Alberto Pozas 1 de junio de 2024
Las resoluciones del juzgado de Madrid y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acusan a FIFA y UEFA de gestionar el negocio sin una normativa clara
— La jueza de la Superliga sentencia que UEFA y FIFA abusan de su posición de dominio e impiden la libre competencia
Un aficionado protesta contra la Superliga con una pancarta que dice "súper avaricia", en Londres, Inglaterra.
El anuncio de la creación de una “Superliga” llegó en abril de 2021. Se trata de un proyecto capitaneado por Florentino Pérez y el Real Madrid y avalado por una docena de los equipos más poderosos de Europa para rivalizar directamente con la Champions League, la gran competición anual del fútbol. El objetivo, explicó el propio presidente del grupo ACS, era revitalizar la competición y generar más ingresos. “Entendimos que si en lugar de entre semana hacer la Champions League, hacíamos una Superliga de los grandes clubes, podríamos paliar las pérdidas que hemos tenido”, afirmó.
Negocio contra negocio. El anuncio terminó rápidamente en los tribunales cuando los promotores de la Superliga denunciaron que UEFA y FIFA estaban usando su poder y su monopolio del fútbol para impedir la competición. Con miles de millones en juego, la FIFA llegó a emitir un comunicado diciendo que cualquier equipo o jugador que participase en la Superliga no podría participar en la Champions. “No se le permitiría participar en ninguna competición organizada por la FIFA ni por su confederación correspondiente”.
La batalla legal se desarrolló en dos frentes y en los dos, por el momento, ha salido victoriosa la Superliga, cuyo desarrollo se encuentra en un punto indeterminado. Por un lado, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Por otro lado, en el juzgado de lo mercantil 17 de Madrid. El resultado es que, de ahora en adelante, los dos organismos que controlan el fútbol europeo no pueden coaccionar a los clubes para que no jueguen en esa competición.
Las dos resoluciones dejan por escrito lo que puede adivinarse con un simple vistazo a la maquinaria del fútbol europeo: es un monopolio y las reglas del juego son tan vagas e imprecisas que cierran la puerta de forma automática a cualquier tipo de competencia. Y a través de criterios deportivos como “mérito y solidaridad” cierra también la puerta a cualquier tipo de control efectivo, incluso por parte de los tribunales.
El TJUE fue el primero en pronunciarse en diciembre del año pasado. “Las normas de FIFA y UEFA son ilegales. No están sujetas a ningún criterio que garantice su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado”, dijo el tribunal. También apuntó a otra de las grandes porciones del pastel: la explotación comercial de los derechos derivados de estas competiciones. “Pueden restringir la competencia, habida cuenta de la importancia que estas últimas tienen para los medios de comunicación, los consumidores y los telespectadores”.
Telefónica paga unos 960 millones de euros al año por retransmitir la Champions y la Europa League. Hace un año, el director de competiciones de la UEFA, Giorgio Marchetti, calculó que los ingresos televisivos de la competición oscilarían entre los 4.600 y los 4.800 millones de euros.
“¿En qué consiste el mérito deportivo?”
En Madrid, la magistrada Sofía Gil dejó claro desde las primeras páginas de su sentencia que tenía que ceñirse, al menos en lo básico, al pronunciamiento del TJUE. También empezó por constatar que UEFA y FIFA ostentan una “posición de dominio” en el mercado del fútbol: solo ellas organizan eventos sin competir entre ellas. “Ostentan una posición monopolística en el mercado relevante”.
La resolución analiza desde el prisma jurídico una realidad a la vista de todo el mundo: FIFA y UEFA organizan, controlan y autorizan cualquier movimiento en el fútbol a gran escala. Pero sus normas internas no previenen que puedan abusar de esa posición.
“La ausencia de procedimiento es grave. Pero de mayor gravedad supone la ausencia de cualquier criterio material y objetivo que regule o establezca las condiciones necesarias que deben valorarse por el órgano autorizante”, dice la magistrada. No hay manera de valorar de forma más o menos objetiva con qué criterio actúan.
Eso impide “enjuiciar” sus acciones porque el negocio milmillonario del fútbol europeo se regula con criterios como “mérito” y “solidaridad”, que como explica la magistrada, son “indeterminados y subjetivos”. Y se hace varias preguntas: “¿En qué consiste el mérito deportivo? ¿y la solidaridad? ¿cómo se valoran? ¿Tiene un mayor mérito deportivo el equipo que obtiene un mejor puesto en una clasificación? ¿al margen de su condición económica? ¿es más solidaria la competición que reparte un mayor porcentaje de sus ingresos?”.
Esos criterios deportivos, explica, no se pueden usar para regular un negocio de ese calibre. “La regulación de la UEFA se basa exclusivamente en su consideración de organismo ordenador del fútbol como deporte; se omite cualquier regulación como organismo ordenador del negocio del fútbol. Lo que evidencia y agrava la insuficiencia –ausencia– de regulación”, explica la jueza.
Uno de los negocios deportivos más lucrativos y voluminosos del mundo, que en el caso de la Champions supone el espectáculo más visto del mundo, no está prácticamente regulado. Y eso lleva a la segunda parte del problema: no hay forma de controlarlo. “Las decisiones de la UEFA no están sujetas a una revisión judicial objetiva e independiente”. “Desde un punto de vista económico y jurídico, las decisiones de la UEFA estarían blindadas, no son recurribles” (...)
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