Fusara, fundación dependiente del arzobispado de Madrid, llegó el pasado 30 de julio a un nuevo acuerdo extrajudicial para intentar vender 13 de los inmuebles que administra en el centro de la capital.
La Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara), dependiente del arzobispado de Madrid, llegó el pasado 30 de julio a un acuerdo extrajudicial para vender 13 de los 14 inmuebles que administra en el centro de la capital. Con sus inquilinos dentro. Más de 200 familias. Según el contrato privado de compraventa, al que ha tenido acceso Público, Fusara se los traspasa a la sociedad Tapiamar, a través de hasta trece sociedades interpuestas. "Empresas pantalla", denuncia Jesús, uno de los vecinos afectados por la venta. No es la primera vez que la fundación religiosa lo intenta. De hecho, el caso se remonta al año 2019.
Fue a finales de abril cuando el patronato que gestiona la fundación, presidido por el entonces arzobispo, Carlos Osoro, aprobó la venta de todos los inmuebles de Fusara. Los 14, incluída su sede. "El momento fue muy escogido. Justo un día antes de las elecciones municipales y cuando no se encontraban presentes ninguno de los representantes civiles del patronato. Ni el delegado de la alcaldesa, ni el del gobierno autonómico, ni el presidente del Tribunal Superior de Justicia…", explica Mónica, otra de las vecinas afectadas, que ejerce como abogada del caso en los tribunales. "Solo había presentes miembros del arzobispado. La Iglesia sabía lo que hacía", subraya la letrada.
"Vivimos en edificios con una función social", subrayan los vecinos
La venta se cerró definitivamente el 30 de julio de 2019, aunque los inquilinos no lo supieron hasta finales de septiembre. Con un burofax. Tenían nuevo casero. En seguida surgieron las primeras dudas. ¿Quién había comprado los edificios? ¿Se mantendrían sus alquileres? Las respuestas aún tardarían en llegar. En su comunicado inicial, Fusara señalaba a la sociedad Savills Aguirre & Newman, ligada a la familia de la expresidenta de la comunidad, como la nueva gestora de los inmuebles. No era, sin embargo, la propietaria.
Una nueva carta. Esta vez de los propietarios. Con una peculiaridad: en cada edificio salía un nombre diferente. Alprozan Premiun, Canderax Corporate, Novalium Forum… "Llegaron a aparecer hasta 15 sociedades creadas ad hoc, entre el 2 de abril y el 13 de junio de ese mismo año, con el mero propósito de comprar los edificios", explica Mónica. Con un nexo común. Todas ellas estaban ligadas a la misma sociedad, Tapiamar. Y al mismo dueño: el empresario Roberto de Juan González. "Es un procedimiento habitual de los fondos para diluir responsabilidades. Para que sea más difícil rastrearlos", aclara la letrada.
Una irregularidad tras otra
Los detalles del acuerdo continuaron llegando a cuentagotas. Primero, el precio fijado: 74 millones. Muy por debajo de los más de 120 que calculaban las tasaciones más comedidas. "Estamos hablando de edificios distribuidos por el distrito Centro de Madrid. Por los barrios de Chamberí, Lavapiés, Chueca…", detalla Jesús. "Era un precio ridículo, la fundación salía perdiendo", valora. Las irregularidades no terminaban ahí. "Con la venta estaban vulnerando el fin fundacional, protegido por la Ley de Fundaciones. Vivimos en edificios de una fundación benéfica, edificios que tenían una función social", desarrolla Mónica.
Así era. Durante casi 100 años, los alquileres de los bloques administrados por Furasa se destinaron a financiar la educación de niños huérfanos, sin recursos y en riesgo de exclusión. "Venía especificado en los estatutos de la fundación que, por este motivo, los edificios eran invendibles. Que Fusara tenía que limitarse a asegurar su gestión", continúa la letrada. Unos estatutos -asegura- que la fundación se aseguró de modificar poco antes de completar la venta.
"Se intentó hacer todo lo más rápido posible, esquivando la supervisión de los poderes civiles", asegura la letrada del caso
No solo los vecinos encontraron motivos de sospecha en el procedimiento. El Propio Registro de la Propiedad suspendió la inscripción de cinco de los inmuebles tras detectar una serie de incongruencias. No constaba ni la totalidad de los miembros del patronato, ni la inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid del poder otorgado a Ignacio Olmos -entonces gerente de la fundación-, ni la comunicación de la compraventa a dicho registro. "Se intentó hacer todo lo más rápido posible, esquivando la supervisión de los poderes civiles", resume Mónica.
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Fueron ellos, los vecinos, los que abrieron la causa en los tribunales. "Interpusimos una denuncia como acusación popular en octubre de 2019 por los delitos de estafa, corrupción y administración desleal. En marzo del año siguiente, la jueza incoó el procedimiento, adaptando como medida cautelar la paralización de la venta", explica la abogada. A la denuncia se acabó sumando la fundación regida por el arzobispado. Como acusación particular, como principal afectada. "Delegaron la responsabilidad en el despacho de abogados que había cerrado la venta, Chávarri abogados, insistiendo en que les habían engañado. Pero tienen imputado al que era el interventor de la archidiócesis. No son inocentes", remarca la letrada. "Nos lo confirmó en su momento el asesor que mandó el Vaticano, sugiriéndonos que por detrás de la venta había todo tipo de mordidas millonarias", completa Jesús. Más de cinco años después, el juicio sigue en una fase intermedia. "El juez ya dictó auto de acusación pero la fiscal ha pedido diligencias complementarias, que todavía se están practicando", corrobora Mónica.
Público ha tratado de hablar con Tapiamar, a través de su administrador único, Roberto de Juan, para preguntarle por la responsabilidad de su sociedad en una venta investigada por una posible estafa. Una investigación en la que, además, él mismo ha comparecido como imputado. Asimismo, le ha interrogado por los detalles del nuevo acuerdo, incidiendo tanto en el precio final como en el resto de irregularidades contempladas en la denuncia previa. Por último, le ha cuestionado sobre el futuro de los inquilinos si Tapiamar consiguiera hacerse definitivamente con la titularidad de los inmuebles. Por el momento, este diario no ha recibido respuesta.
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La historia se repite
Con la investigación todavía abierta en los tribunales, la Iglesia lo ha vuelto a hacer. "El nuevo acuerdo es una continuación del primero. Se limitan a elevar un poco el precio de compra", comenta Mónica. "Vendiéndoselo a los mismos estafadores", agrega con indignación. La cuantía de los inmuebles asciende en el último contrato de 74 a 99 millones, con un plan de financiación de hasta tres años. "Sigue siendo una cantidad muy baja, incluso para 2019. Pero es que es directamente un precio que no se ajusta al mercado actual. Es verdad que dejan fuera uno de ellos, el que es la sede de la fundación, pero aún así son edificios que podrían llegar a costar en conjunto más de 250 millones. Y los pretenden vender por bastante menos de la mitad", denuncia la letrada.
"Nosotros no estamos en venta. Que caiga todo el que sea responsable", sostienen los vecinos
Los vecinos insisten: la Iglesia ha sido desde el primer momento cómplice del intento de venta fraudulenta de los inmuebles. "Si algo demuestra el nuevo acuerdo es que el arzobispado ha tenido siempre la intencionalidad de vender estos edificios. Tanto con el anterior arzobispo como con el nuevo, José Cobo. Nunca han sido las víctimas", concluye Jesús. "Basta ya de mentir". Van más allá de la denuncia verbal. Como parte de este acuerdo, la fundación se compromete a retirar los cargos contra Roberto de Juan, administrador de Tapiamar, y Daniel Hidalgo, de Intuitiva. "Dos de las grandes implicadas en todo este escándalo", señala el vecino. "Nosotros no estamos en venta. Vamos a seguir adelante con la denuncia y que caiga todo el que sea responsable", sentencia tajante.
úblico ha intentado ponerse en contacto con el arzobispado de Madrid para solicitarle información sobre su participación en el nuevo acuerdo de compraventa. También le ha preguntado por el precio final del acuerdo, así como por el cambio repentino de los estatutos de la fundación. Por último, este diario ha querido saber por qué se ha tomado la decisión de intentar cerrar una nueva venta cuando el primer acuerdo se encuentra todavía impugnado en los tribunales y con el mismo comprador investigado por un posible fraude. Hasta el momento de la publicación de este artículo, no ha obtenido respuesta.
Vivir con miedo
Mientras tanto, los vecinos siguen haciendo vida normal. O por lo menos lo intentan. Con amenazas de desalojo, cambios improcedentes de suministros y facturas infladas de por medio, según denuncian. "Vivimos con el miedo a que se salgan con la suya y nos acaben echando a la calle", cuenta Piedad, otra inquilina afectada. "Aquí hay gente que lleva toda la vida, que es del barrio", sigue. Como Aurora. "Es mi vecina de arriba, tiene ya 90 y pico años, y nació en su casa", asegura Jesús. En los edificios -enumeran los inquilinos- vive mucha gente mayor, familias con niños, personas con discapacidad. "Nadie está teniendo en cuenta ninguna de estas situaciones", se lamenta Jesús. "Los responsables civiles, el alcalde, se han lavado las manos completamente".
Los pisos -critican los inquilinos- eran todos muy viejos. Han dedicado años de su vida a reformarlos. "Terminas invirtiendo bastante dinero", sostiene Piedad. "En mi casa, las ventanas y el balcón ni se cerraban bien. La pintura se caía a cachos. Tuve que cambiar todas las manivelas de las puertas, los enchufes, los termos eléctricos…", hace memoria. "En fin, te aseguran que va a ser tu casa toda la vida, que estos edificios no se pueden vender, y la vas haciendo tuya", explica la inquilina. "Yo firmé con ese compromiso por parte de la fundación. Me siento engañada", se desahoga al otro lado del teléfono. "Una fundación benéfica, la propia Iglesia, haciendo negocio con la vivienda. A costa de la vida de cientos de familias. Es una vergüenza", coincide Jesús.
"La Iglesia debe rendir cuentas. Basta ya de mentir", exige Jesús, inquilino de uno de los inmuebles
En su momento, no fueron los únicos perjudicados. "Ni vamos a ser los últimos. El centro de Madrid está lleno de edificios propiedad de la Iglesia", advierte Piedad. La investigación en torno a las propiedades de Fusara se incluyó en una macrocausa, en la que se pasó examen igualmente a la fundación Santísima Virgen y San Celedonio. Por la venta a la Universidad de Nebrija de la parroquia de San Jorge y una residencia de ancianos por un valor de 37 millones de euros. "Prácticamente a precio de derribo", valora Mónica. "Pero ahí sí se echaron para atrás, en nuestro caso siempre han insistido en que 'era muy difícil revertir la venta'", protesta la letrada. "O igual el negocio les salía demasiado redondo como para planteárselo", deja caer Piedad. "Funcionan como una mafia. Llegó a haber un robo bastante sospechoso en la sede de la fundación apenas unos días después de que interpusiéramos la denuncia. Todo muy turbio", estima la vecina.
A pesar de todo, los vecinos no pierden la esperanza: se tiene que hacer justicia. "La Iglesia debe rendir cuentas", exigen. Y, para ello, llegarán hasta donde haga falta. "Convocaremos nuevas protestas frente al arzobispado y continuaremos dando la batalla en el terreno judicial", se compromete Jesús. Con un paso más en mente: constituirse como Asociación de Víctimas del Arzobispado de Madrid. "Este próximo lunes me pienso informar para ver cómo proceder con el registro. No van a conseguir silenciarnos".
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