Manuela Sancho buen artículo!
Leía un twitt de mis compas de Frente de Izquierdas que decía, "No se puede derrotar a un adversario armado hasta los dientes con los métodos impuestos por el propio adversario si, por añadidura, es también el árbitro supremo de la lucha”.
Leía un twitt de mis compas de Frente de Izquierdas que decía, "No se puede derrotar a un adversario armado hasta los dientes con los métodos impuestos por el propio adversario si, por añadidura, es también el árbitro supremo de la lucha”.
Indra es uno de estos adversarios, adversario del obrero, del ciudadano, de ustedes. Un entramado de empresas que desde el año 1993 es un cementerio de políticos prejubilados, imputada el pasado año por el magistrado García Castellón tras recibir un informe de la UCO de la Guardia Civil en donde presuntamente abonaban 566.497 euros para las campañas electorales del Partido Popular entre 2007 y 2011, agárrense, estos fueron los encargados de contar los votos de los ciudadanos en las elecciones pasadas, con semejante currículo la verdad que mucha confianza no dan.
Indra, también seleccionada por el gobierno popular de la presidenta de la Comunidad de Madrid para el servicio de rastreadores de la capital de España, o de España entera, como diría nuestra no muy querida Isabel, Madrid es España dentro de España, o yo que sé. Junto a Telefónica, Indra se embolsaba por 30 días de supuesto curro, la suculenta cantidad de 421.080 euros en el mes de mayo. Desde el mismo día que se formalizó el contrato, a dedo, sin oferta pública alguna, hasta que se terminara el citado contrato, en Madrid las cifras de positivos por Covid19 oscilan entre los 1.000 y los 3.000, pongo la mano en el fuego por los empleados que seguramente pusieran todo su empeño de rastreador, lamentablemente los datos sanitarios de la CAM apuntan más a que la empresa puede que no hubiera realizado todas las llamadas que en el contrato figura que tuvieran que hacerse, tan solo hay que hacer un poco de reflexión, se adjudicaron también por 330.500 euros la app “Radar Covid” el 15 de junio y a 5 de noviembre en mi teléfono sigue en el mismo estado, viéndolas venir.
Indra, decía anteriormente, es un cementerio de políticos prejubilados, su privatización comenzaba en 1993 de la mano de Felipe González, no es casualidad que el hijo de este, quedara blindado por 375.000 euros cuando el expresidente reclamara a la empresa 7,3 millones de euros por una participación en la que había invertido 376 euros, negocio redondo, otra cosa no sabrá hacer Felipe, pero negocios sí, no contento con embolsarse 2 millones de euros con la “paguita” de expresidente del Gobierno, el que se hace llamar socialista trincaba como consejero de Gas Natural en 2015 unos 127.000 euros.
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