CRISTINA VÁZQUEZ Valencia - 18 JUL 2025
La Universitat de València denuncia “las formas arbitrarias” de la Generalitat Valenciana a la que acusan de tomar decisiones ideológicas
La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el acto de apertura del curso académico 2023/2024 de las universidades valencianas.ROBER SOLSONA (EUROPA PRESS)
La Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana ha vetado la convalidación como formación para el personal docente de primaria y secundaria de un curso impartido en la Universitat d’Estiu de Gandia (UEG) este mes de julio sobre el antifascismo histórico, y ha desautorizado otro, previsto para noviembre, sobre memoria del franquismo y la Transición. La Universitat de València (UV), concretamente su Cátedra Alfons Cucó de Reflexión Política Europea y su Aula de Historia y Memoria Democrática, organizadora cada año de los cursos en la UEG, ha protestado “por las formas arbitrarias” de la Generalitat, que han llevado a dar marcha atrás a un curso acordado tiempo atrás con el Cefire de Gandia, el órgano certificador de la administración educativa para la formación permanente del profesorado. Las razones de que no se haya homologado uno —es decir, que no cuente para el currículo de los docentes— y de que el otro ni se vaya a ofertar son, según esgrime el departamento de Educación que dirige José Antonio Rovira, del PP, que “la ideología debe estar fuera de las aulas”. Desde la Universitat de València no ocultan su malestar y han respondido a Educación con un comunicado muy crítico con la decisión del Gobierno de Carlos Mazón (PP): “La democracia, la igualdad, la pluralidad, la libertad, la tolerancia y la diversidad son valores y aspiraciones universalistas, reconocidas y amparadas por la legislación valenciana, española, europea e internacional. Trabajar en favor de su difusión no puede considerarse, por lo tanto, adoctrinamiento ideológico, sino promoción de una ciudadanía crítica bajo los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son, por eso, los responsables de la Conselleria de Educación los que toman decisiones basadas en criterios ideológicos contrarios a esos valores”.
La decisión con respecto a estos cursos llega un mes después de que el PP, con los votos de Vox que le dan la mayoría en el Parlamento valenciano, aprobara unos de los presupuestos más polémicos por los recortes que se han llevado a cabo, entre otras, a asociaciones de memoria histórica que colaboran en la investigación y exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo al tiempo que se incluyen ayudas, por ejemplo al Arzobispado de Orihuela-Alicante, para restaurar elementos al amparo de la llamada ley de Concordia, que aprobaron PP y Vox cuando aún gobernaban en coalición, al principio de la legislatura. La norma derogó la anterior ley de memoria democrática, vigente desde 2017, y en el nuevo texto se elude hablar del golpe de Estado fascista del 18 de julio de 1936, que originó la Guerra Civil.
Una de las actividades vetadas por el departamento valenciano de Educación y prevista por el Centre Internacional de Gandia lleva por título ¿Ensanchar la democracia? Vertientes del antifascismo histórico para llevarlas a las aulas. El Cefire de Gandia, dependiente de la Generalitat, lo ofertaba en su plan formativo oficial para el profesorado de Secundaria, explica Sergio Valero, director de la Càtedra Alfons Cucó y del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat de València.
El Cefire mantiene desde hace años una intensa relación con el campus gandiense de la UV a la hora de organizar congresos o cursos de diferente tipo y a principios de 2025 asumió en su programa de verano el curso sobre el antifascismo, según relata Valero. Es un programa de 15 horas, de dos días y medio de duración, con 50 plazas. Educación no les ha dado ninguna explicación de su decisión, por ello la UV ha pedido (por registro de entrada) a la Consejería de Rovira que le dé una respuesta oficial de los motivos. “La decisión de la Conselleria rompe las bases de esta colaboración que venía practicándose, puesto que ha puesto en cuestión el valor y el rigor de los docentes e investigadores de la Universitat de València (y del conjunto de las universidades españolas participantes en los cursos), especialistas de reconocido prestigio en historia contemporánea y didáctica de la historia", apunta en un comunicado.
El curso tiene como objetivo acercar al profesorado de Secundaria algunas de las interpretaciones historiográficas más innovadoras de la última década sobre la conformación del antifascismo en España durante el periodo que va de la Primera a la Segunda Guerra Mundial. “El profesorado de Secundaria entraría en contacto, así, con los debates y las perspectivas analíticas que están renovando el estudio de la historia española y europea y podría conocer bibliografía de referencia y materiales históricos de utilidad para afrontar su actividad docente”, incide Valero.
“A finales de junio, la Subdirección General de Formación del Profesorado de la Generalitat comunicó al Cefire de Gandia, con la inscripción ya abierta y una docena de matriculados, que había decidido que no convalidaba ese curso”. Y Valero se lamenta: “Nos parece un veto indirecto porque de inmediato se frenaron las inscripciones”.
Preguntada al respecto, la Consejería de Educación explica que no ha vetado ningún curso porque la UV puede hacer los cursos que considere. Asegura que estos programas no se han homologado para la convalidación formativa porque no los consideran “de formación genérica”: “La ideología debe estar fuera de las aulas”, alega. Añade que muchos de los contenidos que se ofrecen en el curso “ya están integrados en la oferta formativa de la Consejería” e insiste en que para que los cursos cuenten con certificación oficial “deben atender a criterios de ca lidad y rigor que orientan la oferta formativa del sistema educativo valenciano”.
El director de la cátedra recalca, en torno al rigor y calidad a los que alude la Generalitat, que los organizadores y conferenciantes del curso son “historiadores y académicos de primera línea, de la élite de la historiografía”, y cita a expertos como Aurelio Martí, Sandra Souto, Josep Puigsech o Laura Branciforte, entre otros. “Lo que analizamos”, añade, “son fenómenos históricos, sociales y políticos y el antifascismo es un fenómeno que surge en el periodo de entreguerras como reacción al auge del fascismo en ese mismo periodo”.
Es lo que se ha explicado en el curso que finalmente se ha impartido pero sin convalidación de la Generalitat: “Cuáles son las vertientes de ese antifascismo, cuáles son las conexiones con la democracia, cómo interacciona el antifascismo con la democracia, si la ensancha o no, por eso el título está entre interrogantes. Por eso nos dirigimos a profesores de Historia que entienden que la democracia se construye y se asienta a finales del siglo XIX y principios del XX y que sufre un ataque y una ofensiva justo en el periodo de entreguerras, cuando surge el comunismo, el fascismo; toda una serie de esquemas políticos que no conciben la democracia liberal como una solución a los problemas”, argumenta Valero.
La decisión de Educación ha vaciado de público el curso, considera el director de la cátedra de la UV, “porque si tú organizas un curso con una finalidad y dirigido a un público determinado, lo haces de una manera. Podíamos haberlo preparado para un público más generalista, abrirlo a otro tipo de receptores o hacerlo incluso de una forma más especializada, dirigido a estudiantes de doctorado o de máster. Pero estaba diseñado para profesores de Historia de Secundaria, para mejorar su formación en esas materias. Así que no te vetan, no te lo prohíben porque no pueden, pero te vacían de inscritos”. Al no homologarlos, no les servirá a los docentes en su carrera profesional ni tampoco cuando evalúen sus currículos si se presentan a una oposición, pues los cursos amparados por los Cefire puntúan más en el baremo de interinos y de funcionarios de Secundaria.
La Junta de la Facultad de Geografía e Historia de la UV ha apoyado el comunicado de protesta por unanimidad.
