Raúl Rejón19 de mayo de 2024
A pesar de que son efectivos en la corrección del problema medioambiental, los ingresos por tributos para combatir el cambio climático o la polución del aire supusieron en 2022 el 1,53% del PIB, uno de los porcentajes más bajos de la UE, solo por delante de Chequia, Luxemburgo e Irlanda
— Las subvenciones al petróleo, el gas y el carbón crecen un 50% desde el Acuerdo de París contra el cambio climático
- Humo de diésel saliendo de un tubo de escape.
Más allá del número absoluto de millones anuales, la tendencia es a la baja desde 2015, cuando los ingresos fueron el 1,93% del producto interior bruto. Desde entonces ha ido descendiendo hasta ese 1,52% de 2022.¿Qué ocurre en España? El investigador del Centro Vasco de Cambio Climático (BC3), Xaquín García Muros explica que “la principal barrera es la percepción que hay en la población de que este tipo de impuestos son injustos o regresivos a pesar de que cuando hemos ido a mirar los datos para ver si esto se sostiene, la realidad es que no es así”.
La noción de que gravar actividades o productos perjudiciales, como los combustibles fósiles, perjudica a las personas con menos recursos, que deben dedicar más parte de su presupuesto a calentar sus casas con gas o gasoil o desplazarse en coches sucios, está detrás de que España se quede rezagada en los ingresos por impuestos verdes, a pesar de los avisos reiterados para que corrija el rumbo.
“Es un caso de percepción versus realidad y eso constituye el mayor obstáculo porque, al final, los políticos que deben afrontar una posible reforma fiscal se tienen que relacionar con esa percepción social”, remata García Muros.
Enquistado desde hace décadas
Este experto en economía y medio ambiente añade que este asunto “está encasquillado porque viene de lejos a pesar de que lo ve todo el mundo, desde la OCDE a la Comisión Europea. Incluso cuando en la crisis financiera se subieron todo tipo de impuestos en España, los ambientales no se tocaron”.
Lo cierto es que el informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario impulsado por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy –conocido como informe Lagares– decía literalmente en 2014: “Deben incrementarse los impuestos directos y medioambientales”.
Y ocho años después, el Libro blanco de la fiscalidad en España (2022) señalaba que no se estaban “cubriendo numerosos problemas medioambientales, sectores o actividades contaminantes” al tiempo que los impuestos actuales “no reflejan adecuadamente los impactos ambientales de ciertas emisiones o productos”. Eso provoca que se socaven “objetivos de protección medioambiental y de la salud”. Es decir, el nivel de impuestos verdes españoles perjudica a la naturaleza y la salud de la personas.
Porque el fin de estos tributos “no es tanto recaudar como que el precio de productos como los combustibles fósiles reflejen los daños que producen”, detalla García Muros. Sin esa relación, los impactos negativos los pagan otros en lo que se denomina externalidades.
La politóloga Cristina Monge considera que para romper esa percepción es importante que se cree “un esquema de compensaciones por el que los recursos que se generan con esos impuestos alivien a las personas con rentas más bajas que podrían verse perjudicadas”. Y añade: “Cuando hablamos de transición justa, esta es una de las claves”.
“La idea es tomar el dinero para invertirlo y ayudar a la gente que tiene que adaptarse a esa transición”, insiste la politóloga. Y eso, abunda, “puede hacerse con el diésel, el impuesto al plástico o la tasa turística en un país potencia mundial como es España”.
El 'dieselazo' como ejemplo
A España le han señalado que enderece esta situación desde la OCDE –que pidió “aumentar los impuestos relacionados con el medio ambiente” en su último análisis de perspectivas de este mayo– hasta la Comisión Europea que ha afeado en varias ocasiones la subvención al diésel. Sin embargo, el propio caso del gasoil “es paradigmático del problema”, como lo define García Muros.
En España el diésel está subvencionado: tiene un impuesto más bajo que la gasolina. El intento del Gobierno de reducir esa bonificación fiscal puso en peligro la aprobación de los presupuestos generales del Estado en 2020: el PNV se opuso y, finalmente, esa medida se evaporó.
“Es una cantidad que podría llamarse marginal, pero se agitó la bandera del dieselazo y terminó por eliminarse”, recuerda el economista del BC3.
Cristina Monge participó en un trabajo de investigación sobre una posible retirada de la subvención del gasoil en España. “Vimos que la medida era muy neutral o un poco perjudicial para ciertas personas con rentas medias-bajas, pero que podía equilibrarse con una compensación”, detalla.
“Cuando presentamos los resultados a grupos de opinión implicados como agricultores o empresarios no había un discurso negacionista. Sí se discutía cómo aplicarlo, pero para nada un rechazo frontal. Y al exponérselo a los grupos parlamentarios lo mismo: nadie excepto Vox cuestionó el informe ni la necesidad de poner en marcha estos mecanismos”, abunda la politóloga.
Pero parece que esa coyuntura se ha modificado. “Hay veces en las que una ventana de oportunidad se cierra porque con la crisis energética que hemos vivido no hay gobierno que se atreva a afrontar cambios en la fiscalidad ambiental”, remacha el investigador del BC3.
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OTRA COSA: CTXT. Carta a la comunidad 359 | Aurora F. Polanco
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