CTXT. Jueces contra la prensa libre, de Joaquín Urías

 Joaquín Urías 5/07/2023

La democracia en peligro

Cuando la Audiencia Provincial de Huelva se desliga de la voluntad del legislador y condena a dos años de cárcel a una periodista por hacer su trabajo, todos perdemos un trozo de libertad

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Jueces contra la prensa libre | ctxt.es Son tiempos difíciles para el periodismo. La democratización de las redes sociales ha traído una avalancha de noticias falseadas que se difunden como ciertas con la intención de manipular las mentes de la gente de buena fe. Proliferan también los pseudoperiodistas a sueldo de los políticos que se dedican a hostigar agresivamente a los de signo contrario y a construir noticias que tergiversan la realidad a su conveniencia. La polarización ideológica, con gran parte de la ciudadanía convertida en auténticos hooligans de un bando u otro que no quieren recibir más que aquellas noticias que refuerzan lo que ya creen, empuja a muchos medios de comunicación a tomar partido hasta límites nunca imaginados. Las dificultades económicas de la prensa independiente y la precarización de los periodistas tampoco ayudan. El resultado es que hay cada vez menos información rigurosa y objetiva disponible. Eso debilita a una sociedad que es cada vez menos libre. Sin recibir datos contrastados nos es extremadamente difícil crearnos nuestro propio criterio sobre las cosas y compensar los mensajes interesados. En este panorama, cada ataque a la prensa independiente es una paletada más sobre el ataúd de la libertad. Se entiende, por ello, la preocupación que ha causado entre los periodistas una sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva que para el público en general ha pasado prácticamente desapercibida. Se refiere al caso de Laura Huelmo, la joven maestra asesinada en un pueblo onubense. Cuando la sociedad sólo sabía del crimen por las escuetas notas fragmentarias emitidas por la policía, una periodista del diario Huelva Información consiguió una copia de las diligencias judiciales. Gracias a ello pudo contar que se iba a volver a tomar declaración al acusado, por si en el delito había participado más gente; también reprodujo la declaración del asesino en la que contaba cómo la había secuestrado con intención de violarla, golpeándola fatalmente. Posteriormente, narró de nuevo en su periódico un resumen de la autopsia, explicando la causa de la muerte por un golpe y que en el cuerpo de la víctima no se había encontrado semen pero sí ADN del culpable. En otro artículo, por fin, contaba que en las actuaciones se había incluido un vídeo con las últimas imágenes de la fallecida mientras compraba en un supermercado de la localidad, vídeo que se describía en la noticia. En el derecho español hay una norma respecto a los sumarios judiciales: son secretos para facilitar las investigaciones, pero sólo se persigue al juez o funcionario que los filtra. No a quien los difunde. El legislador español, con buen criterio, ha querido castigar a quien rompe el deber de confidencialidad, pero con cuidado de no silenciar la libertad de información. El delito no está relacionado con el contenido del sumario, sino con la ruptura de la confianza. Se penaliza a quien no es capaz de proteger un documento reservado que ha de custodiar, pero el legislador entiende que sería inconstitucional castigar igualmente a los periodistas que difunden hechos de innegable interés informativo. Por supuesto, si al difundir unas diligencias judiciales un periodista perjudica una investigación, podrá ser acusado de obstaculizar la acción de la justicia. Si difunde el nombre de una víctima de violación o de un testigo protegido también podrá ser castigado por dañar la intimidad o por poner en peligro una vida. Pero lo que no es posible es perseguirlo por el simple hecho de hacer públicas las diligencias del asunto. Así, la publicación del contenido de las diligencias judiciales es frecuente en nuestro país. Basta recordar la emisión en televisión de los vídeos de las declaraciones judiciales de Isabel Pantoja, la infanta Cristina o los acusados de la Púnica. Igualmente, se emitieron sin más problemas unas grabaciones de la mafia italiana interceptadas por la policía en las que se hacía referencia a Bárcenas; la declaración del director de la FAFFE en el macrojuicio andaluz por corrupción o la declaración de la asesina del niño Gabriel en Almería, entre otras muchas. A diario, todos los buenos periodistas construyen sus artículos gracias a datos que consiguen de algún sumario judicial. Puede parecer deplorable que esto suceda porque demuestra una justicia agujereada, pero el culpable nunca es el periodista que difunde información de innegable relevancia pública, sino el funcionario desleal incapaz de guardarlos para sí. Esta situación siempre ha molestado a los jueces. Por dos motivos: porque les inquieta no saber cuál de sus funcionarios está traicionando su confianza y pasándole información a la prensa, y porque saben que cuantos más detalles conozca la gente de un caso, más fácil es que critiquen su papel en el asunto (...)