Lara Carrasco 10 de octubre de 2024
- Un centenar de familias denuncian un delito continuado de "denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios"
- La nueva documentación prueba que las derivaciones se impidieron desde cinco días antes de la aprobación del Protocolo y que el personal sanitario era trasladado a Ifema y no a los geriátricos
- Una mujer durante una manifestación en memoria de los residentes fallecidos durante la primera ola de la pandemia.
"No vamos a parar". Más de cuatro años después de la hecatombe en las residencias madrileñas, los familiares de los mayores fallecidos siguen buscando e iniciando nuevas vías judiciales para saber lo que pasó. Sólo buscan eso: "verdad, justicia y reparación". Bajo ese grito acudieron este jueves a la Fiscalía Superior de Madrid para presentar la primera macrodenuncia por las muertes en los geriátricos de la región. En concreto, han dejado encima de la mesa de Almudena Lastra un escrito de más de 160 páginas que firman 109 familias representantes de 115 residentes, 111 de los cuales murieron en lo peor de la pandemia. Destacan el volumen, pero no sólo eso. La denuncia, que a partir de ahora tiene seis meses para ser admitida o rechazada, explora una vía completamente nueva a las iniciadas hasta ahora.
El objetivo de las organizaciones que este jueves presentaron el escrito, Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, siempre ha sido el mismo, que se diriman las posibles responsabilidades penales que pudieron desembocar en las 7.291 muertes sin derivación hospitalaria que se produjeron en Madrid entre los meses de marzo y abril de 2020. Sin embargo, en ese camino siempre se han encontrado puertas que se han cerrado antes de tiempo. A veces, incluso, sin ni siquiera escuchar sus testimonios. Uno de los principales argumentos utilizados para ello ha sido el de la imposibilidad de demostrar que la aprobación de los Protocolos de la Vergüenza desvelados por infoLibre, que impidieron la derivación hospitalaria, provocaran la muerte de los residentes. Por eso esta nueva denuncia va más allá.
Tal y como explicaron los familiares de residencias este jueves, la vía que se inicia ahora no se basa necesariamente en un fallecimiento. Esta vez, lo que se pretende es que se juzgue si los ancianos han sufrido un delito continuado de "denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios", contenido en el artículo 511 del Código Penal. Acusan de ello a un total de 29 personas, entre los que se encuentran los que fueran directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, firmante y autor de los dos Protocolos de la Vergüenza. También está denunciado Pablo Busca, director del Summa 112 en el momento en el que ocurrieron los hechos; Antonio Burgueño, autor del plan de choque que supuestamente incluía una medicalización de las residencias que jamás se produjo; y los geriatras de enlace responsables de aplicar los protocolos en los 25 hospitales públicos de Madrid.
No son todos. Como detallaron, en la denuncia sólo se ha incluido a las personas sobre las que "existen pruebas claras o indicios sólidos" de su participación en los hechos denunciados. Por eso esta vez no se ha señalado a ex altos cargos del Gobierno conservador de Isabel Díaz Ayuso que sí han protagonizado otras querellas. Ni a ella misma. Incluirlos, cosa que creen que debería ocurrir cuando avance la investigación y haya nuevas pruebas, es una decisión que dejan en manos de la Fiscalía, a la que entregan documentación hasta ahora "inédita" que prueba el "abandono al que se sometió a miles de personas mayores en las residencias", señalan en la denuncia.
Porque no sólo fue la aprobación de los Protocolos de la Vergüenza. Junto a ello ocurrieron cuatro cosas más: ni se dio asistencia en las residencias, ni en el "hospital milagro" de Ifema, ni en los centros privados, ni en los hoteles medicalizados. Para demostrarlo han aportado numerosa documentación.
1) La Consejería de Sanidad conocía el estado de las residencias
La Consejería de Políticas Sociales, en manos de Alberto Reyero (Cs) hasta octubre de 2020, elaboraba dos excel con datos pormenorizados de las 25 residencias de gestión pública y de las 450 en manos privadas. Día a día recopilaba información detallada que, cada noche, enviaba a la Consejería de Sanidad, entonces dirigida por Enrique Ruiz Escudero (PP). En concreto, los datos los recibían la viceconsejera Ana Dávila-Ponde (hoy consejera de Familia, Juventud y Servicios Sociales), Mur y Peromingo.
Entre los datos que se incluían en cada comunicación estaban, por ejemplo, el número de residentes positivos y en aislamiento, la plantilla del centro, la necesidad de personal, de materiales de proyección y, también, el número de ancianos fallecidos, distinguiendo entre los que habían muerto en el hospital o en el propio centro. Es decir, el Gobierno de Ayuso sabía lo que había y lo que no había. Lo que faltaba y lo que ocurría de puertas para adentro de las residencias. Y todo a tiempo real y actualizado cada 24 horas.
Los denunciantes han facilitado a la Fiscalía de Madrid siete de estos informes, pero le reclaman que recopile todos los demás, desde el primero fechado el 18 de marzo de 2020 hasta el último.
2) El personal médico era dirigido a Ifema, no a las residencias
En la denuncia se recoge el ejemplo de la situación el 7 de abril de 2020. La Consejería de Políticas Sociales informó a través de esta vía a la de Sanidad que los 72 geriátricos donde vivían los 115 residentes representados en la denuncia reclamaron 37 médicos, 146 enfermeros y 756 gerocultoras. Muchas de las residencias, como no son centros médicos, no tenían asistencia sanitaria cuando estalló la pandemia, y las que sí disponían de esta figura lo hacían únicamente para revisar las cronicidades de los residentes. Por eso la Comunidad elaboró un plan para, supuestamente, medicalizar las residencias, pero muchos profesionales —unos 600, según la denuncia— estuvieron de baja por el contagio. Aun así, la Comunidad de Madrid no envió a ningún sanitario en el mes de marzo, y en abril sólo a 29 médicos y 25 enfermeros, lo que supuso un refuerzo de un facultativo por cada 1.662 residentes.
¿Y por qué ocurrió esto? Como desvela la denuncia, porque la mayoría eran enviados al hospital de campaña de Ifema —el bautizado "hospital milagro" por Ayuso— o a los 14 hoteles medicalizados. Al primer recurso se envió a 1.421 médicos y enfermeros; al segundo, 351.
Según la información adelantada en su día por infoLibre, a Ifema sólo se trasladó a 23 residentes de dos centros con síntomas leves; a los hospitales medicalizados no llegó ningún anciano de ningún geriátrico.
3) Las derivaciones se impidieron de facto antes de la aprobación del primer protocolo
El primer Protocolo de la Vergüenza que estableció "criterios de exclusión" para impedir la derivación de los mayores de las residencias al hospital se firmó el 18 de marzo de 2020. Sin embargo, esos criterios ya estaban operativos desde antes. En concreto, la denuncia muestra que fue el 13 de marzo, un día antes de la declaración del estado del alarma, cuando las puertas de los hospitales se cerraron para los residentes.
La prueba está en una respuesta que el Hospital Alcalá-Príncipe de Asturias dio a una reclamación por una denegación de la derivación de una anciana. El centro señaló lo siguiente: "Desde el 13/03 se puso en marcha en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid la figura del geriatra de enlace que se ocupaba de la coordinación con las residencias". Esta afirmación, nueva, cobra todavía más importancia y solidez si se pone en contexto.
La directora de la residencia Amavir de Alcorcón, que compareció en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, declaró que ese mismo día trataron de derivar a un usuario con síntomas, pero que ya no fue posible. "Al llamar al 061 para que vinieran a recogerle con una ambulancia, nos dice el 061 que las derivaciones tienen que ser a través del servicio de geriatría del hospital, que han puesto un geriatra de enlace y que debemos comunicar con ese geriatra para que autorice o no la derivación hospitalaria", aseguró.
Hay más pruebas que se aportan en la denuncia. El médico del centro Monte Hermoso, donde se registró la primera usuaria fallecida, envió el 15 de marzo un mensaje a la doctora del centro: "Este fin de semana las cosas se han complicado un poco, hace dos días [es decir, el 13] los protocolos han cambiado según los del SUMMA, para derivar a los residentes han habilitado el siguiente número [...]. Cuando desees derivar primero llama".
4) Menos traslados, más fallecidos
Todo eso quedó reflejado en los datos. Aquellas residencias "donde el Protocolo bloqueó totalmente o casi por completo las derivaciones son también las residencias donde mayor número de fallecidos se registraron", asegura la denuncia. En concreto, de las 127 donde hubo 30 o más muertos hubo 24 en las que en las dos primeras semanas de vigencia del Protocolo —es decir, entre el 18 y el 31 de marzo— no hubo ni una sola derivación. Fueron por ejemplo Ballesol Alcalá (con 90 muertes en marzo y abril de 2020), Nuestra Señora del Carmen (88) o Los Nogales Pacífico (83). En otros 26 geriátricos sólo hubo un traslado. En 15, sólo dos.
La denuncia cuestiona así lo que siempre han defendido los geriatras de enlace en sus declaraciones ante los tribunales que les han requerido: que se hacían evaluaciones "individuales" para decidir si los traslados eran o no pertinentes. "¿De verdad se puede sostener que en 24 residencias fuertemente castigadas por el virus los geriatras de enlace realizaron cuidadosas valoraciones individuales de los residentes y en dos semanas no encontraron uno solo para trasladar al hospital?", señala el centenar de denunciantes.
Los denunciantes también conceden gran importancia al segundo Protocolo de la Vergüenza, o documento clínico cuyo autor es Peromingo, que complementaba al que firmó Mur. En el Protocolo de Peromingo se incluía una pequeña ficha con datos del enfermo, que las residencias debían comunicar al hospital para que decidiese si lo podían trasladar o no. En esa ficha figuraban los dos criterios de exclusión utilizados: que el residente tuviera deterioro cognitivo o dependencia física. Por eso, aunque ponen en duda que los geriatras tuvieran la capacidad de realizar miles de valoraciones individuales de residentes, destacan que respecto al delito que denuncian sería irrelevante: "Si esa evaluación individualizada hubiera existido, se habría producido sobre la base de una discriminación al citado grupo de residentes enfermos y/o dependientes por el único hecho de serlo".
5) Los hospitales dejaron de recibir pacientes con discapacidad
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Si se analiza la otra cara de la moneda, las derivaciones aceptadas por los hospitales, el resultado es el mismo. Se ve claro si se observa, por ejemplo, lo ocurrido en Alcorcón. El municipio, que fue uno de los más golpeados por el covid, llegó a acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que ordenase medicalizar las cuatro residencias de la localidad. Y lo hizo, aunque sin éxito. Sólo entre el 29 de marzo y el 15 de abril fallecieron 116 residentes; poco antes, entre el 18 y el 27 de marzo, el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón aceptó una sola derivación. Del 7 al 16 de abril ya fueron 33.
Así pasó en más sitios. Del 18 al 31 de marzo el Hospital de Móstoles aceptó ocho derivaciones; entre el 17 y el 30 de abril, 42. En el Gregorio Marañón pasaron de 10 a 65. En el Ramón y Cajal, de 25 a 89. En el Rey Juan Carlos, de 90 a 115. "La evidencia es abrumadora", sostienen los denunciantes.
Con todas estas pruebas esperan que esta vez la fiscal Almudena Lastra investigue. Hasta ahora no lo ha hecho, pero es que además la institución ha defendido la gestión que Ayuso hizo durante la crisis sanitaria. Su Memoria anual de 2021 sostuvo que los Protocolos no impidieron derivar, que los mayores podían ser tratados en las residencias y que las bajas de personal "se fueron solventando". Ahora hay nuevas pruebas que desmienten estas afirmaciones. Por delante, seis meses para decidir qué hacer con la denuncia. "Entendemos que las pruebas que se aportan son tan contundentes que el Ministerio Fiscal judicializará nuestra denuncia cuanto antes", señalaron las organizaciones este jueves. El delito prescribirá, además, a partir del próximo mes de marzo.
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