"Tenemos todos los permisos", recalca el director del proyecto de Cuna del Alma, 

Andrés Muñoz. En esa línea se posicionó también el 16 de mayo el presidente del 

Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), cuando aseguró que, hasta ese momento,

"todos los informes emitidos por los técnicos del Cabildo habían sido favorables" 

para el macroproyecto turístico planteado en el Puertito de Adeje. Entre las dos

 afirmaciones han pasado cuatro meses y el aumento de la presión sobre la promotora

 Segunda Casa Adeje SL y las instituciones públicas, encargadas de velar por el

cumplimiento de la ley, han puesto sobre la mesa una lista de contradicciones y 

una posible sanción de 600.000 euros.

La Memoria Arqueológica presentada por la promotora y firmada por Arqueocanaria SL

preveía que para proteger los yacimientos se iba a actuar en dos etapas. "Se hizo una

primera actuación y se recogieron restos, que están inventariados y pendientes de entregar

al museo del Cabildo", declara Muñoz. Antes de poder terminar la segunda parte de la

recogida, "por error o por accidente, a pesar de estar marcado en el suelo y haberse

 indicado que no se podía pasar la máquina, la máquina pasó por donde no se debía

y, efectivamente, produjo daños a una parte de los restos", continúa.

Los movimientos de tierra con maquinaria pesada y sin supervisión arqueológica

supusieron la afección y daños "irreversibles", calificados así por el Cabildo de 

Tenerife y el Ejecutivo canario. El director del proyecto insiste en que la destrucción 

del yacimiento "no tiene el carácter, ni el tamaño, ni la gravedad que el Gobierno de

 Canarias ha dicho en su apertura de expediente" y que presentarán las correspondientes

 alegaciones. Mientras tanto, la directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno 

de Canarias, Nona Perera, que firmó el inició del expediente sancionador, explica que

la empresa, "conociendo que había bienes patrimoniales en su suelo, inició las obras 

sin aplicar las medidas recogidas por el estudio que ellos mismos encargaron y pagaron".

"Siendo conocedores y agrediendo varios puntos patrimoniales, se les abre el expediente

 porque no hicieron lo necesario para conservarlo", recalca la directora de Patrimonio

 Cultural. Por su parte, el director del proyecto privado insiste en que "es un error de las

 personas que están trabajando allí". "No me gustaría cargar las tintas sobre el trabajador

 porque la responsabilidad última es nuestra como directores de la obra por no asegurarnos

 de que nadie, ni siquiera por error, mete una máquina donde no tiene que meterla", añade (...)