Juezas y Jueces para la Democracia cumple 37 años
En un contexto de
corporativismo en la Judicatura y con su cúpula copada por nostálgicos
del Régimen, surge reivindicando un poder judicial auténticamente
independiente del Ejecutivo.
Hace treinta y siete años se constituía como asociación profesional lo que es hoy Juezas y Jueces para la Democracia. Anteriormente, bajo la dictadura franquista, se contaba con la experiencia de Justicia Democrática. Una organización de jueces, fiscales y secretarios, constituida al margen de la ley, de amplio espectro ideológico, que buscaba afanosamente un espacio cultural en el que pudieran convivir el ejercicio independiente de una jurisdicción digna de ese nombre con un compromiso firme con los valores democráticos.
Ya en los primeros años de la transición, en un contexto de corporativismo imperante en la Judicatura y con su cúpula copada por nostálgicos del régimen, la entonces Jueces para la Democracia surge reivindicando un poder judicial auténticamente independiente del ejecutivo y sometido al control de la opinión pública, con un modelo constitucional de juez comprometido con la realidad social.
Frente a quienes sostenían que el texto de la recién aprobada Constitución de 1978 era una mera declaración programática, carente de valor efectivo, siguiendo el mismo patrón de las Leyes Fundamentales franquistas, esta asociación judicial defendía su eficacia directa. En su acta constituyente, Jueces para la Democracia hace un llamamiento a integrar a las juezas y jueces que “con un profundo sentido crítico hace de la noción de justicia como servicio público y de la necesidad de convertir la Constitución en algo vivo y cotidiano el eje fundamental de su existencia”. Entre las señas de identidad del nuevo colectivo destaca el empeño del juez en interpretar la legalidad vigente con arreglo a los valores constituciones de “libertad, justicia, igualdad y pluralismo político”, dando cabida a las justas demandas de amplios sectores sociales que raramente habían tenido oportunidad de reconocerse en la institución judicial.
Desde un inicio, hemos defendido una Justicia amable, pues la rigidez y autoritarismo del modelo judicial vigente caracterizaban una Judicatura antipática y lejana, en la que la ciudadanía no se sentía reconocida. Y así, junto a su caracterización como poder, destacamos la administración de Justicia como servicio público en el que sus protagonistas no son los jueces, fiscales, letrados de la administración de Justicia, abogados, procuradores o graduados sociales sino los ciudadanos. Fruto de ello fue el impulso de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, una iniciativa parlamentaria histórica que alcanzó por primera y única vez la unanimidad de todos los grupos políticos, aun cuando careciese de fuerza de ley (...)
+ 30/05/20 nuevatribuna.es · Antonio Seoane
Hace treinta y siete años se constituía como asociación profesional lo que es hoy Juezas y Jueces para la Democracia. Anteriormente, bajo la dictadura franquista, se contaba con la experiencia de Justicia Democrática. Una organización de jueces, fiscales y secretarios, constituida al margen de la ley, de amplio espectro ideológico, que buscaba afanosamente un espacio cultural en el que pudieran convivir el ejercicio independiente de una jurisdicción digna de ese nombre con un compromiso firme con los valores democráticos.
Ya en los primeros años de la transición, en un contexto de corporativismo imperante en la Judicatura y con su cúpula copada por nostálgicos del régimen, la entonces Jueces para la Democracia surge reivindicando un poder judicial auténticamente independiente del ejecutivo y sometido al control de la opinión pública, con un modelo constitucional de juez comprometido con la realidad social.
Frente a quienes sostenían que el texto de la recién aprobada Constitución de 1978 era una mera declaración programática, carente de valor efectivo, siguiendo el mismo patrón de las Leyes Fundamentales franquistas, esta asociación judicial defendía su eficacia directa. En su acta constituyente, Jueces para la Democracia hace un llamamiento a integrar a las juezas y jueces que “con un profundo sentido crítico hace de la noción de justicia como servicio público y de la necesidad de convertir la Constitución en algo vivo y cotidiano el eje fundamental de su existencia”. Entre las señas de identidad del nuevo colectivo destaca el empeño del juez en interpretar la legalidad vigente con arreglo a los valores constituciones de “libertad, justicia, igualdad y pluralismo político”, dando cabida a las justas demandas de amplios sectores sociales que raramente habían tenido oportunidad de reconocerse en la institución judicial.
Desde un inicio, hemos defendido una Justicia amable, pues la rigidez y autoritarismo del modelo judicial vigente caracterizaban una Judicatura antipática y lejana, en la que la ciudadanía no se sentía reconocida. Y así, junto a su caracterización como poder, destacamos la administración de Justicia como servicio público en el que sus protagonistas no son los jueces, fiscales, letrados de la administración de Justicia, abogados, procuradores o graduados sociales sino los ciudadanos. Fruto de ello fue el impulso de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, una iniciativa parlamentaria histórica que alcanzó por primera y única vez la unanimidad de todos los grupos políticos, aun cuando careciese de fuerza de ley (...)
+ 30/05/20 nuevatribuna.es · Antonio Seoane
Tiempos de pandemia, tiempos extraordinarios.
Tiempos que nos ponen a prueba a todos. El virulento contagio del
coronavirus “diciembre 2019”, que no se sabe si pudiera afectar a las
meninges; las condiciones del confinamiento, que pudieren determinar
procesos mórbidos en el ámbito de lo psicológico; o incluso las
afectaciones circulatorias derivadas del sedentarismo, parece que están
pasando factura a personas de alta responsabilidad en todos los ámbitos
(piénsese en Trump o en Bolsonaro, por
acudir a lo más socorrido) pero también en nuestro país.Y, por lo que
hace a este artículo, en el judicial. Cosa rara porque los jueces,
aunque no todos están exentos de una cierta vena ácrata y una pizca de
locura, indicio claro de sanidad, se someten a un intenso entrenamiento
para simular sensatez, al menos por lo que toca a casi todas sus
resoluciones.
Y empezó todo esto con la acerba crítica de Don Carlos Lesmes, Presidente del CGPJ, al VicepresiTiempos de pandemia, tiempos extraordinarios. (…)
Y empezó todo esto con la acerba crítica de Don Carlos Lesmes, Presidente del CGPJ, al VicepresiTiempos de pandemia, tiempos extraordinarios. (…)
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