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Solo la derogación de las leyes privatizadoras y el blindaje de la sanidad pública evitarán el desmantelamiento que preparan.
Casi un año después del inicio de la pandemia y ya en la tercera ola, los peores augurios se han confirmado. Mientras la mayoría de la población condena la gestión de la crisis y el sistema sanitario público está en shock, es innegable, como ya denunciábamos, que la pandemia ha sido una oportunidad de negocio para los de siempre 1 , al tiempo que ha permitido dar una nueva vuelta de tuerca en el proceso de privatización de la sanidad.
Lo que podía haber sido una oportunidad para rescatar la sanidad pública se ha convertido en negocio y espectáculo. Con todos los partidos políticos de acuerdo 2 , cada uno ha vuelto a su papel. La derecha ha aprovechado para degradar aún más los centros públicos privatizando cualquier actividad sanitaria; mientras, la izquierda institucional ha mirado para otro lado permitiendo que la derecha haga el trabajo sucio. Las enormes listas de espera y la falta de respuesta del sistema público han dado un nuevo empujón a cientos de miles de personas hacia los seguros privados 3.
Todo esto ocurre, además, cuando se hunden las condiciones de vida de millones de personas: se esperan nuevos recortes en las ya muy precarias pensiones públicas y se extiende la tragedia del paro masivo con su cortejo de desahucios, hacinamiento, cortes de luz, agua y gas por impagos y desesperación cotidiana en los barrios obreros; precisamente en los que se ceba la pandemia por el Covid 19.
Al mismo tiempo, los gobiernos de todos los colores están aprovechando esta situación para imponer medidas represivas que de otra forma tendrían una fuerte contestación social. Con la excusa del virus, han militarizado nuestras calles, y el control social de la población es un hecho que se ha incorporado a nuestra normalidad cotidiana con escaso cuestionamiento. La experiencia de otros países nos ha demostrado que, a mayor debilidad de los sistemas sanitarios, más necesidad han tenido de aplicarnos confinamientos medievales. Curiosamente hay disponibilidad económica para todo este despliegue, pero no para proveer a los centros sanitarios públicos de los recursos necesarios (espacios, personal, equipos de protección individual, etc..) para atender adecuadamente esta pandemia. Todo ello mientras la miseria se adueña de la vida de millones de personas. Queremos medidas sanitarias y sociales, no policiales (...)
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Desde CAS os compartimos este comunicado: Basta ya de engaños. Nos
jugamos la vida y el Sistema Sanitario.
Por que solo la derogación de las leyes privatizadoras y el blindaje de
la sanidad pública evitarán el desmantelamiento que preparan.
Con esto el sábado 27 de febrero nos vemos en las calles:
- Frente a la privatización, sanidad pública.
- Por la derogación de las leyes privatizadoras (15/97 y artículo 90
LGS).
- Rescate de lo privatizado.
- No al cierre de centros sanitarios.
- Por un sistema sanitario gestionado democráticamente centrado en la
prevención y en la salud colectiva.
En el enlace tenéis el cartel general de la convocatoria y el comunicado
en los cuatro idiomas.
https://www.casestatal.org/es/
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