Al menos ocho policías se infiltraron en movimientos sociales en los últimos años. Algunos de estos agentes, que se hicieron pasar por activistas, mantuvieron relaciones sexuales con personas de los distintos colectivos e, incluso, llegaron a ser sus parejas sentimentales durante un tiempo. 

Esto motivó que cinco de las víctimas de un agente infiltrado (cuyo nombre falso era Daniel Hernández) se querellaran contra él y contra el Ministerio del Interior por delitos de abusos sexuales, contra la integridad moral, de descubrimiento y revelación de secretos y de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos.

Esta actividad de infiltración en movimientos sociales por parte de agentes se conoce gracias a la información publicada por medios como El Salto, La Directa o elDiario.es. En este contexto, Público instó a la Dirección General de la Policía Nacional (al amparo de la ley de transparencia) a informar sobre el número de policías que han estado infiltrados en organizaciones anualmente desde 2010 a 2022, una información que la Policía denegó.

Los argumentos de este rechazo se sustentaron en que la información se encuentra clasificada y que darla a conocer perjudicaría la labor de los agentes al investigar delitos en el futuro (posteriormente también se alegó que el ministerio no sabe qué se entiende y qué no por movimientos sociales).

En una resolución firmada por la comisaria principal Eulalia González, la Policía se amparó legalmente en que "la difusión de dichos datos supone un perjuicio para la prevención, investigación y sanción" de delitos y que esta información está declarada secreta por un acuerdo del Consejo de Ministros de 1996, sustentado a su vez en la denominada ley de secretos oficiales.

El Consejo de Transparencia insta a revelar los datos

Este medio llevó el asunto al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que desmontó las excusas esgrimidas por el Gobierno y le instó a informar del número de policías que han estado infiltrados en movimientos sociales anualmente desde 2010 a 2022.

Más de medio año después, el departamento dirigido por Marlaska no ha acatado esta resolución, pero incluso ha ido más allá y también ha denegado esta información al Congreso de los Diputados. A mediados de mayo, Izquierda Unida, a través del grupo parlamentario de Sumar, registró en el Congreso una serie de preguntas dirigidas a Interior y motivadas por la petición de Público y por la resolución del Consejo de Transparencia.

En su escrito, firmado por el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, se recordaba que, después del posicionamiento del CTBG, "lo cierto es que, hasta la fecha, el Ministerio del Interior no ha facilitado la información requerida ni tampoco ha recurrido ante los Tribunales la resolución, y a la vista del argumento extemporáneo y de los requerimientos anteriores, podría entenderse que existe una voluntad de ocultación de dicha información y de obstaculización del ejercicio de derecho de acceso a la información regulado en la ley de transparencia".

En concreto, IU pregunta sobre cuándo piensa el Gobierno cumplir la resolución del Consejo de Transparencia y dar a conocer el número de policías infiltrados en movimientos sociales entre 2010 y 2022. También pide información sobre cuántos de estos agentes se infiltraron con orden judicial y cuántos lo hicieron sin ella, así como qué departamento ha tomado la decisión de no ofrecer a Público la información requerida.

El último punto del escrito pregunta sobre el número de procedimientos penales que se han iniciado y sus lugares (las provincias) por delitos relacionados con terrorismo a consecuencia de las infiltraciones en asociaciones y movimiento sociales.

Interior no responde a las preguntas de IU

En la respuesta de Interior al grupo parlamentario de Sumar no se contesta a ninguna de las preguntas planteadas. En el escrito, fechado el pasado 25 de junio, se argumenta que "la referida información se encuentra afectada por la regulación en materia de secretos oficiales, en concreto, por la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, y los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, y de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, por los que se clasificaban determinados asuntos y materias con arreglo a la citada Ley".

"De este modo y mediante estos Acuerdos", prosigue la respuesta, "se otorgaron con carácter genérico la clasificación de secreto: la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de información, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas".

Pese a las directrices del Consejo de Transparencia, Interior continúa ocultando la información sobre el número de policías infiltrados en movimientos sociales, ahora no sólo a los medios de comunicación, sino también a los grupos parlamentarios del Congreso.