Ángeles Rodenas Londres —
El coautor de un macroinforme sobre la situación del derecho a la protesta en 21 países europeos analiza la sentencia –apelada esta semana– que condenó a cinco personas a cuatro años de prisión por cortar una carretera en Reino Unido: “ Se puede proteger el orden público y respetar los derechos humanos”
— La criminalización del activismo climático ya causa un efecto disuasorio: “Muchos se han asustado”
Marco Perolini en la presentación de un informe de Amnistía Internacional.
El relator especial de la ONU para los defensores ambientales, Michel Forst, calificó la sentencia de “represiva” e “inaceptable en una democracia como la británica”. Organizaciones de derechos humanos y en defensa del medio ambiente han mostrado su total rechazo al fallo judicial. Académicos, atletas y artistas, como Chris Martin y Annie Lennox entre ellos, han firmado una carta dirigida al fiscal general. La decisión llega un año después de otras dos duras sentencias de tres y dos años y siete meses de prisión para activistas climáticos por subirse al puente de Dartford Crossing, en Londres. Estas decisiones judiciales son el resultado de la aplicación de dos nuevas leyes introducidas en 2022 y 2023 por sucesivos gobiernos conservadores que fueron ampliamente criticadas por ser consideradas un ataque directo al derecho a la protesta.
Marco Perolini es asesor de asuntos políticos de Amnistía Internacional y coautor de un macroinforme publicado en julio por esta organización en el que se analiza el estado del derecho a la protesta en 21 países europeos. Perolini asegura que en Gran Bretaña, al igual que en otros países, “se intenta deslegitimar, también desde el ámbito judicial, a los activistas climáticos para justificar sentencias draconianas”. El orden público y la libertad de expresión, subraya, no son contradictorios a pesar del retroceso generalizado en derechos humanos que la organización ha constatado en Europa.
La emergencia climática y la frustración de los activistas por la falta de compromiso de los gobiernos para reducir emisiones han llevado a una escalada de actos de desobediencia civil, incluyendo controvertidas tácticas usadas en el pasado como los ataques a obras de arte en destacados museos europeos. Pero lo más preocupante para Perolini es la severa respuesta desde el poder que percibe estas acciones como una amenaza.
Las sentencias a los cinco activistas de Just Stop Oil por planear una acción, es decir, ni siquiera por participar en la protesta, ¿suponen un castigo justo?
Las penas de cárcel por lo general no deberían usarse para castigar actos pacíficos, así que son desproporcionadas. Ni siquiera hablamos sobre el tiempo de las penas, no olvidemos que hay países, Turquía es uno de ellos, que utiliza leyes antiterroristas para juzgar a gente que protesta pacíficamente. Pero es cierto que, por lo que sabemos, estas son las sentencias más largas dictadas en Europa occidental.
El juez del caso, Christopher Hehir, sostiene en su resolución que los cinco acusados habían pasado de ser “activistas preocupados” a “fanáticos” y habían decidido que los ciudadanos tenían que sufrir molestias o daños “para que ellos pudieran pasear sus opiniones”. Las acciones tuvieron serias consecuencias y el juez tiene que tener esto en cuenta.
Por supuesto. Pero lo primero que notamos sobre el razonamiento judicial, y es un patrón que hemos encontrado en las autoridades judiciales de otros países, es que utiliza un lenguaje muy negativo, especialmente hacia los activistas climáticos. Los jueces intentan deslegitimar las acciones de los activistas usando estereotipos negativos que a veces se usan precisamente para justificar sentencias draconianas. Cualquier protesta no violenta conlleva algún tipo de trastorno. A veces es necesario manifestar la preocupación sobre temas que nos conciernen a todos, como la emergencia climática o el racismo institucional, y estos actos ocasionan perjuicios.
Pero eso no quiere decir que se pueda arrestar, golpear, juzgar y penalizar a la persona. Tiene que haber un equilibrio entre la protección del derecho a la asamblea pacífica y la protección de los derechos de los demás. Y también tiene que haber proporción entre la molestia causada y la reacción del Estado. Por ejemplo, si hay una alteración que se prolonga en el tiempo la policía podría intervenir para dispersar a los protestantes. Pero lo que hay que aclarar es que el hecho de que un acto pacífico sea disruptivo no lo convierte en un acto violento. Bloquear una carretera es disruptivo, pero no es violento.
La escalada de acciones de desobediencia civil que atentan contra el patrimonio público está causando mucha controversia. No solo es el corte de carreteras, sino pegarse a cuadros en museos o manchar de pintura un edificio público. ¿Deberían estar permitidas? ¿Es el precio que tenemos que pagar por vivir en un sistema democrático o deben ser castigadas?
El delito de daños contra la propiedad está tipificado en casi todos los países del mundo y no supone una violación de los derechos humanos. Nosotros no decimos que estas acciones deberían estar permitidas. Pero hay que pararse en los matices. Hay distintos grados de daños, serio o leve, permanente o temporal. Si se destroza un monumento va a ser difícil repararlo. Pero los activistas climáticos suelen participar en actos que no causan daños permanentes, por ejemplo, utilizan pintura lavable. Si un acto resulta en daños a la propiedad, la respuesta del Estado tiene que ser proporcionada al daño causado.
Lo difícil es determinar dónde está la línea entre la libertad de expresión y el mantenimiento del orden público.
No son excluyentes. Se puede proteger el orden público y respetar los derechos humanos. Se puede restringir la libertad de asamblea de manera que se proteja el orden público, pero la limitación tiene que ser proporcionada y necesaria. Obviamente, es difícil trazar esa línea, depende de cada caso. Por eso, el Estado tiene autoridades que valoran antes de dar una respuesta policial o judicial.
Nos preocupa mucho que los Estados estén utilizando el orden público como justificación para restringir protestas. Es un argumento muy efectivo, la seguridad nacional, porque la gente lo entiende. Por eso, creo que es muy importante explicar que los derechos humanos y el orden público no son contradictorios.
Lo realmente preocupante es que estas leyes y estos estos casos como el de los activistas de Just Stop Oil tienen un impacto más amplio entre la población, el llamado efecto escalofriante (the chilling effect). Las duras sentencias hacen que la gente se lo piense dos veces antes de volver a las calles a protestar. Estas severas condenas tienen un objetivo disuasorio y por lo tanto se convierten en un asunto de derechos humanos. Evitan que la gente ejerza sus derechos.
En el juicio contra los activistas de Just Stop Oil, los acusados tenían prohibido hablar del cambio climático para explicar los motivos de sus actos. Esto ha dado lugar a escenas de nuevos arrestos en el banquillo de acusados cuando los activistas mencionaban las razones que les llevaron a planear la videollamada.
Está claro que los motivos, participar en actos de desobediencia civil para concienciar sobre la emergencia climática, es decir, por el interés común, eran parte de su defensa. En Derecho, en ocasiones hay razones que excusan ciertos comportamientos que los activistas han podido tener. Así que deberían haber podido explicar qué razones motivaron sus actos, no solo por el derecho a la libertad de expresión sino para cumplir con las normas de un juicio justo. En general, hemos visto muy pocos casos en todos los países estudiados en nuestro informe en los que el juez ha tenido en cuenta la motivación detrás de las acciones, como ha ocurrido en dos casos en Suiza.
Desde la introducción de nueva legislación en 2022 y 2023, en Reino Unido la policía puede prohibir protestas pacíficas si las considera demasiado ruidosas, las multas por bloquear una autopista pueden ser ilimitadas, perturbar el orden público puede acarrear penas de hasta diez años de cárcel, las empresas pueden solicitar órdenes judiciales contra activistas que pueden llevarlas a la ruina, por mencionar algunos ejemplos. En este contexto, ¿se puede salir a protestar en este país?
La legislación ha reducido las opciones de participar en protestas pacíficas. Por un lado, se han creado algunos delitos con el propósito exacto de usarlos contra quienes protestan de forma pacífica. Por otro, ha habido un endurecimiento de las sentencias por delitos ya existentes. Estamos en una situación en la que participar en un acto pacífico puede fácilmente resultar en arresto y, a veces, en procesamiento.
Hemos visto a muchos activistas, no solo ambientales, arrestados por la misma razón: conspiración para causar perjuicio público, por intentar parar deportaciones o antes de la celebración de Orgullo en Londres. Es un contexto de represión en aumento en el que la respuesta del Estado es cada vez más dura a nivel policial, pero también a nivel judicial.
¿Cómo describiría la situación en España?
Hemos visto un retroceso en los derechos de libertad de expresión y de asamblea pacífica, especialmente desde la aprobación de la Ley de seguridad ciudadana de 2015. Esta norma ha resultado en miles de sanciones administrativas basadas en cláusulas vagas y problemáticas, como las que castigan por usar imágenes de agentes del orden o resistencia a la autoridad. Además, estipulaciones difusas en el Código Penal también se han usado para restringir de forma desproporcionada el derecho de reunión.
El informe de Amnistía Internacional identifica patrones similares de estigmatización y criminalización en otros países europeos como Alemania, donde activistas han sufrido detención administrativa de 30 días para evitar que participaran en protestas; en Francia, donde el ministro de Interior Gerald Darmanin calificó de “ecoterroristas” a los activistas o en Italia, donde se juzga a activistas con leyes antimafia. ¿Qué motiva esta ola de represión?
Cada vez hay más acciones de desobediencia civil debido a las crisis dominantes: emergencia climática, injusticia racial, económica… y el Estado está reaccionando con esto. En las últimas dos décadas en muchos países ha habido un incremento en el uso de leyes penales para abordar lo que se percibe como una amenaza a las autoridades o a las personas que están en el poder. Pero es a través de actos de desobediencia civil como grupos marginados han conquistado derechos, como el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos o el movimiento sufragista en Europa. Por eso es muy preocupante que cuando hoy se usan las mismas tácticas para conquistar derechos importantes para todos nosotros el Estado reaccione de forma tan severa.
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