29/04/2024
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Pedro Sánchez, durante su comparecencia esta mañana en La Moncloa para anunciar que no dimite. / RTVE
Tras cinco días de mutismo, encierro y suspense, Pedro Sánchez fue a ver al rey a La Zarzuela, volvió a La Moncloa y anunció que sigue, que no dimite, que se queda. Es un punto y aparte, advirtió el presidente tras agradecer el apoyo de su partido en las calles, que le anima, dijo, a trabajar con más fuerza si cabe para frenar la degradación de la política, el odio, las mentiras, y emprender la regeneración de la democracia.
El contenido regeneracionista del mensaje chocó frontalmente tanto con el tufillo populista del discurso como con la puesta en escena: desde la escalinata de La Moncloa, Sánchez leyó una declaración institucional en la que no aceptó preguntas de la prensa ni anunció una sola medida. Como primer síntoma para reverdecer el vertedero informativo, la imagen fue poco creíble, casi contraproducente.
Es cierto también que el enésimo golpe de efecto del manual de resistencia de Sánchez ya ha tenido una primera consecuencia positiva. Durante su retiro, el debate sobre las cloacas mediáticas y judiciales coordinadas (y alentadas y financiadas) por la derecha y la extrema derecha ha llegado a todos los rincones del país. Miles de ciudadanos han salido a las calles, otros han dado su opinión en redes sociales y 12.700 personas (entre ellas centenares de periodistas) han firmado el manifiesto contra el golpismo judicial y mediático impulsado por esta revista.
Además, algunos políticos, reporteros y medios implicados en ese entramado antidemocrático se han visto obligados a defenderse o a tratar de dar explicaciones, aunque lo hayan hecho con más desfachatez y cinismo que fortuna.
Tienen razón quienes, como los líderes catalanes y los de Podemos, han recordado que este debate llega con años de retraso, y que muchos que ahora se escandalizan fueron durante largo tiempo espectadores y beneficiarios de ese sistema, y no han reaccionado hasta que les ha afectado directamente a ellos. Es sabido que la cloaca policial y mediática funciona a pleno rendimiento desde 2014, y aunque es cierto que, como ha dicho Sánchez, su familia fue uno de los objetivos de la policía patriótica desde el principio, también lo es que el líder socialista hizo mal uso, cuando le convino, de informaciones falsas para tratar de perjudicar a Podemos [el presidente asumió esta autocrítica en la entrevista concedida por la noche a RTVE].
Es un primer paso. Pero ahora toca comprobar el grado de compromiso real del Gobierno de coalición con esta complicada tarea, porque Sumar ha guardado silencios estruendosos a cambio de un trato mediático más favorable, y porque la reflexión de Sánchez parece todavía demasiado verde como para cambiar realmente algunas cosas importantes. Y por eso nos gustaría sugerir algunas medidas concretas que pueden ayudar a la opinión pública a separar el grano de la paja y a mitigar (en parte) el infecto clima ayusista que preside la esfera pública.
La primera es una nueva Ley de Publicidad Institucional, o el desarrollo de un reglamento que corrija y sancione las trampas y maldades toleradas hasta ahora. Se trata en primer lugar de impedir a las instituciones excluir a las publicaciones no afines y premiar a las afines en base a criterios sectarios y puramente ideológicos, como hace el PP. Y también de prohibir financiar con dinero público a los medios o pseudomedios que no sean transparentes en sus cuentas, que no cumplan las leyes laborales y de igualdad de género, que hayan sido reiteradamente condenados por insultar y/o difamar, que publiquen noticias falsas, mentiras o bulos sin rectificación o que incumplan de forma sistemática o recurrente las normas deontológicas básicas. Esto sanearía bastante un ecosistema mediático dopado y lleno de intrusismo partidista, que en buena parte depende de las inyecciones de dinero público procedente de los impuestos que pagamos todas.
La segunda propuesta es promover el debate profesional y social para la creación de una Ley de Garantía de la Información, que defina los derechos y deberes de la profesión periodística (incluido el sistema para su acceso), los mecanismos de salvaguarda de la cláusula de conciencia en el seno de las redacciones y los de defensa de la ciudadanía frente a los posibles excesos de los medios. En todos los países existen organismos independientes encargados de velar por la autorregulación profesional. En ese sentido, en España está pendiente la constitución de un Consejo General de Colegios de Periodistas, que debería haberse creado hace al menos dos décadas, cuando empezaron a ser aprobados por los parlamentos autonómicos esos órganos de derecho público.
La tercera medida es la abolición definitiva y urgente de la ley mordaza.
Sobre el golpismo de algunos jueces, la propuesta que nos parece más necesaria y plausible es la ruptura inmediata de la negociación con el PP para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial, y la aprobación de una ley que obligue a la dimisión automática de sus miembros cuando caduque el mandato, y a que en caso de bloqueo el Congreso pueda nombrar a la mayor parte de los miembros del CGPJ mediante mayoría absoluta, garantizando la correcta representación también de la oposición.
Para otras propuestas, apelamos como siempre a nuestra comunidad lectora y suscriptora: háganos llegar sus ideas a info@ctxt.es. Los comentarios solo están abiertos para las personas suscritas.
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