Irene Castro Corresponsal en Bruselas —
Luchar contra la brecha de género, mejorar los derechos de los trabajadores de plataformas con una 'ley rider' europea o una norma para reforzar las obligaciones de las multinacionales en el respeto de los derechos humanos son algunas de las iniciativas que se han topado con el 'no' de Vox y sus socios
— Europa se enfrenta a la ola de la extrema derecha
- Un grupo de riders, concentrados frente a la sede de Glovo en Barcelona
- Basaron su campaña en 2019 en el combate contra la inmigración, un fenómeno del que hablan con términos como “invasión”, y dedicaron buena parte de sus esfuerzos a endurecer todo lo posible la negociación del pacto migratorio, que ha sido uno de los expedientes legislativos más complicados a los que se ha enfrentado la UE en esta legislatura. Pero las fuerzas de la extrema derecha encontraron rápidamente otra víctima: el Pacto Verde Europeo, que era, sin embargo, la gran apuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y de los grupos que sustentaban su mayoría (PPE, socialistas y liberales) ante el empuje de los verdes.
Nacionalismo, xenofobia y rechazo a la agenda verde han sido las principales características de la presencia de la extrema derecha en las instituciones. Su crecimiento en las últimas elecciones, la presencia en varios gobiernos europeos –especialmente en Italia con la coalición ultraderechista que dirige Giorgia Meloni– y la amenaza de hacerlo aún más en la próxima legislatura calaron en los legisladores europeos, que endurecieron sustancialmente el pacto migratorio. No queda rastro de la solidaridad en el reparto de cuotas de refugiados que puso en marcha el expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que ahora advierte a su partido de los riesgos de mimetizarse con la extrema derecha, y el nuevo modelo está pensado para construir una 'Europa fortaleza' que impida la llegada de personas que buscan en el viejo continente un futuro mejor.
“Legalmente se nos ha violado, se nos ha forzado a elegir algo que no queremos”, llegó a expresar el líder ultraderechista húngaro, Viktor Orbán, en plena negociación del acuerdo migratorio en el seno de las instituciones europeas. Meloni trató de aprovechar la tramitación para poner trabas a las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo, en línea con lo que ha hecho su Gobierno.
Impedir la llegada a Europa, endurecer las condiciones para el acceso al asilo y multiplicar las devoluciones son los principales objetivos de la nueva legislación que los estados miembros tendrán que implementar en un plazo máximo de dos años -y que Hungría y Polonia (ahora gobernada por el popular Donald Tusk) ya han anunciado que incumplirán- en un momento en el que el reto demográfico demuestra que la población migrante es necesaria para la economía de la UE. Sin ir más lejos, un informe del Banco de España apunta directamente en esa dirección: “Sería deseable que las políticas migratorias anticiparan proactivamente las necesidades de contratación que se generarán en el mercado laboral español como consecuencia de las futuras jubilaciones y que favorecieran la llegada de inmigrantes que puedan satisfacer dichas demandas de trabajo”.
La extrema derecha tiene negacionistas del cambio climático en sus filas, pero ha ido puliendo y matizando su discurso para ganar adeptos con el argumento de la asfixia que supone el Pacto Verde Europeo para muchos sectores económicos. “Ustedes deberían estar pidiendo perdón por el Pacto Verde Europeo. Por supuesto que vamos a derogar su Pacto Verde Europeo y, por supuesto, vamos a borrar de la historia su diabólica Agenda 2030. Han devastado el sector primario, condenando a miles de explotaciones agrarias al cierre, condicionando las ayudas de la PAC, inundándoles de burocracia, restricciones y prohibiciones”, expresó el portavoz de Vox, Jorge Buxadé, en una sesión plenaria: “Votamos en contra de su PAC, votamos en contra del Pacto Verde Europeo, votamos en contra de sus estrategias y de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Y, por supuesto, lo vamos a derogar”.
La extrema derecha y la inmensa mayoría del Partido Popular Europeo -incluida la delegación española- votaron en contra de la prohibición de la venta de coches diésel y gasolina a partir de 2035 con la premisa de que pone en riesgo la industria europea -que está ya inmersa en el desarrollo del vehículo eléctrico-. “Los grandes defensores del frente roji-verde, nutridos por el consumidor, tan panchos nos piden cosas que no hacen más que desplazar millones de empleos a terceros países”, expresó la eurodiputada de Identidad y Democracia Sylvia Limmer durante el debate. Las protestas de los agricultores, de las que la extrema derecha ha tratado de sacar tajada, también hicieron calar ese mensaje y la UE ha echado el freno con la agenda verde. Organizaciones ambientalistas han convocado movilizaciones este fin de semana en trece países europeos contra la amenaza a esas políticas en el próximo mandato.
Los sindicatos: “Se le cae la máscara. No son amigos de los trabajadores”
Pero en estos cinco años la extrema derecha también se ha opuesto, con su voto en contra o la abstención, a numerosas iniciativas que perseguían mejorar los derechos de los trabajadores.
Uno de los casos más paradigmáticos se ha producido en la recta final de la legislatura, cuando el Parlamento Europeo dio el visto bueno a la ley que establece unas normas básicas de cumplimiento de los derechos humanos y laborales para las multinacionales que operan en terceros países, fundamentalmente aquellos que están en vías de desarrollo. Entre las obligaciones que la denominada directiva de la diligencia debida impone a esas empresas están las medidas para evitar o reducir la esclavitud, el trabajo infantil y la explotación laboral.
Esa norma, cuya ambición fue rebajada por algunos estados miembros, salió adelante con 374 votos a favor, 235 en contra y 19 abstenciones. En este caso, el Partido Popular Europeo se dividió y la delegación de Alberto Núñez Feijóo rechazó el texto, sumando sus votos a los de Vox y el resto de fuerzas de la extrema derecha.
En esa misma sesión plenaria salió adelante la denominada 'ley rider' europea con la que se pretende establecer unas condiciones mínimas para los trabajadores de las plataformas digitales, como Uber o Deliveroo, entre otras. El texto se convirtió en una dura batalla y los gobiernos acabaron cediendo a las presiones de las empresas. A pesar de que la normativa es mucho menos ambiciosa de lo que había defendido la Eurocámara, salió adelante con un amplio margen, pero en los 56 votos en contra se encontraban los de Vox, y un puñado de eurodiputados de la extrema derecha, el PPE y los liberales.
La mayoría de representantes de la extrema derecha votaron en contra (entre ellos Vox) o se abstuvieron en la aprobación de las nuevas normas para combatir la brecha de género, que se encuentra en torno a un 13%. La normativa obliga a las empresas a dar transparencia a la información retributiva y si muestras que hay una diferencia de al menos un 5% entre los hombres y las mujeres obliga a las empresas a tomar medidas de acuerdo con la representación de los trabajadores. También establece un marco sancionador y el derecho de las víctimas a reclamar una indemnización. Lo mismo ocurrió con una resolución en la que la Eurocámara pedía a la Comisión Europea una regulación que impidiera la explotación de los becarios.
Buena parte de los eurodiputados de los dos grupos de la extrema derecha (ECR e ID) no secundaron el acuerdo para fijar un “salario mínimo adecuado” en la UE y reforzar la negociación colectiva. El texto, ratificado en septiembre de 2022, no exige que los Estados miembros introduzcan salarios mínimos por ley, ni establece un nivel de salario mínimo común en toda la UE dado que es una competencia nacional, pero establece unos requerimientos mínimos para garantizar un ingreso mínimo que dé a los trabajadores y sus familias un nivel de vida digno. Vox se abstuvo en esa votación así como en la de la resolución en la que el Parlamento Europeo pidió unos meses después reforzar el diálogo social.
Esa es la tónica en la mayoría de iniciativas que se han votado en la Eurocámara este mandato sobre asuntos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores y que ha recopilado en un informe la Confederación de Sindicatos Europeos (ETUC, por sus siglas en inglés). “El historial de voto de los eurodiputados de extrema derecha confirma que no son amigos de los trabajadores”, expresa la secretaria general, Esther Lynch, que llama a la movilización para evitar el incremento de la representación de esas formaciones que “donde ocupan posiciones de poder atacan a los trabajadores y los derechos sindicales”: “A la ultraderecha se le ha caído la máscara. Hacen exactamente aquello a lo que dicen oponerse. Hacen grandes promesas cuando necesitan el voto de la gente, pero luego les dan la espalda una vez elegidos” (...)
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