2) Maldito déjà vu
En Argentina, Javier Milei va por más y esta semana relanzó la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), un organismo que fue clave en la estructura de la última dictadura y, ya en democracia, tuvo siempre participaciones polémicas, operaciones oscuras y gastos reservados que, en la mayoría de los casos, se utilizaron para espiar periodistas y opositores al gobierno de turno.
La estructura de la SIDE había sido disuelta por Cristina Fernández en 2015 y en su lugar se estructuró la AFI. Ahora, el Gobierno de Milei hizo el movimiento contrario y, después de repetir como maniático que no hay plata, le otorgó un presupuesto ciego de 100 mil millones de pesos (unos 99 millones de euros). Así como lo leéis. Casi cien millones de euros para gastar sin rendir cuentas al congreso ni a la oposición ni al público. Un 391% más que los gastos que le asignó la gestión de Alberto Fernández.
Mediante un decreto, estableció que el viejo/nuevo esquema tendrá bajo su órbita cuatro organismos desconcentrados, de los cuales no quedan del todo claras funciones y delimitaciones, y que serán comandados, al menos dos de ellos, por autoridades importadas de los años neoliberales de Carlos Menem.
Tal como contó el portal argentino Letra P, los cambios se dieron en respuesta a la grave crisis interna en el gobierno que derivaron en el desplazamiento del por entonces interventor de la AFI, Silvestre Sívori y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Sobre ellos pesaban las sospechas de haber montado un aparato ilegal de espionaje dentro del Gobierno.
Según el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), que expresó su rechazo a la reforma, uno de sus aspectos más regresivos es “que vuelve a abrir la posibilidad de que el Poder Judicial use a los organismos de inteligencia como sus auxiliares”. En un comunicado, la organización sentenció que “durante estas décadas, los escándalos políticos derivados de operaciones de inteligencia y las irregularidades que resultaron en violaciones de derechos humanos llevaron a que se discuta la necesidad de reforzar los controles parlamentarios e independientes de las agencias de inteligencia. Esta reforma no promueve ninguno de ellos e incluso los debilita, por ejemplo al quitar el acuerdo del Senado para el nombramiento del titular”.
3) El agua
“El agua es un recurso vital sin el cual no hay crecimiento ni futuro”, sentenció el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, durante la primera jornada de la cumbre que reunió esta semana a los ministros de Desarrollo del G20 en Río de Janeiro. Los representantes de las principales economías del mundo están preocupados porque, según expresaron en un documento, los objetivos propuestos requieren “multiplicar por seis el ritmo actual de progreso en materia de agua potable gestionada de forma segura, por cinco el de saneamiento gestionado de forma segura y por tres el de higiene básica”.
Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en América Latina la situación hídrica es compleja: se espera que allí la demanda de agua continúe creciendo, aumentando en un 43% para el 2050, casi el doble del crecimiento promedio global que se proyecta en un 20-25%.
En la región, México –sobre todo, su capital– se presenta como un caso extremo, con una aguda crisis de agua debida a la confluencia de varios factores (en 2023 registró su año más seco, por ejemplo). En Uruguay y Argentina, la sequía golpeó fuerte en los últimos dos años, lo que obligó a posar la mirada sobre la deforestación, las prácticas de agricultura no sostenible, el mal manejo del suelo y otros factores como los incendios intencionales y el extractivismo.
En Colombia, la crisis hídrica también se ha convertido en un problema mayúsculo sobre todo en Bogotá, lo que llevó al gobierno a tomar medidas concretas para limitar su uso. Y Chile directamente se encuentra entre los 25 países con mayor estrés hídrico del mundo.
Esta investigación de Data Crítica y Quinto Elemento LAB muestra cómo la extracción de agua, fuera de control, está provocando que los pozos sean un riesgo al intensificar la liberación de arsénico y fluoruro en el líquido de millones de mexicanos.
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