Marchas de la Dignidad Granada ha compartido un enlace. ctxt.es 20 Marzo 2019
El despido del concejal que desnudó el expolio del PP en Madrid abortó la promesa electoral de Manuela Carmena. Andrés Villena /
Marta Luengo
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El Gobierno de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital y, en particular, su Delegación de Hacienda hasta diciembre de 2017, realizó una auditoría de la descomunal deuda contraída por el consistorio madrileño en el periodo 2003-2015, sobre todo durante los ‘felices años de Gallardón’, una etapa en la que una enorme pantalla de obras faraónicas tapó un esquema no menos organizado de expolio de las arcas públicas al servicio de una potente red de reinos feudales, que multiplicaron la deuda consistorial por siete entre 2002 y 2012, llegando a 7.700 millones de euros, un ‘endeudamiento obligatorio’, independiente de la crisis y escasamente sensible con el bienestar mayoritario.
El gobierno liberal-centrista del que luego sería ministro de Justicia provida ocultaba, en realidad, el secuestro financiero de Madrid, una de las ciudades con mayor potencial económico y cultural de Europa, que había quedado encadenada a un régimen de subdesarrollo institucional. “Uno de cada tres euros del presupuesto en 2014 iban destinados al pago de la deuda, lógicamente, en detrimento de la no realización de otras políticas públicas necesarias”, afirma el exconcejal Carlos Sánchez Mato, que insiste en que lo que importaba no era tanto la reducción de dicha deuda –un 40% inferior tras su gestión–, como el refuerzo de los ingresos y, sobre todo, qué se hacía con estos últimos.
Junio de 2015: abrir los cajones
En el mes de junio de 2015 se consumó el final del antiguo ‘statu quo’. La alcaldesa Manuela Carmena había logrado formar un gobierno municipal renovador, expulsando, tras casi tres décadas, a la derecha del Ayuntamiento con mayor presupuesto de España, 5.500 millones anuales, aproximadamente. Habían sido seis mayorías absolutas consecutivas, docenas de obras pantagruélicas y dos candidaturas olímpicas fracasadas (...)
Dilapidar recursos públicos no solo destruye oportunidades económicas –empleo, inversiones productivas, sociales…–, sino que también genera impactos medioambientales y de género. Yayo Herrero, miembro del Consejo Asesor, considera que para ello no sirve fijarse solamente en la actividad de la Delegación de Medioambiente, sino principalmente en el efecto que la política de Urbanismo y Transportes, entre otras áreas, tienen en la movilidad urbana, en la salud de las personas, en el bienestar general, etc (...)
La galería de los horrores clientelares
Los horrores financieros se confirmaron desde el principio: todo un índice de intercambio de favores y servicios entre una institución democrática y una red de grandes poderes que nunca se presentan a las elecciones. Y que resultaba, al final, injustificadamente caro. “La derecha, más que gestionar bien, como da a entender la teoría económica dominante, ha robado ‘legalmente’ dinero, que pasaba de las arcas públicas a manos privadas. Uno de los mejores ejemplos es el de los edificios que pertenecían inicialmente al Ayuntamiento, que este vendió y que después pasó a alquilar, pagando sumas astronómicas por lo que antes no tenía que pagar nada”, afirma Eduardo Garzón, por entonces asesor en el área de Hacienda y uno de los mayores impulsores técnicos del proceso de auditoría
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No podía faltar el fútbol. El estadio municipal de La Peineta fue entregado al Atlético para su libre uso –un regalo ‘de facto’–, con la sospechosa contraprestación de seis millones de euros en entradas. Sánchez Mato declara que “los clubes de fútbol se han lucrado a fondo de la ciudad y su gente. Florentino Pérez me decía que qué más me daba a mí que hubiera 60 metros de Castellana a lo largo del Bernabéu que pasaran a ser del club”
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Las grandes corporaciones parecían acostumbradas a un trato que ahora se les volvía hostil, y algunas, como las grandes distribuidoras, horrorizadas por tener que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles, llegaron a amenazar con marcharse de Madrid. Hubo incluso quien juró no parar hasta acabar con el concejal de Hacienda. Sánchez Mato no niega esta promesa, cumplida finalmente: “He sufrido todo tipo de amenazas en las reuniones. Gente del BBVA que, por mi oposición a la Operación Chamartín, me decían que me iban a hundir, a arruinarme la vida. Esto refleja una salud democrática muy débil: el matrimonio entre poderes financieros, inmobiliarios y políticos genera cuantiosísimos negocios”.
Eduardo Garzón destaca dos casos como paradigmas de la extracción clientelar de rentas a los madrileños. En primer lugar, la ya conocida venta de viviendas al fondo buitre Blackstone, que se realizó por la mitad del precio real de los inmuebles y sin respetar las condiciones pactadas con esta multinacional. “En la primera etapa del concurso salió ganadora una empresa que no tenía relación con los entonces gobernantes del Ayuntamiento. Aquel concurso fue casualmente repetido para que al final ganara quien tenía que ganar”. Blackstone mantiene un entramado relacional y un implícito acuerdo con otros fondos buitre que han logrado grandes plusvalías en la España en crisis: por un lado, Lazora-Goldman Sachs, conectada con dirigentes de la Comunidad de Madrid; por el otro, Cerberus, dirigido en España por José María Aznar Botella, el hijo de la alcaldesa bajo cuya gestión se adjudicaron las viviendas sociales a Blackstone.
En segundo lugar, Garzón destaca la construcción de la M-30, camuflada bajo la denominación ‘Madrid Calle 30’ para sortear el cumplimiento de la normativa ambiental. El periodo de construcción de la M-30 se había comprimido en cuatro años para contribuir a revalidar la mayoría absoluta de Gallardón en 2007, lo que llevó a que las obras se encarecieran un 42%, fallecieran seis trabajadores y se culminaran sin la necesaria Declaración de Impacto Ambiental, un requisito ineludible
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La familia es una importante unidad de convivencia, como quedaría reflejado en el rescate público del aparcamiento del Colegio Nuestra Señora del Recuerdo, donde el entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón y sus hijos habían aprendido sus primeras nociones sobre el mundo. La gestión de las tres plantas del aparcamiento fue adjudicada al consistorio por una generosa suma hasta 2029. Unas plantas de parking que han permanecido prácticamente vacías, sin generar apenas ingresos.
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En diciembre de 2017, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, cesaba al concejal Carlos Sánchez Mato frente a las acechantes amenazas del Ministerio de Hacienda comandado por Cristóbal Montoro, al que no bastaron las continuas concesiones financieras del consistorio. “A mí me cortaron la cabeza por lo que estábamos desmontando y, encima, en un municipio como Madrid, con el enorme efecto de arrastre que eso puede tener en otros lugares. Ha sido una combinación de muchas circunstancias, pero es evidente que este hecho ha obligado a virar al gobierno municipal en algunas políticas que estaban siendo muy incómodas para el ‘statu quo’. Nadie está libre de estas redes de poder”.
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Los que formábamos el consejo nos sentimos incómodos: queríamos rigor y no hacer un paripé, por lo que decidimos cerrarlo”, afirma Yayo Herrero, que se ha quedado con una sensación “agridulce”, en parte por el potencial de la auditoría y en parte por la falta de interés del resto del equipo de gobierno. “La gente, en general, no se ha enterado”, lamenta Garzón. “Nuestro objetivo no era reducir la deuda, sino poner a disposición esos recursos para la mayoría de la población (...)
+ 14 de abril
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Sánchez Mato, un hombre Consecuente, inteligente, comprometido,
preparado y libre para luchar por sus ideales. Su trayectoria le avala
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de vista personal, pero lo importante no es eso, sino que una actuación
ejemplar en cuanto a la ejecución de un presupuesto que estaba al
servicio de la mayoría social fue saboteada por el Gobierno de la
nación. El tiempo ha dado la razón a quienes defendíamos que la
alternativa iba por el camino que iniciamos.
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