David Roca Basadre 5/05/2023
A diferencia de otros medios, en CTXT mantenemos todos nuestros artículos en abierto. Nuestra apuesta es recuperar el espíritu de la prensa independiente: ser un servicio público. Si puedes permitirte pagar 4 euros al mes, apoya a CTXT. ¡Suscríbete!
Mirtha Vásquez Chuquilín fue presidenta del Congreso de la República del Perú. Luego, fue presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, responsabilidad que dejó saboteada por la mayoría congresal de ultraderecha y también a causa de las diferencias con el bloque que apoyaba a Castillo. Es abogada, tiene experiencia como asesora de comunidades campesinas y activista por los derechos humanos y ambientales. Hoy es objeto de persecución política. Aquí nos explica cómo, silenciosamente, una alianza entre el congreso de ultraderecha y el ejecutivo de Dina Boluarte han logrado organizar un sistema dictatorial que se sostiene con represión armada, a pesar de tener el rechazo de más del 90% de la población. Y las perspectivas que hay para revertir aquella situación tan sui generis que interesa, también, porque grupos de ultraderecha fuera de ese país –como Vox– la han considerado modélica.
Persiste la inestabilidad política en el Perú, el descrédito del gobierno es mayoritario, pero allí sigue. ¿Se trata de una dictadura?
Sí, es una dictadura. Ya no estamos en un gobierno democrático. Es un gobierno con tintes autoritarios muy fuertes. Y la dictadura se está consolidando, fundamentalmente, por la cooptación de poderes, donde el ejecutivo y el legislativo están cohesionados como si fueran uno solo. No tenemos independencia del poder judicial ni de la fiscalía que están fuertemente tomados por los que gobiernan. Esto se puede comprobar fácilmente contrastando la actitud tan persecutoria que tuvo la fiscalía contra Pedro Castillo, mientras que hoy, siendo Dina Boluarte objeto de las mismas acusaciones, no son capaces de mover un dedo, y se le investiga de manera muy parcializada.
El poder judicial está tomado por gente asesorada por quien fuera presidente del Consejo de Ministros de Dina Boluarte, Pedro Angulo.
El Tribunal Constitucional fue electo de manera perversa y los nuevos tribunos han emitido sentencias que representan enormes retrocesos para la democracia del país, como por ejemplo ratificar una ley del Congreso de la República que impide toda fiscalización del mismo congreso. Ese TC ha emitido asimismo sentencias escandalosas que perdonan deudas de miles de millones por impuestos a grandes empresas. De la misma manera, se ha debilitado la Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar, ratificar, destituir, fiscalizar a los integrantes del poder judicial y el ministerio público.
¿Todo el aparato del Estado tomado?
Quedan aún independientes la Defensoría del Pueblo para la que ya preparan los más parcializados reemplazos imaginables, y el poder electoral, pero ya van por él, se están dotando de los medios para cooptarlo también. Los grandes medios de comunicación están al servicio de todo esto.
Todo ello con la connivencia de las fuerzas armadas, sin límites en su accionar como hemos visto estos últimos meses de movilizaciones pacíficas, reprimidas con balas y sin escrúpulo alguno.
¿Una dictadura que se instaló silenciosamente?
Es una dictadura sui generis que concentra todo el poder en el Parlamento. Esa concentración de poder significa que no estamos en un Estado de derecho. Hay un obvio desbalance de poderes, con predominancia absolutista del congreso. No hay necesidad de un golpe aparatoso para instalar una dictadura. Esta es la razón, supongo, por la que las personas y partidos del Foro Madrid admiran al grupo encaramado en el aparato de Estado del Perú hoy.
Es un régimen, sin embargo, que carece de legitimidad. Hace muy poco IEP, y luego IPSOS, las dos encuestadoras más serias, le daban 80% de rechazo a Boluarte. Restando los que se abstienen de opinar, le queda 15% de aceptación. El Congreso de la República tiene una aceptación del 6%, que en algunas regiones es del 0%. Pero ellos no prestan atención a esta disconformidad masiva, pareciera que prefieren seguir matando gente antes que dimitir.
Vemos así como las fuerzas armadas y policiales son las que tienen el control del orden, son las que toman decisiones, están siendo protegidas también, y eso no es compatible con un Estado de derecho. Hoy, cualquiera que levanta una voz disidente es sospechoso, lo investigan.
¿Hay persecución política? (...)
No hay comentarios:
Publicar un comentario