Mónica Andrade / Miguel Mora Madrid , 30/03/2024
‘La Razón’, periódico del Grupo Planeta que desde 2020 no audita sus ventas, fue proporcionalmente el medio más favorecido
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Isabel Díaz Ayuso y Jairo Alonso, su expareja, conversan con el presidente de Planeta, José Creuheras, a la derecha, en una gala contra la trata celebrada en junio de 2019. / El Español
El Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid (CM) ha sido señalado en un estudio académico reciente como uno de los más opacos de España en cuanto a la rendición de cuentas de las campañas de publicidad institucional. La intención parece clara: impedir que la ciudadanía sepa exactamente cuánto dinero se gasta y a qué medios y grupos de prensa se premia en los Planes de Medios de la CM, que implantó hace ya dos décadas un sistema turbio y clientelar basado en esta declaración de Miguel Ángel Rodríguez: “No necesitas comprar a un medio de comunicación; basta con que seas su mejor cliente”.
Si el estándar de un mal portal de transparencia se sitúa en la media hora (cuando alguien no encuentra la información que busca en 30 minutos, es un portal pero no es transparente), lo de la CM bate todos los récords. Para elaborar esta información, han hecho falta tres jornadas de trabajo de dos periodistas, y aún así los datos están incompletos, porque la inversión que realizó la CM en 2023 no aparece todavía desglosada por medios (la de 2022 se publicó en septiembre de 2023), por lo que es solo una estimación presupuestaria.
Lo que se puede asegurar después de mucho trajinar por los PDFs de las tres webs y los dos portales de transparencia implicados en los Planes de Medios del gobierno madrileño es que Isabel Díaz Ayuso gastó al menos 41,5 millones de euros en las campañas publicitarias contratadas entre 2022 y 2023.
Si se compara con la inversión del Gobierno central, este gastó en 2022 cinco veces más que la CA madrileña: 102,5 millones de euros. Madrid supone el 19% del PIB español, por tanto lo que invirtió ese año la CM es más o menos proporcional a lo que inyectó el Ejecutivo. La estimación del Gobierno para el año electoral de 2023, sin embargo, era gastar 158 millones, aunque la web aún no informa de cuánto se ejecutó finalmente.
La Comunidad y el Gobierno comparten un desmedido respeto por la privacidad de sus clientes: ni uno ni otro desglosan en sus portales cuánto dinero recibió cada medio. Pero usan distintos métodos: la CM no da apenas información, ni siquiera de años anteriores, lo que hace imposible ver la evolución, mientras la web de Moncloa inunda al visitante con prolijos informes de cada ejercicio y campaña, pero sin mencionar a medio alguno.
A la vista de los datos disponibles, resulta irónico que los socialistas y sus socios de gobierno se quejen de que los medios de derechas copen la agenda informativa. Ni Unidas Podemos ni Sumar han podido reparar la exclusión de los Planes de Medios estatales de muchos digitales de izquierdas, que sin embargo no afecta a muchos medios de la derecha y la ultraderecha especializados en bulos y en incumplir las más básicas reglas deontológicas. Por ejemplo, a Okdiario. La justificación que se suele dar a este dislate es la de siempre: la audiencia. Pero en el oficio todo el mundo sabe que los digitales de la bulosfera usan trampas de todo tipo para inflar sus audiencias.
“La ley de Publicidad Institucional de 2005 debería aplicarse bien o ser reformada para que al menos cumpla con el espíritu que la inspiró”, dice Miguel Álvarez-Peralta, profesor de Periodismo en la Universidad de Castilla La Mancha y experto en la materia. “El Estado cada vez reparte más dinero en campañas comerciales de organismos como Loterías del Estado o la DGT, que no siempre explican bien cómo y a quién se reparte el dinero. La publicidad institucional debería servir como herramienta para garantizar la pluralidad mediática y reforzar el derecho constitucional a recibir una información veraz, y no un vehículo para financiar a medios que no respetan las reglas deontológicas” (...)
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