Los antidisturbios de Bangladés tienen algo en común con los de Perú, Túnez o Marruecos. Cuando toca reprimir a manifestantes que protestan contra las políticas gubernamentales o exigen respeto a sus derechos civiles, los agentes que disparan y apalean a los movilizados cuentan en cada uno de esos lugares cuentan con material antidisturbios exportado por España.

Amnistía Internacional (AI) acaba de dar la voz de alarma sobre el último caso de un cuerpo policial señalado por vulnerar los derechos humanos y armado, en parte, por empresas españolas, siempre con el beneplácito y la autorización oficial de la Junta Interministerial que concede los permisos de exportación. 

La denuncia lleva esta vez hasta las calles de Daca, capital de Bangladés y escenario estos días de unas históricas protestas que han servido para derrocar al Gobierno de la primer ministra Sheikh Hasina, señalado por perseguir a disidentes políticos. La represión de las movilizaciones ha dejado un saldo de 300 muertos.

Según datos de AI, entre enero de 2017 y junio de 2023 España autorizó la exportación de material antidisturbios a Bangladés por un valor de 5,6 millones de euros. Frente a esa situación, la organización de derechos humanos se ha dirigido por escrito al Gobierno para mostrar su preocupación por la venta en los últimos cinco años de "munición para la Policía y gas lacrimógeno para las Fuerzas Armadas".

"En 2023, verificamos indicios de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes por parte de la Policía y simpatizantes del partido gobernante", destaca AI en una serie de mensajes publicados este miércoles en su perfil oficial en X, antes Twitter. 

En el primer semestre del año pasado –último periodo sobre el cual existen datos oficiales en torno a las exportaciones de armas españolas– el Gobierno se vio obligado a denegar cuatro solicitudes de licencias de exportación de cartuchos de caza con bolas de goma a la Policía bangladesí. Sin embargo, no siempre se aplicó ese filtro pese a las evidentes pruebas sobre violaciones a los derechos humanos. 

En 2018, AI documentó el "uso de la fuerza por parte de la Policía y las acciones violentas de vigilantes progubernamentales contra manifestantes estudiantiles", mientras que en 2021 reclamó que se investigase la "falta de protección a los y las manifestantes frente a ataques instigados por activistas del partido gobernante". 

Balas de goma en Perú

No es la primera vez que AI se dirige al Gobierno para pedirle que revise su política de concesión de licencias de exportación de material antidisturbios. El organismo de derechos humanos reveló en febrero de 2023 que durante la represión contra manifestantes en Perú "se hizo uso de proyectiles antidisturbios de escopeta y balas de goma fabricados por la empresa española Maxam Outdoor".

Entre 2012 y 2021 las autoridades españolas autorizaron 24 licencias de exportación de material antidisturbios a Perú por un valor de 70.429.599 euros, lo que sitúa a este país latinoamericano entre los principales compradores de ese tipo de armamento.

Según ha podido verificar Público, en el primer semestre de 2023 se produjo la exportación de grilletes a la Policía de Marruecos por un importe de 140.000 euros, mientras que en 2022 se autorizó la exportación a ese país de cartuchos lacrimógenos y grilletes por otros 221.000 euros.   

Marruecos sí, Cuba no

Los datos oficiales del Gobierno español indican además que en 2022 hubo cuatro autorizaciones de exportación de material antidisturbios a Bangladés, mientras que en el primer semestre de 2023 se exportaron a ese país "artificios de luz y sonido" y cartuchos lacrimógenos por un importe de 60.048 euros.

El Ejecutivo no utilizó ese mismo criterio a la hora de analizar una solicitud de exportación de material policial a Cuba. En abril de 2022, la Junta Interministerial denegó una petición de venta de 2.500 cartuchos lacrimógenos y fumígenos y 40 artificios de luz, sonido y lacrimógenos a la isla, alegando como motivo el "respeto a los derechos humanos". 

Las ventas de Rajoy 

El Partido Popular también se vio involucrado en exportaciones de material antidisturbios a países implicados en vulneraciones de derechos humanos. En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy dio el visto bueno a una "donación" de cartuchos lacrimógenos a Egipto, sumido entonces en una grave situación tras el golpe de Estado registrado en julio de ese año. 

En 2017, el Ejecutivo del PP autorizó la exportación de camiones antidisturbios con cañón de agua y cisterna para el Sultanato de Omán, cuyas autoridades rechazaron las recomendaciones de AI para investigar los casos de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.

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