La iniciativa ha sido presentada por portavoces de Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, Comunidad Palestina de Catalunya, Centre Delàs, Greenpeace, la Confederación de Asociaciones Vecinales, Regularización Ya y CGT Confederal.

El texto ha sido asumido, respaldado y convertido en proposición de ley por los grupos de la izquierda en el Congreso: Sumar, ERC, Podemos, EH Bildu y el BNG, que han apoyado a estas organizaciones durante la presentación del texto en la Cámara Baja.

La medida implica la reforma de Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. En concreto, el texto introduce la figura del embargo para interrumpir la compra y venta de armas y material de defensa a Israel.

La iniciativa contempla el embargo de armas a aquellos Estados que hayan sido demandados ante un tribunal internacional cuya jurisdicción haya sido ratificada por España por la comisión de un crimen de genocidio o crímenes de lesa humanidad.

Comercio de armas con Israel después del 7 de octubre

"El embargo de armas es una medida esencial dentro del conjunto de herramientas diplomáticas y coercitivas disponibles para los Estados que integran la comunidad internacional, dirigida a preservar la paz y la seguridad global, proteger los derechos humanos y prevenir el comercio ilícito de armas", reza el documento en su exposición de motivos.

Durante la presentación de la iniciativa en el Congreso, los portavoces de las distintas organizaciones sociales han afeado a Pedro Sánchez y al Gobierno sus "contradicciones" respecto al conflicto en Palestina. Sobre todo han criticado duramente la compra de armas a Israel que el Ejecutivo ha efectuado, pese a asegurar que desde el 7 de octubre no se habían producido más operaciones comerciales de material de defensa con el Estado israelí.

"La paz no se construye con deseo, sino con mecanismos que consigan frenar los conflictos armados. El gobierno hace declaraciones que se contradicen con informes que dicen que se sigue vendiendo y comprando armas a Israel", ha denunciado Javier Raboso, portavoz de Greenpeace.

"Falta de valentía y voluntad política de un Gobierno que por un lado reconoce al estado palestino y por otro compra y vende armas. Da mucha rabia que tengamos que ser la sociedad civil la que elaboremos las leyes que deberían elaborar ellos", ha asegurado Victoria Columba, de Regularización Ya.