CAS estatal
La Plataforma contra la Privatización de la Sanidad en Aragón, parte de CAS estatal, os invita a analizar en estas JORNADAS UNA ‘ALIANZA PARA EL SAQUEO’ que está poniendo en riesgo nuestros derechos y nuestras vidas. La pandemia de Covid-19 ha demostrado que otro virus llevaba tiempo destruyendo nuestro sistema público de Salud mediante leyes, convenios, contratas y derivaciones.
¿Cuáles son los intereses empresariales y cuáles las responsabilidades políticas en el colapso de un hospital o en la muerte de miles de personas en residencias de mayores? ¿Qué quieren decir cuando nos hablan de ‘colaboración público-privada’?
¿Cuáles son los planes de esa ‘alianza’ en el corto plazo?
Enlace a videoconferencias:
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¿Cuáles son los planes de esa ‘alianza’ en el corto plazo?
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27/1/21 19h.
Informe del Corporate Europe Observatory
"When the market becomes deadly"- Cuando el mercado se vuelve mortal.
Nos citan en la página 10
A medida que la COVID-19 se extiende por todo el mundo, con más de 26 millones de casos y 466.000 muertes sólo en la región europea (a fecha de 11 de enero), la capacidad de los sistemas sanitarios para hacer frente a la pandemia ha estado constantemente en el punto de mira. La prestación de cuidados a largo plazo y a los ancianos también ha sido objeto de escrutinio, ya que en muchos países europeos se han producido proporciones escandalosas de muertes por COVID-19 en residencias, hasta un 60% en la primera oleada de la pandemia.
Los sistemas sanitarios de los Estados miembros de la UE -tanto los basados en seguros de salud relacionados con el empleo como los financiados a través de los impuestos generales- han estado sujetos a presiones políticas y normativas que han fomentado la creciente privatización de la asistencia sanitaria. En 2017, el Corporate Europe Observatory puso de manifiesto las presiones ideológicas, empresariales y financieras -incluso a nivel de la UE- que han creado las condiciones propicias para que las empresas del sector privado desempeñen un papel cada vez mayor en este servicio tradicionalmente público.
Pero exprimir los beneficios para los accionistas en los servicios sanitarios y asistenciales conlleva riesgos: deterioro de las condiciones de trabajo, peores salarios, reducción de la plantilla, mayor carga de trabajo, más estrés y recortes en la formación y los equipos de protección, todo lo cual afecta a la seguridad y la calidad de la asistencia. La desigualdad sanitaria se agrava a medida que los proveedores privados con ánimo de lucro "seleccionan" a los pacientes de menor riesgo y que pagan, mientras que los pacientes de mayor riesgo y más pobres, o los que necesitan atención de urgencia, siguen dependiendo de la prestación de servicios sanitarios públicos, que -debido a la austeridad y a la creciente captación de fondos públicos por parte de los proveedores con ánimo de lucro- están muy infradotados.
En el contexto de COVID-19, estas tendencias han tenido consecuencias desastrosas para la capacidad de los sistemas sanitarios y asistenciales de hacer frente a la pandemia. Los recortes presupuestarios en materia de sanidad han provocado una escasez de personal y una reducción del número total de camas en los hospitales, mientras que el aumento de los hospitales privados va acompañado de un descenso de las camas de cuidados intensivos, que son menos rentables para las empresas. Las residencias de ancianos con ánimo de lucro han mantenido sus costes bajos contratando a muy poco personal, que a menudo está mal pagado, con una formación inadecuada, con poco o ningún subsidio por enfermedad y sin otra opción que el trabajo ocasional en múltiples instalaciones, lo que contribuye a la propagación del virus.
Sin embargo, no siempre ha sido así, y no tiene por qué serlo. Los cambios que han llevado a una mayor privatización de la sanidad, a la precarización del trabajo asistencial y a la erosión e infrafinanciación del sector público son el resultado de decisiones políticas a nivel nacional y europeo. Para muchas personas que se sorprendieron por el estado de estos sectores cuando llegó la pandemia, estos cambios han pasado prácticamente desapercibidos. COVID-19 ha sido una llamada de atención para muchos, un recordatorio de que podemos elegir cómo se gestionan nuestros servicios públicos vitales. En este artículo se analizan tanto las presiones políticas de la UE como los grupos de presión empresariales que han promovido una mayor mercantilización, comercialización y privatización de la asistencia sanitaria. Tendencias que han contribuido a que los sistemas sanitarios y de atención a la tercera edad en Europa estén mal preparados para la pandemia. Algunas de nuestras principales conclusiones son:
- El lobby de los hospitales privados es prolífico en Bruselas, aprovechando la pandemia como una oportunidad para impulsar sus intereses. Mientras tanto, el análisis muestra que la privatización de la sanidad ha reducido la preparación de los países a largo plazo para hacer frente a las pandemias, y en realidad cuesta más a los gobiernos que la sanidad pública.
- Las presiones de la UE para recortar el gasto público han contribuido a la comercialización del sector de la atención a las personas mayores, así como del sector sanitario, con efectos catastróficos durante el COVID-19, especialmente en las residencias.
- Cada vez hay más pruebas en contra de la colaboración público-privada en la sanidad, pero sigue siendo necesario un cambio de mentalidad. Sin embargo, este cambio es poco probable si la Comisión acepta la ayuda de empresas como McKinsey (conocida por su papel en el aumento de la privatización del NHS del Reino Unido) en su respuesta a la crisis de COVID-19, mientras mantiene al público en la oscuridad sobre los detalles.
- COVID-19 es un claro ejemplo de los fracasos del modelo privatizado de prestación de asistencia sanitaria y cuidados de larga duración. La lucha contra este modelo es una lucha por los pacientes y los trabajadores, por los ancianos y los discapacitados, por la justicia, la equidad y los derechos humanos. A medida que se ponen en marcha los planes para una Unión de la Salud Europea, es vital salvaguardar la naturaleza pública sin ánimo de lucro de la prestación de asistencia sanitaria en Europa, y garantizar que los fondos de recuperación de COVID-19 no se desvíen a proveedores con ánimo de lucro.
Los sistemas sanitarios de los Estados miembros de la UE -tanto los basados en seguros de salud relacionados con el empleo como los financiados a través de los impuestos generales- han estado sujetos a presiones políticas y normativas que han fomentado la creciente privatización de la asistencia sanitaria. En 2017, el Corporate Europe Observatory puso de manifiesto las presiones ideológicas, empresariales y financieras -incluso a nivel de la UE- que han creado las condiciones propicias para que las empresas del sector privado desempeñen un papel cada vez mayor en este servicio tradicionalmente público.
Pero exprimir los beneficios para los accionistas en los servicios sanitarios y asistenciales conlleva riesgos: deterioro de las condiciones de trabajo, peores salarios, reducción de la plantilla, mayor carga de trabajo, más estrés y recortes en la formación y los equipos de protección, todo lo cual afecta a la seguridad y la calidad de la asistencia. La desigualdad sanitaria se agrava a medida que los proveedores privados con ánimo de lucro "seleccionan" a los pacientes de menor riesgo y que pagan, mientras que los pacientes de mayor riesgo y más pobres, o los que necesitan atención de urgencia, siguen dependiendo de la prestación de servicios sanitarios públicos, que -debido a la austeridad y a la creciente captación de fondos públicos por parte de los proveedores con ánimo de lucro- están muy infradotados.
En el contexto de COVID-19, estas tendencias han tenido consecuencias desastrosas para la capacidad de los sistemas sanitarios y asistenciales de hacer frente a la pandemia. Los recortes presupuestarios en materia de sanidad han provocado una escasez de personal y una reducción del número total de camas en los hospitales, mientras que el aumento de los hospitales privados va acompañado de un descenso de las camas de cuidados intensivos, que son menos rentables para las empresas. Las residencias de ancianos con ánimo de lucro han mantenido sus costes bajos contratando a muy poco personal, que a menudo está mal pagado, con una formación inadecuada, con poco o ningún subsidio por enfermedad y sin otra opción que el trabajo ocasional en múltiples instalaciones, lo que contribuye a la propagación del virus.
Sin embargo, no siempre ha sido así, y no tiene por qué serlo. Los cambios que han llevado a una mayor privatización de la sanidad, a la precarización del trabajo asistencial y a la erosión e infrafinanciación del sector público son el resultado de decisiones políticas a nivel nacional y europeo. Para muchas personas que se sorprendieron por el estado de estos sectores cuando llegó la pandemia, estos cambios han pasado prácticamente desapercibidos. COVID-19 ha sido una llamada de atención para muchos, un recordatorio de que podemos elegir cómo se gestionan nuestros servicios públicos vitales. En este artículo se analizan tanto las presiones políticas de la UE como los grupos de presión empresariales que han promovido una mayor mercantilización, comercialización y privatización de la asistencia sanitaria. Tendencias que han contribuido a que los sistemas sanitarios y de atención a la tercera edad en Europa estén mal preparados para la pandemia. Algunas de nuestras principales conclusiones son:
- El lobby de los hospitales privados es prolífico en Bruselas, aprovechando la pandemia como una oportunidad para impulsar sus intereses. Mientras tanto, el análisis muestra que la privatización de la sanidad ha reducido la preparación de los países a largo plazo para hacer frente a las pandemias, y en realidad cuesta más a los gobiernos que la sanidad pública.
- Las presiones de la UE para recortar el gasto público han contribuido a la comercialización del sector de la atención a las personas mayores, así como del sector sanitario, con efectos catastróficos durante el COVID-19, especialmente en las residencias.
- Cada vez hay más pruebas en contra de la colaboración público-privada en la sanidad, pero sigue siendo necesario un cambio de mentalidad. Sin embargo, este cambio es poco probable si la Comisión acepta la ayuda de empresas como McKinsey (conocida por su papel en el aumento de la privatización del NHS del Reino Unido) en su respuesta a la crisis de COVID-19, mientras mantiene al público en la oscuridad sobre los detalles.
- COVID-19 es un claro ejemplo de los fracasos del modelo privatizado de prestación de asistencia sanitaria y cuidados de larga duración. La lucha contra este modelo es una lucha por los pacientes y los trabajadores, por los ancianos y los discapacitados, por la justicia, la equidad y los derechos humanos. A medida que se ponen en marcha los planes para una Unión de la Salud Europea, es vital salvaguardar la naturaleza pública sin ánimo de lucro de la prestación de asistencia sanitaria en Europa, y garantizar que los fondos de recuperación de COVID-19 no se desvíen a proveedores con ánimo de lucro.
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OTRA COSA: Cuando aprobar conlleva más esfuerzo
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