuerpo, el último territorio de conquista.

No sabemos si en Sde Teiman aprendieron de Abu Grahib o viceversa, porque ya en 2015, el PCATI (Comité contra la Tortura de Israel) publicó un extenso informe sobre la violencia sexual ejercida por Israel en Palestina que hace palidecer las torturas de Irak, incluídos casos de varios menores. Probablemente a estas alturas ya no importe, porque ambos, Sde Teiman y Abu Ghraib, son indisociables, como sus perpetradores y responsables. Occidente, sumido en su verano, exigirá investigaciones, diligencia y transparencia a Israel, que seguirá agitando la increíble teoría de la “manzana podrida” mientras defiende su política de prisiones y su guerra santa. Pero a estas alturas hay que ser muy ingenuo, o muy sádico, o estar muy bien pagado, para girar el rostro frente a este vídeo. Hay motivos para creer que en los altos mandos militares de Israel hay quien consiente, tolera, y también quien incita y premia estas agresiones. Como también hay motivos para afirmar que el propio proceso de militarización-integración de las IDF conlleva esta educación en el odio para convertir a cada ciudadano y ciudadana en un potencial torturador, colono o verduga.

Pero una vez superado el servicio militar, o abandonado el ejército, ¿qué puede hacerse con una población que ha podido ejercer las más brutales violencias con el respaldo del Estado? Lo advertían las propias feministas israelíes hace pocos años, cuando salieron a la luz varios casos de violaciones grupales a mujeres en el país: las costumbres adquiridas en el ejército, unidas al refinamiento en técnicas de ciberacoso y de seguimiento, estaban pariendo generaciones de violadores de Estado. De torturadores y también de torturadoras. Contra las palestinas y palestinos, claro, pero de vuelta a casa, contra las mujeres y niñas, contra migrantes etíopes, contra la población LGBTI, contra mizrajíes… sí, “Am Israel Jai”, el pueblo de Israel vive, pero no se yo si merecerá la pena vivir para ver en lo que se ha convertido.

Desde la Guerra de los 7 días (1967), al menos 800.000 palestinos, el 20% de su población, hombres, mujeres, niños y niñas han pasado por campos de tortura como Sde Teiman. La mayoría sin cargos ni derecho a una defensa. Indefensos ante un Estado genocida, torturador y violador. Y como el soldado que ríe mientras penetran a la víctima, como el pastor alemán que jadea ante la escena, así contempla, consiente, y aplaude Occidente. Yo no sé si habrá prisión en el mundo en la que pudiera caber tanta vergüenza.


jueves, 29 de agosto de 2024

La sociedad híper: cómo el capitalismo nos hizo vivir deprisa y nos robó la pausa y el silencio, de Pablo Garnelo

 Pablo Garnelo   3 de agosto de 2024

Vivimos en una sociedad Hiper: Hiperconectada, hiperdiagnosticada, hipermedicada, hipersexualizada, hiperinformada, hipercapitalizada, hiperestresada, (y así hasta el infinito). Vivimos acelerados, sometidos por las necesidades que nosotros mismos vamos generando. Somos el coyote detrás del correcaminos. Una suerte de idea inacabada, un propósito que no se cumple. Nuestra sociedad es la viva imagen de la insatisfacción. La frustración por una vida que nos consume y nos obliga a hacernos preguntas con el propósito de llenar ese vacío que nos une como sociedad.

El scroll infinito que habitamos sacia transitoriamente nuestra codicia, apaciguando con cada nuevo estímulo el ansia de búsqueda infinita, rasgo distintivo de las colectividades de nuestros días. Sin embargo, como cualquier adicción, no hace más que alimentar y dar forma a ese espacio perenne que transita entre malestar y malestar. Uno de los progresos que internet nos ha traído con el salto tecnológico es la primacía a la cantidad, el filtro se ha desdibujado y las esperas se hacen cada vez lugares menos amables, y es por eso que permanecemos en constante movimiento, una huida perpetua hacia adelante.

Huimos para perpetuarnos. Nos organizamos para sobrevivir. Para nuestro cerebro la tarea más importante es garantizar nuestra supervivencia. Al enfrentarnos a un peligro, las personas segregamos automáticamente hormonas para aumentar la resistencia y escapar. El cerebro y el cuerpo están programados para correr hacia un lugar seguro, donde se pueda restaurar la seguridad y las hormonas del estrés puedan descansar. Así es que, cuando los niveles de las hormonas del estrés permanecen elevadas, se estimula el miedo, la rabia y la enfermedad de forma continua.

Decía el escritor David Foster Wallace que “en la cultura de la información y del internet, todo es tan rápido que no alimentamos la parte de nosotros mismos a la que le gusta el silencio” y que “hay un miedo que surge sobre el tener que estar solo y tener que estar callado en silencio, como si no quisiéramos que las cosas estén en silencio nunca más”. El silencio y la atención se nos presentan así como dos de los pilares fundamentales de nuestra identidad socio-cultural.

La velocidad del silencio, en esta nuestra sociedad hiper, no deja de ser vista como un sinónimo de fracaso, de que algo no va bien. Nada más lejos de la realidad. Nuestra sociedad penaliza el sigilo y lo iguala a un no saber, un no existir, en el que la duda como fuente de aprendizaje desaparece como posibilidad. La comunicación actual nos empuja a saber de todo un poco, a opinar sobre esto y sobre aquello y a manifestar así nuestro criterio ante cualquier estímulo llegado del exterior, sea de la índole que sea, con tal de no enfrentarnos al silencio de los demás, y lo que es peor, al nuestro propio.

Si lo examinamos con detenimiento, las redes sociales y, por consiguiente, la velocidad de la comunicación tecnológica son el enemigo número uno del silencio. Entre un tuit y una story no existen ni la pausa ni el silencio, pero tampoco existimos nosotros si no habitamos esa red de redes que nos aísla, aunque pretendamos que nos conecte.

En la sociedad actual los límites de la individualidad son cada vez más difusos. La digitalización de las relaciones, el declive del contacto físico, la supremacía de la imagen respecto a la palabra o la importancia de las satisfacciones materiales e inmediatas, prescinden de la espera, la seducción y el conocimiento pausado de los demás.

Dice la psicóloga Teresa Sánchez que el resultado al que conduce la secuencia que vivimos es cada vez más frecuente trastorno límite de personalidad, muy característico y definitorio de los tiempos posmodernos (Claves psicológicas de la actualidad informativa y social. Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, 2001). Vivir al límite, en el filo de lo real produce un sentimiento crónico de vacío y de soledad insaciables. En la era del vacío, el sujeto límite (en jerga clínica conocido como TLP o Trastorno Límite de la Personalidad) se configura en base a una subjetividad inestable e indefinida, organizada en torno a una ausencia de límites.

Hay quien considera este malestar la “dolencia de nuestro tiempo”. Quien lo soporta parece no encajar en ninguna parte, ya sea por criterios de descarte o por la exclusión ante el quebrantamiento de normas sociales. Si los profesionales de la salud mental aplicamos la prudencia y el rigor clínico de nuestro código deontológico, y de inicio despatologizamos el malestar, de ahora en adelante podemos hablar de rasgo y no de trastorno.

Este rasgo definitorio posee una clínica sumamente complejo. Según los psiquiatras Fernando Colina y Laura Martín en su “Manual de psicopatología” (La Revolución Delirante, 2020) la definición de la clínica que envuelve a estos sujetos recorre un limbo entre la manipulación y el conflicto o la inestabilidad y una fragilidad emocional extrema que dan pie al florecimiento de una clínica consecuente apartándolos de las condiciones básicas del deseo.

La pérdida de los vínculos personales

La fugacidad de lo experiencial afecta a los vínculos emocionales entre las personas, a los llamados vínculos de apego: nadie se aferra sustancialmente a casi nada, ni a las cosas ni a las personas. Es así como el filoneísmo se nos presenta como una adicción posmoderna: la necesidad autoimpuesta de cambios esenciales en nuestra vida en breves espacios de tiempo. Esa necesidad ansiosa de cambio no es fruto de una decisión racional, sino del marketing de consumo capitalista, de la cultura del desecho, del desapego y de la superfluidad del instrumento capitalista. La velocidad de la vida nos individualiza, segrega la fuerza de lo colectivo y nos hace vulnerables como especie. Una manifestación de la patología bulímica del consumo que circunda nuestra era.

Lo hiper nos transforma en transeúntes del tiempo, instalados en una suerte de imperio de lo efímero, donde la conciencia se encuentra sometida a lo superficial, como cuenta Lipovetsky en su libro “El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas.”

Habita una pulsión de muerte en esta nuestra sociedad Hiper. Afirma el psiquiatra Fernando Colina en “Deseo sobre deseo” (Enclave de libros, 2022) que si, como decía Freud en “Más allá del principio del placer” la meta de toda vida es la muerte, la renuncia a lo orgánico, la aparición de lo mecánico y artificioso, culpable de nuestros malestares, no sería más que el triunfo rotundo de una pulsión destructiva.

Existe un lagarto de apariencia similar a la iguana, de temperamento nervioso y acelerado, con una notable habilidad para caminar sobre la superficie del agua cuando afronta situaciones de peligro, desplegando unos lóbulos dérmicos que funcionan como aletas. Cuando reduce la velocidad, se hunde y tiene que nadar del modo normal al de cualquier otro lagarto. En este sentido, no es difícil observar una analogía entre la concepción del tiempo de la cultura occidental y la velocidad del lagarto. En occidente el tiempo es lineal, una flecha que une los puntos A y B, al contrario ocurre en Oriente en donde el tiempo es percibido como algo cíclico, algo que viene y va al mismo tiempo y se renueva constantemente como el aire que respiramos.

La conexión se refleja en el ritmo urgente de la vida capitalista en la que nos vemos inmersos. En cierto modo, existimos para servir al capital. Cuanto más tiempo dedicamos a producir más improductivos nos volvemos, tendemos a cometer más errores y lo que es peor, somos más infelices. A parte de las dolencias y patologías producidas por el estrés y ansiedad del sistema.

La palabra japonesa Karoshi significa muerte por exceso de trabajo y consiste en aumentar las horas de trabajo y productividad “mientras el cuerpo aguante”. En el año 2001 en Japón se llegó a una cifra récord: 143 víctimas de la karoshi. El exceso de trabajo es un riesgo para la salud ya que deja menos tiempo y energía para el ejercicio y nos hace más proclives a beber alcohol o alimentarnos de una manera cómoda pero inadecuada. No es coincidencia que algunas de las naciones más rápidas sean también a menudo las que tengan unos índices de obesidad más altos. Muchas personas, a fin de mantenerse al ritmo marcado por la producción aumentan el consumo de estimulantes como el café o la cocaína, así como las anfetaminas, todas ellas sustancias más adictivas que la heroína y que pueden provocar depresión, agitación y conductas violentas.

Dice el periodista Carlo Honoré en su libro “Elogio de la lentitud” que se hace inevitable que una vida acelerada se convierta en superficial. Cuando nos apresuramos, rozamos la superficie y no logramos establecer verdadero contacto con el mundo o las demás personas. A este respecto, el exceso y la autoexigencia han sido clave en algunos de los mayores desastres de la era moderna: Chernobyl, Exxon Valdez, la isla de las Tres Millas, Desastre de Bophal o el accidente del transbordador espacial Challenger.

La lentitud no está a la altura de todos bolsillos

La lentitud también puede servirse en el menú del privilegio. Una carta no accesible para todos los bolsillos. Leí hace unos días una reflexión que focalizaba, no solo a internet en general, sino a Google Maps en particular como una de las mayores fuentes de una constante e inquebrantable insatisfacción. Elegir la ruta más rápida, propiciada por las exigencias y presiones de la empresa explotadora del capital, nos hace transitar por la vida acelerada. Impidiéndonos así la posibilidad de transitar por la novedad que nos aporta el error, no tan acelerado y accesible.

La sociedad Hiper premia lo rápido y lo rentable, acarreando importantes consecuencias psicológicas en la sociedad, como un síndrome de hiperactividad apuntando directamente a un consecuente déficit de atención, ante la imposibilidad de responder a tantos estímulos simultáneamente. Tras esto puede aparecer el hastío y las dificultades cognitivas y anímicas, caldo de cultivo de estados de ansiedad o patologías vinculadas al estado de ánimo.

Como consecuencia de esta hiperactivación, según el autor A. Finkielkraut (“La humanidad perdida”) corremos el riesgo de perpetuar la adolescencia de nuestra sociedad, ávida de novedades permanentes, de expansión y en busca de su propia identidad. Esta nueva sociedad adultescente, será víctima así de una intolerancia al aburrimiento y por consecuente presa de nuevos ansiolíticos, estimulantes y sedantes, que amortigüen el vacío.

Ante esta vida acelerada debemos abrazar la idea de fracaso. Cuando hay una identificación muy fuerte entre nosotros y nuestro trabajo corremos el riesgo de que nuestra identidad se tambalee si peligra nuestro trabajo. La mercantilización del bienestar suele estar patrocinada, igual que lo está el ocio y la felicidad en la industria del entretenimiento, ya un campo fértil para entidades financieras, líderes del sistema capitalista más perverso. “Inténtalo otra vez, fracasa mejor” dijo Samuel Becket. Estar mal no es necesariamente sinónimo de fracaso. El mutismo no ha de ser una decepción, sino una opción. Sin embargo, el aburrimiento sí es una prueba viva de la soledad, un primer peldaño hacia la angustia de lo límite. Finalmente, el silencio, la espera y el saber aburrirse son condiciones indispensables para sostenernos en el mundo del deseo de la sociedad hiper.

Cuando el mayor vertedero de España se convierte en una cuestión de transparencia en los tribunales, de Carmen Bachiller

 Carmen Bachiller   4 de agosto de 2024

El convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado y la empresa Reciclados del Marquesado SL, que gestiona el mayor vertedero privado de España en esta localidad conquense, ha llegado a los tribunales. En concreto a la Sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).

La razón es la negativa del alcalde, Álvaro Martínez Chana, a facilitar el documento con los detalles del acuerdo que permite a esta empresa, dependiente del Grupo Griñó, explotar la instalación.

Ecologistas en Acción de Cuenca ya solicitó información en agosto de 2018 sobre los trámites de autorización del macrovertedero de la localidad. No hubo respuesta.   

En 2021 la planta entró en funcionamiento en una superficie de casi 69 hectáreas, con 60 empleos -en realidad según los datos del Registro Mercantil hay 15 en 2024- y una inversión de más de 15 millones de euros. Ese año la organización ecologista volvió a pedir información, esta vez de forma explícita sobre el convenio, para conocer la compensación que ofrece la empresa “por los perjuicios causados por este macrovertedero tan impactante”.

En octubre de 2023, la respuesta llegó mediante un decreto de Alcaldía en el que no se admitió a trámite la solicitud presentada por Antonio Jorge San Vicente, de Ecologistas en Acción la Manchuela.

En sus argumentos, el alcalde explicó que el solicitante, Antonio Jorge, no había acompañado “documento alguno que acredite la representación que dice ostentar”. Además, dio por hecho que “la Asociación Ecologistas en Acción fue parte en la tramitación ambiental del expediente sin que entonces ”formulara alegaciones y que, por haber sido parte, dicha asociación dispone ya de la documentación que ahora se solicita“.

También aducía el alcalde la imposibilidad de facilitarla “visto el volumen de la información solicitada, los medios limitados con los que cuenta este ayuntamiento y que atender a la solicitud en los términos tan amplios en los que se formula, supondría paralizar cualquier otra actividad municipal durante días”. Y finalmente alegaba que esta misma petición “ya ha sido formulada en otras ocasiones” y que el Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado ya había resuelto sobre la cuestión.

 “Lo que nos ha sucedido es kafkiano desde que decidimos continuar con un tema que viene de largo”, explica Antonio Jorge quien dice estar sorprendido por las formas. “Poco menos que nos dijeron que estábamos abusando y que como son un ayuntamiento pequeño no pueden dedicarse a esos trámites”. En su opinión, se trata de “maniobras dilatorias cuya única finalidad era la de marear la perdiz”.

El siguiente paso fue recurrir al Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. “Contestamos en tiempo y forma al decreto para que no nos dejasen fuera de juego. Tuvimos que recurrir al Consejo Regional de Transparencia que dictó a nuestro favor. Tenemos derecho porque es información pública y además a tenerla en el plazo de diez días”, resalta el ecologista.

El Consejo Regional de Transparencia había dado la razón a Ecologistas en Acción en una resolución fechada en abril de 2024 en la que dicta “que se proceda a la revocación o rectificación de la Resolución por decreto de Alcaldía” y que se facilite “en concepto de información pública” una copia íntegra del convenio firmado entre Reciclados del Marquesado, S.L. y el ayuntamiento, así como el expediente completo relacionado con dicho convenio.

Sin embargo, se dejó abierta la puerta para que, en el plazo de dos meses, el Ayuntamiento pudiera interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Y así lo hizo. El consistorio lo presentó. Fue notificado a Ecologistas en Acción con fecha 19 de junio de 2024 en una nueva resolución del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, emplazando a los interesados a personarse en el proceso en el plazo de nueve días. “Nuestra sorpresa fue la notificación, ya tiempo después, por parte del propio Consejo Regional de Transparencia de que el Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado había recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha”, relata Antonio Jorge.

La Sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) ha admitido a trámite el recurso presentado por el ayuntamiento, según han confirmado fuentes judiciales. La Sala solicitó el expediente relativo al acuerdo que se ha recurrido y dicho documento ya obra en su poder, según las mismas fuentes. 

La Asociación Ecologistas en Acción de la Manchuela se ha personado en el proceso. “Estamos a la espera de saber qué argumentos esgrime el ayuntamiento. Hasta ahora solo conocemos los argumentos formales que ya nos comunicó. No conocemos ninguna razón de fondo”, explica Antonio Jorge San Vicente, quien sostiene que “tenemos meridianamente claro que se trata de información de acceso público: hablamos del convenio de un ayuntamiento con una institución privada”.

A la organización ecologista le asalta la sospecha ante la insistencia por parte del ayuntamiento de no facilitar los datos. “Nos da una idea de la gravedad del asunto y esto es un intento de ocultación de información. ¿A qué se debe? Si no tienes nada de esconder, la das a conocer y ya está. ¿Cómo es posible que un ayuntamiento le ponga un contencioso al Consejo de Transparencia?”, se pregunta.

Un polémico macrovertedero

Este “complejo medioambiental de gestión de residuos”, como consta en todas las resoluciones por parte de las administraciones públicas cuenta con autorización ambiental integrada desde febrero de 2016, que se renovó en 2020, y la primera autorización por parte del Gobierno regional para las operaciones de gestión y tratamiento de residuos se remonta a agosto de 2019.

En abril de este año 2024,  Ecologistas en Acción de Cuenca anunció su intención de denunciar la gestión de un macrovertedero en Cuenca por presuntas irregularidades en la infraestructura, porque aseguran que se están recibiendo residuos “ilegales”, aunque todavía no se ha concretado ninguna denuncia.

La organización ecologista ya había pedido en 2021 el cierre cautelar de la planta tras registrarse un incendio. En 2022, la Guardia Civil detuvo a cinco trabajadores por traficar con tabaco decomisado en estas instalaciones. La empresa aseguró entonces en un comunicado que “nunca antes habían tenido ningún indicio de anormalidad en el tratamiento de este tabaco decomisado y siempre habían establecido el seguimiento estricto que establece la ley para estos casos”.

Según la última inspección por parte de la Junta de Castilla-La Mancha a la que ha tenido acceso elDiarioclm.es sobre el grado de cumplimiento de la autorización ambiental de la instalación, la empresa realiza un cumplimiento “muy bajo” en tres cuestiones “muy relevantes” de los permisos y otras cuatro más en las que el cumplimento es “bajo”. Se refiere en concreto a aspectos administrativos y prescripciones generales, al vertido de aguas o a las prescripciones como gestor de residuos. En el informe fechado el 5 de abril se insta a la empresa a solventarlo.

A la espera del pronunciamiento del Alto Tribunal castellanomanchego, este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado y con el Grupo Griñó para conocer su versión en todas estas cuestiones. Sin respuesta por el momento.

miércoles, 28 de agosto de 2024

Las Palmas de Gran Canaria sigue pagando la herencia envenenada del exministro Soria dos décadas después, de Iván Suárez

 Iván Suárez   4 de agosto de 2024 

 

La potabilizadora que costó 70 millones de euros y no se podía usar. La biblioteca prometida que nunca estuvo en la base del rascacielos con las vistas más privilegiadas de la ciudad, construido en la parcela que ocupaba un inmueble modernista que primero desprotegió y luego ordenó derribar con nocturnidad. La biblioteca que sí se construyó, pero con una licencia ilegal y haciendo de barrera para las vistas de unos vecinos a los que ahora hay que indemnizar con más de cinco millones. El esqueleto de dos torres de viviendas de quince plantas que hizo ganar a un intermediario nueve millones de plusvalía. O la nave abandonada que un día albergó una fábrica de tabacos y fue comprada a un empresario por 12 millones, siete más de lo que se pedía por ella un año antes.

Hace ya 21 años que José Manuel Soria dejó de ser alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, pero la herencia envenenada de algunas de sus decisiones y proyectos han ocasionado y siguen ocasionando un perjuicio a la ciudad. O incluso al Estado. El último ejemplo es el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del pasado 18 de julio que cuantifica en 5,34 millones la indemnización que la administración central debe pagar a unos vecinos para evitar el derribo de la Biblioteca del Estado, un edificio autorizado por el Gobierno municipal liderado por Soria pese a que contravenía el planeamiento urbanístico. 

Soria fue alcalde de la capital grancanaria en dos mandatos consecutivos, entre 1995 y 2003. Se afilió al Partido Popular (PP) a principios de 1992, tan solo tres años antes de concurrir por primera vez a unas elecciones como cabeza de lista de la formación conservadora y obtener su primera mayoría absoluta. En 1984 había obtenido una plaza como técnico comercial y economista del Estado y, hasta su irrupción en la primera línea política, había trabajado como asesor del socialista Carlos Solchaga en el Ministerio de Economía o como jefe de gabinete en la Secretaría de Estado de Comercio, también con el Gobierno del PSOE. En los seis años inmediatamente anteriores a su primera incursión política presidió la consignataria Oceanic, un negocio familiar. 

José Manuel Soria.

En 1999 amplió su mayoría y se convirtió en el líder del PP en las Islas. Tras su paso por la sexta planta del antiguo hotel Metropol, sede de la Alcaldía capitalina, Soria fue escalando en su carrera política (primero como presidente del Cabildo de Gran Canaria y después como vicepresidente del Gobierno de Canarias) hasta llegar al Consejo de Ministros. Ostentó la cartera de Industria, Energía y Turismo desde 2011 hasta abril de 2016, fecha en la que se descubre, a raíz de la investigación periodística sobre los papeles de Panamá, que había sido administrador de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Jersey. Soria se vio forzado a dimitir por lo que su partido tildó de “error de comunicación”. 

A pesar de los ocho años transcurridos desde su salida de la primera línea política y de los 21 que han pasado desde que dejó la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, el nombre de José Manuel Soria regresa a la palestra de forma recurrente, bien por sus negocios o bien por las sombras de su gestión que aún pagan los vecinos y vecinas de la ciudad. Este es un recorrido por los episodios más polémicos de aquella etapa.  

La Biblioteca Pública del Estado 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria otorgó licencia para construir la Biblioteca Pública del Estado en 1997, en el primer mandato de Soria. El edificio se sitúa en la primera línea del frente marítimo, a escasos metros del céntrico parque de San Telmo, de la estación de guaguas y de la calle de Triana, arteria comercial histórica de la ciudad. 

El concejal de Urbanismo era entonces Jorge Rodríguez, otro histórico del PP que años después sería acusado y finalmente absuelto de dos delitos de tráfico de influencias en el llamado caso Grupo Europa, al concluir la Sala del TSJC, presidida por José Ramón Navarro Miranda (nombrado presidente de la Audiencia Nacional mientras se celebraba ese juicio), que había intercedido por la empresa de ese nombre ante ayuntamientos gobernados por su partido, pero que esa presión no había sido determinante para que se le adjudicaran concursos de vivienda pública. Rodríguez es ahora el abogado del exjuez corrupto Salvador Alba en la querella por la que se ha abierto juicio contra Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, para quien el presidiario pide 23 años de cárcel. 

La autorización para la construcción de la Biblioteca del Estado fue anulada en 2002 por el TSJC, en una sentencia confirmada por el Supremo y firme desde 2006. 

El permiso otorgado por el Ayuntamiento liderado por Soria contravenía el Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria, que exigía redactar un plan especial. Además, según la sentencia, se vulneró la normativa en relación con las zonas verdes, privando a la ciudad de una superficie de más de 800 metros cuadrados para este fin, y se ubicó el edificio “en un emplazamiento totalmente distinto” al contemplado en el proyecto. La biblioteca en primera línea del frente marítimo relegó y dejó sin vistas a los vecinos del edificio San Telmo. La comunidad de propietarios denunció y ganó. 

La ejecución de esa sentencia se ha demorado 18 años. Distintas administraciones intentaron por diversas vías evitar el derribo al que obligaba la sentencia. El Supremo rechazó que se pudiera sustituir la demolición por una indemnización a los vecinos afectados o que se pudiera proteger el edificio a través de la Ley de Patrimonio Histórico. 

El caso acabó en el Constitucional, que este año ha avalado la última de las soluciones planteadas, consistente en expropiar, a través de una norma con rango de ley (los Presupuestos Generales del Estado de 2016), los derechos de ejecución de la sentencia firme. Esta decisión obligaba a indemnizar a los propietarios del edificio San Telmo en una cuantía que el TSJC ha cifrado recientemente en 5,34 millones de euros. A pesar de que la licencia ilegal fue concedida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el primer mandato de Soria, será el Estado quien asuma el pago de esas cantidades.  

El rascacielos Woermann 

Desde hace dos décadas, en el perfil de la playa de Las Canteras, emblema de la ciudad, sobresale un edificio de 76 metros de altura, fachada acristalada con un llamativo juego de colores y una torsión en sus plantas superiores. El Woermann se inauguró en 2005 y hoy es uno de los iconos de la capital. Sin embargo, la operación urbanística que lo permitió, pergeñada durante la etapa de Soria como alcalde, también estuvo salpicada de polémica.  

En la parcela donde hoy se levanta el rascacielos había hasta 1997 un edificio que fue sede de la empresa consignataria alemana Woermann―Linie Ltda. El inmueble estaba incluido en el catálogo de edificios protegidos por su alto valor histórico y arquitectónico. Desde su llegada al poder en 1995, el alcalde Soria y su concejal de Urbanismo, Jorge Rodríguez, se propusieron tirar la casa Woermann, que se había convertido en refugio para personas sin hogar y estaba deteriorada. Para ello, primero declararon su estado de ruina, facilitando su desprotección, y después ordenaron demolerla de urgencia una noche de marzo de 1997. 

Un solar de casi 7.000 metros cuadrados quedaba expedito y ahí surgió el debate de qué hacer en él. Soria era partidario de cambiar el ordenamiento y levantar una torre. Los partidos de la oposición veían un interés especulativo. Incluso en el propio PP había reticencias. Dos de sus concejales se negaron porque consideraban que lo que necesitaba esa parte de la ciudad, el istmo de Guanarteme, era un gran parque, una zona verde.

La operación se pudo ejecutar en el segundo mandato de Soria. Además de ampliar su mayoría absoluta en las elecciones de 1999, el líder popular había eliminado la disidencia interna, dejando fuera de las listas a los concejales discrepantes. Los acontecimientos se precipitaron. Primero se propuso una modificación urbanística que fue aprobada en junio de 2000 por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias. Un año después, en 2001, el Ayuntamiento adjudicó a Ferrovial la construcción del edificio diseñado por los arquitectos Iñaki Ábalos y Juan Herreros con el apoyo de Joaquín Casariego y Elsa Guerra. 

Una parte del edificio se destinaría a oficinas y otra, a uso residencial. Como contraprestación por el aprovechamiento urbanístico, el proyecto preveía que en la planta inferior se ubicara una biblioteca para disfrute de los vecinos, ya que en esa zona no había. Esa promesa jamás se cumplió. La torre se erigió, pero nunca albergó una biblioteca. 

A partir de la operación del Woermann se sucedieron una serie de permutas de solares en las que estuvieron involucrados, además del ayuntamiento, ya sin Soria (lo sustituyó en la Alcaldía su compañera de partido Josefa Luzardo), la eléctrica Unelco (ahora Endesa) y la empresa pública Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa).  El lugar donde debía estar la biblioteca es hoy, previa subasta, sede de esa empresa pública del Gobierno canario. A cambio, el Ayuntamiento recibía un solar en Tafira Alta con el objetivo de recalificarlo (de uso dotacional―educativo a residencial) y permitir la construcción de 26 chalés. 

Unelco también se asentó en el Woermann. Como contraprestación, la administración local logró terrenos que tampoco destinó al uso público y deportivo previsto. 

La potabilizadora 

A la entrada de la ciudad se ubica una instalación que constituye la herencia envenenada más costosa de la etapa de Soria como alcalde. Se trata de la desaladora Las Palmas―Telde, una inversión “fallida” de 70 millones de euros, tal y como la definió en un informe Rafael Bolívar, interventor de Emalsa, la compañía mixta (de gestión público―privada)  encargada del ciclo integral del agua en Las Palmas de Gran Canaria. 

La planta se adjudicó en 2001, durante el segundo mandato de Soria. Una de las potabilizadoras del complejo de Piedra Santa se había quedado obsoleta y el gobierno municipal pretendía reforzar la producción y lograr agua de alta calidad. Para ello, eligió una desaladora que funcionaba con un sistema de destilación multiefecto (MED), con sucesivas etapas de evaporación y condensación para convertir el agua de mar en agua dulce. 

La desaladora fue financiada en su mayoría con fondos europeos, pero de ella nunca se obtuvo una gota de agua para consumo humano. Y es que, pese a las advertencias técnicas previas, se eligió un sistema que, para su puesta en funcionamiento, requería entre cuatro y cinco veces más combustible que las plantas de ósmosis inversa, que purifican el agua eliminando las partículas de suspensión. 

Para su implementación, Emalsa puso como condición que se incrementara la tarifa del agua hasta cubrir el coste de producción.  En esas condiciones, era inviable su uso. El interventor de Emalsa advirtió en un informe de 2015 de que esa planta de 70 millones de euros se oxidaba desde hacía una década junto al mar. En el mandato 2007―2011, con el socialista Jerónimo Saavedra como alcalde, el Ayuntamiento buscó alternativas para poder poner en marcha la desaladora. Se barajó el uso de renovables para arrancar el mecanismo y abaratar costes, pero esa opción tampoco se pudo materializar. 

La sombra de Soria también aparece en el llamado caso Isolux, vinculado con la adjudicación de dos módulos de desalación de agua a la empresa de ese nombre en contra de los informes técnicos. Ese contrato se firmó en septiembre de 2003. La propuesta presentada al concurso por Isolux había sido una de las peor valoradas (la novena) de entre las licitadoras, pero el gobierno entonces liderado por Josefa Luzardo encargó a otro técnico que volviera a baremar. Ese informe situó a Isolux como ganadora del concurso. 

Soria se querelló contra el director de Canarias Ahora por decir que, en las postrimerías de su segundo mandato (1999―2003), había dejado enfocado el concurso y había dado instrucciones a su sucesora en el cargo sobre el sentido de la adjudicación. El periodista fue absuelto del delito de injurias y calumnias del que le acusaba el líder del PP en Canarias. Durante el juicio, un testigo, el empresario Rafael González Bravo de Laguna, admitió que había recibido “sugerencias” de Soria para retirar el recurso que había presentado contra esa polémica adjudicación a la empresa Isolux. Una aseveración que, en opinión de la jueza, acreditaba el “interés” del exalcalde por los avatares de ese procedimiento. 

Las torres del Canódromo 

El itinerario de los escándalos urbanísticos de la era Soria lleva también a la parte alta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En el populoso barrio de Schamann se erigen desde hace años los esqueletos de dos torres de quince plantas, estampa de una de las operaciones más controvertidas de su paso por la Alcaldía. Cuando se ideó el convenio, Schamann era la zona más colmatada de viviendas de Canarias y con menos zonas verdes, según recogía el Plan General de Ordenación vigente. Ello no fue obstáculo para recalificar suelo y convertir un parque en suelo urbanizable. Era el segundo mandato de Soria y el concejal de Urbanismo ya no era Jorge Rodríguez, obligado a dimitir al final del primero por un trato de favor a la empresa de una amiga íntima, sino Juan José Cardona, quien años después sería también alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. 

La parcela se conoce como el Canódromo porque en los años 70 del siglo pasado se celebraban en ese parque carreras de galgos. Ocupa más de 20.000 metros cuadrados. 

El acuerdo urbanístico se firmó en 2002 con Urbacan, filial de la promotora Inprocansa, que tenía una opción de compra de los terrenos. La permuta obligaba a la empresa a arreglar y repavimentar el abandonado parque, que quedaba en manos municipales. El coste de estos trabajos rondó los 800.000 euros. A cambio, la constructora conseguía suelo urbanizable en la esquina del Canódromo donde se acabarían levantando las torres (confluencia de las calles Obispo Romo y Henry Dunant) y otros dos solares en Almatriche y Las Torres. 

Días después de inscribir esas parcelas a su nombre, Urbacan las vendió a Realia y obtuvo una plusvalía de 9 millones de euros. Por el solar de Las Torres percibió 7,5 millones cuando el Ayuntamiento lo había tasado en 3. La esquina del Canódromo, que la administración había valorado en 2,5 millones, se vendió por 7 millones. 

El gobierno municipal, ya con Luzardo como alcaldesa, concedió licencia a Realia para la construcción en esa esquina de dos torres de quince plantas, con 120 viviendas, 165 plazas de aparcamiento y 101 cuartos trasteros. Tras la firma de ese Plan Especial del Canódromo, en el año 2003, la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta (Avecalta) emprendió una batalla judicial. Y ganó. En marzo de 2014 el Supremo daba firmeza a la sentencia que anulaba los planes urbanísticos que habían recalificado el suelo y permitido la construcción de las torres (en aquel momento, sólo se había levantado una) pese a que la zona estaba colmatada. 

No sería, sin embargo, el final del pleito. Las obras se reanudaron en agosto de 2019. Antes, el Ayuntamiento había aprobado otros dos Planes Generales de Ordenación (2005 y 2012) y había vuelto a dar licencia para la construcción de las torres del Canódromo. En 2022 la justicia dio otra vez la razón a los vecinos y anuló esos permisos porque los nuevos planes habían replicado las irregularidades que llevaron a tumbar el primero. 

En caso de que al final las torres no se puedan terminar de construir (la sentencia no es firme), el Ayuntamiento podría enfrentarse a una reclamación millonaria de la empresa. Javier Doreste, concejal de Urbanismo entre 2015 y 2023, llegó a cuantificar en 25 millones de euros la indemnización que tendría que asumir la ciudad por este pleito que deriva de la operación urbanística fraguada por José Manuel Soria y Juan José Cardona. Contra este último se abrió un procedimiento penal que fue archivado.

La Favorita 

La ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria conoce como la subida de la Tropical la sinuosa y empinada carretera en la que se ubica la fábrica de la compañía cervecera de ese nombre. En uno de los márgenes de esa vía, unas cuantas curvas y metros por encima, se encuentra la amplia nave de La Favorita, que debe su nombre a los cigarrillos que allí producía en el siglo pasado la empresa del industrial Eufemiano Fuentes. La Favorita es otro de los puntos en el mapa de los escándalos urbanísticos de la era Soria. 

La historia se remonta al año 2002, segundo mandato del dirigente popular. El Ayuntamiento compra por doce millones de euros la vieja fábrica de tabacos, que entonces estaba abandonada y tenía problemas de aluminosis, para usarla como almacén municipal. La tabaquera llevaba un tiempo intentando desprenderse de ese edificio. Se lo había ofrecido a la empresa editora del periódico Canarias 7 por unos 5 millones de euros a principios de 2000. Sin embargo, fue un empresario conectado con el PP, Santiago Santana Cazorla, quien se hizo con una opción de compra por 5 millones de euros en 2001. Un año después, vendía la nave por 12. Un negocio de 7 millones. 

Soria se ausentó de la comisión de gobierno que autorizó la compra de la nave abandonada. Esa reunión fue presidida por Francisco Hernández Roca, entonces concejal de Hacienda. Un día antes, este edil del PP había regresado a la capital grancanaria tras un viaje relámpago de 24 horas a la ciudad suiza de Zúrich. En esos días, tal y como publicó Canarias Ahora, la empresa Hermanos Santana Cazorla, a través de su filial Iniscan, creó la sociedad Calle Cervantes SA y abrió una cuenta en Suiza que nunca fue investigada. 

Canarias Ahora publicó esas informaciones porque disponía del número de cuenta de esa empresa y del extracto Iberia Plus del viaje del concejal. Soria se querelló contra el director de este periódico por unos sueltos en la sección entonces llamada Top Secret que relataban cómo se había producido ‘el pase’ de La Favorita. El líder del PP canario consideraba que se le había atribuido un delito de cohecho en relación con lo descubierto sobre el viaje y la cuenta de Suiza. El caso acabó en la Audiencia Provincial de Las Palmas, que acabó condenando a Carlos Sosa a una multa de 18 meses a razón de 40 euros de cuota diaria y a pagar al entonces presidente del Cabildo una indemnización de 4.000 euros. 

El ponente de esa sentencia fue Salvador Alba, que en la actualidad cumple una pena de seis años y medio de cárcel por sus maniobras delictivas para intentar acabar con la carrera política y profesional de Victoria Rosell cuando la magistrada pidió la excedencia para concurrir a las elecciones generales en las listas de Podemos. La jueza, pareja de Carlos Sosa, tuvo como rival en esos comicios a José Manuel Soria, quien meses después presentó una querella contra Rosell utilizando párrafos de un informe reservado de Alba. 

Se da la circunstancia de que el abogado que presentó la querella de Soria contra Rosell, finalmente archivada, fue Eligio Hernández, exfiscal general del Estado. Es decir, el mismo letrado que había ejercido la defensa de Carlos Sosa en el caso de La Favorita y que había decidido que en ese juicio no prestara declaración el demandante, el propio Soria, evitando así que pudiera incurrir en contradicciones. 

La justicia española nunca investigó los datos que tenía en su poder sobre la coincidencia de la cuenta y el viaje a Suiza. La Fiscalía del país helvético sí se pronunció sobre esas noticias publicadas en Canarias Ahora. “Las informaciones proporcionadas en el periódico digital mencionado (...) me parecen muy detalladas y me parecería muy importante verificar y saber de dónde vienen estas informaciones. En particular, yo no entiendo de dónde obtiene el periódico la información sobre el número de la cuenta y el hecho de que en una determinada fecha tuvieran lugar movimientos si no fue el mismo titular de la cuenta quien comunicó eso, porque esas informaciones están bajo el secreto bancario y solamente están accesibles al titular de la cuenta o a una persona con plenos poderes otorgados por el titular de la cuenta”, expuso. 

Tras la compra de la fábrica de La Favorita, y debido a su estado de abandono, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tuvo que gastar unos tres millones de euros para acondicionar la nave, dos de ellos para sustituir los techos de amianto. Desde hace unos años, se utiliza también como albergue de animales. 

La bandera 

Ya no era alcalde, sino presidente del Cabildo de Gran Canaria, pero en el año 2006 Soria adoptó la extravagante decisión de instalar en la céntrica plaza del Fuero de la capital ―conocida popularmente como la Fuente Luminosa―, a escasos metros de la biblioteca a la que había concedido una licencia ilegal, una enorme bandera de 300 metros cuadrados, a imagen y semejanza de la que ondea en la plaza de Colón de Madrid. 

Hasta los que no la quieren se la van a tener que tragar”, dijo entonces. Sólo la contratación del mástil costó 360.000 euros, a lo que se sumaba un coste de mantenimiento superior a los 47.000 euros anuales. A las pocas semanas de su instalación, la bandera cayó de madrugada sobre la carretera colindante, aunque por la hora en que se produjo no hubo que lamentar daños ni víctimas. 

Trece años después, en 2019, el Cabildo de Gran Canaria, entonces con un grupo de gobierno tripartito (Nueva Canarias, PSOE y Unidas Podemos), ordenó desmontar el mástil y trocearlo para venderlo como chatarra por razones de seguridad. Costó 12.000 euros.