España está a la cola en tasa de homicidios, pero a la cabeza en el porcentaje de población en prisión y de tiempo medio de estancia entre rejas. Son datos contradictorios en uno de los países de Europa con las condenas más altas para muchos delitos contemplados en el Código Penal, que oculta el llamado penalismo mágico o populismo punitivo, la creencia cada vez más extendida de que a mayores penas de prisión, cuanto más gente encarcelada, más seguridad en la calle.

Jorge Elías Ollero, jurista de instituciones penitenciarias, mediador y ahora director del servicio de reinserción y justicia restaurativa en la Comunidad Foral de Navarra, es el creador del concepto penalismo mágico -variante jurídica del realismo mágico de la literatura latinoamericana-, sobre el que ha escrito un libro donde lo define de esta manera: "Es un término que sirve para describir gráficamente una idea muy arraigada en nuestra sociedad: la creencia mítica en el poder del castigo para solucionar complejos problemas sociales y políticos".

España está a la cola en tasa de homicidios, pero a la cabeza en el porcentaje de población en prisión y de tiempo medio de estancia entre rejas. Son datos contradictorios en uno de los países de Europa con las condenas más altas para muchos delitos contemplados en el Código Penal, que oculta el llamado penalismo mágico o populismo punitivo, la creencia cada vez más extendida de que a mayores penas de prisión, cuanto más gente encarcelada, más seguridad en la calle.

Jorge Elías Ollero, jurista de instituciones penitenciarias, mediador y ahora director del servicio de reinserción y justicia restaurativa en la Comunidad Foral de Navarra, es el creador del concepto penalismo mágico -variante jurídica del realismo mágico de la literatura latinoamericana-, sobre el que ha escrito un libro donde lo define de esta manera: "Es un término que sirve para describir gráficamente una idea muy arraigada en nuestra sociedad: la creencia mítica en el poder del castigo para solucionar complejos problemas sociales y políticos".

El magistrado Joaquim Bosch, miembro de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, calificó como muy acertado ese concepto en un artículo en el cual advirtió lo siguiente: "Ninguna democracia avanzada ha reducido sus niveles de delincuencia incrementando los castigos penales. Al contrario, los países con penas más severas, como EEUU, cuentan con porcentajes de criminalidad mucho más elevados que los nuestros".

Los datos, las estadísticas oficiales, describen un panorama muy diferente al que pintan quienes desde altavoces políticos, mediáticos y sociales claman por penas mayores, por más años de cárcel para quienes cometen delitos, un clamor que suele agudizarse cuando un asesinato particularmente escabroso conmociona a la sociedad.

La tasa de homicidios en España, según el Estudio Global de la ONU sobre Homicidios, se situó en el año 2021 en 0,61 crímenes por cada 100.000 habitantes , muy por debajo de los 2,2 de la media de Europa, el continente con las cifras más bajas del mundo. Nuestro país registra, además, el menor índice homicida entre los principales países europeos, por detrás de Italia, que está en 0,51.

Sin embargo, la tasa de población reclusa de España es de las más altas de Europa, con 117 presos por cada 100.000 habitantes, según la base de datos del World Prison Brief, entidad adscrita a la Universidad de Londres. Ese índice se encuentra bastante por encima de los 90 de Bélgica, 54 de Noruega, 60 de Países Bajos, 89 de Italia, 73 de Suecia, 72 de Alemania, 51 de Finlandia, 102 de Grecia y 111 de Portugal. Únicamente Francia, con 119, Reino Unido y Gales, con 133, y países del Este como Polonia, Lituania o Moldavia superan el porcentaje español de personas encarceladas.

A eso se añade que el promedio de tiempo que pasan los presos en las cárceles españolas es también de los más altos del continente, de acuerdo con el informe anual que publica el Consejo de Europa. En el que publicó en 2021, nuestro país figuraba en la quinta posición, con una media de estancia de 20,2 meses en prisión, una media solamente superada por tres países del Este, Rumanía, Moldavia y República Checa, y por Portugal.

La estadística reunida por Epdata con datos del Ministerio del Interior refleja, igualmente, que el número de asesinatos se ha reducido en España en una década, entre 2012 y 2022: de algo más de 350 casos en el cuarto trimestre del primer año a estar por debajo de esa cifra en el último. Y lo mismo ha ocurrido con los robos con violencia, que descendieron de los cerca de 100.000 a algo más de 60.000 en el mismo periodo analizado.

Las capas económicas bajas llenan las prisiones

El libro de Jorge Ollero sobre el penalismo mágico, publicado en 2021, también recoge datos que constatan el gran aumento de la población penitenciaria en España, multiplicada por ocho desde 1975, año del fallecimiento del dictador Francisco Franco: se pasó de 10.000 personas presas a 75.000 en 2010. Según este jurista penitenciario, la reforma del Código Penal en 1995, el último año de Felipe González como presidente del gobierno, supuso un punto de inflexión con un notable incremento de las penas. Fue, dice a Público, la antesala del populismo punitivo que luego se recrudecería con José María Aznar al frente del ejecutivo.

"Esto es lo que ha hecho -explica Jorge Ollero- que en las prisiones españolas haya mucha gente cumpliendo condenas muy largas por delitos no muy graves. Tenemos el mayor grupo de reclusos por delitos contra el patrimonio -robos y estafas-, en su mayoría de clase socioeconómica baja que delinque por carencias materiales. Y el siguiente grupo mayoritario es el de los que cometen delitos contra la salud pública -tráfico de drogas-, que también sufren unas condiciones de vida difíciles. Vemos entonces que se castiga ante todo la pobreza, los delitos de base económica".

Pero meter mucha gente en prisión no soluciona el problema, según Ollero, que ha trabajado varios años en prisiones. Y no lo solventa, entre otras razones, porque faltan recursos para atender a tanta población interna, argumenta. Falta personal de tratamiento (psicólogos, educadores, trabajadores sociales) y sanitario en las prisiones, algunas de las cuales carecen ya de médicos y tienen que recurrir a servicios externos. "Más recursos y menos reclusos, era el lema de una campaña de Enlace -Federación andaluza de atención a las adicciones-, que es muy acertado", señala.

El penalismo mágico, a juicio del creador de este concepto, la veneración por el castigo como si fuera una varita mágica que todo lo arregla, va en la dirección contraria a la solución del problema que se pretende subsanar. "Una política pública basada únicamente en el Código Penal -advierte- no funciona. El camino es más cuidados, más justicia social, y menos castigos. España es uno de los estados con más desigualdad y con menos políticas sociales. Tenemos una ratio de un psiquiatra por cada mil habitantes, mientras que en otros países de Europa tienen 18. Tenemos una tasa de pobreza del 26% de la población, nuestro gasto en educación es el sexto más bajo de la UE. Todo va sumando. Pero si nos igualásemos en inversión en sanidad, educación, dependencia, gastaríamos menos en castigos." (...)