Néstor Cenizo Málaga —
Chiringuito Nacho Playa Beach, en Mijas, durante el temporal del pasado 9 de marzo
Casi un tercio de los 500 chiringuitos que se reparten por el millar de kilómetros de playas de Andalucía incumple la legislación de costas o los criterios de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. La lista de incumplimientos detectados desde 2011 es amplia: instalaciones que se ubican en la playa, a pesar de que podrían estar en otro sitio; que exceden la superficie autorizada; que están tan cerca de la orilla que pueden ser alcanzadas por las olas; o que no garantizan la integridad de las playas y su uso público.
Desde 2011, cuando la administración central transfirió a la Junta de Andalucía las competencias para gestionar el litoral, el Ministerio, ahora de Transición Ecológica, ha emitido 163 informes desfavorables y ha interpuesto 32 recursos judiciales contra decisiones del gobierno autonómico relativas a la ocupación del litoral por parte, principalmente, de chiringuitos de comidas y bebidas, según los datos del Ministerio obtenidos por este medio.
Fuentes del Gobierno andaluz elevan la cifra a 36 recursos. En al menos nueve (“del orden de veinte”, según la Junta de Andalucía) se ha alcanzado un acuerdo. Del resto, el ministerio dice no tener información.
Desde 2011, PSOE y PP se han alternado en este tiempo tanto en el Gobierno central como en el de la Junta de Andalucía.
Expedientes sin informe
Estos 163 informes desfavorables dan una idea de las discrepancias entre administración central y autonómica en la gestión de la ocupación litoral. Pero en muchos casos ni siquiera consta informe del Ministerio. “La ley dice que hay que pedirlo antes de dar la concesión”, explica Manuel Villafaina, presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de Andalucía, “pero en algún momento hubo algún olvido y no se pidieron. La administración central lo detectó, puso contencioso, y lo ganó. Dijeron que había que volver a hacer los expedientes. Son 67, se han solucionado 11, y ahora estamos intentando llegar a un arreglo”. Esto incluiría 25 nuevas autorizaciones, según Villafaina. Fuentes de la Consejería de Sostenibilidad aclaran que en esos casos consideraron que el informe de Demarcación de Costas suplía al informe “preceptivo” del Ministerio.
En los últimos meses se ha celebrado alguna reunión de alto nivel entre técnicos y políticos de ambas administraciones para abordar las discrepancias, pero la Junta de Andalucía, que dice tener voluntad de entendimiento, también defiende que suya es la competencia para autorizar o no, cualquiera que sea el criterio del ministerio.
“Esta administración autonómica siempre ha respetado el ”desfavorable“ cuando estaba justificado y versaba sobre la garantía, integridad o uso del dominio público marítimo terrestre”, dicen desde la Consejería de SAnidad. Si el reparo no estaba relacionado con esos aspectos, la administración autonómica admite que lo ignora y aplica su propio criterio.
El presidente de los empresarios no cree que haya manga ancha. “Hay controles enormes. En cuanto cogemos un poquito más de terreno para hacer la obra enseguida sale en la prensa, así que al que tiene metros de más se lo quitarán o le pondrán una multa”.
Incumplimientos más frecuentes
La cuestión del uso de las playas es sensible en Andalucía y, especialmente, en Málaga y la Costa del Sol. El ministerio de Transición Ecológica admite que en esta comunidad existe un “elevado volumen de expedientes”, en una respuesta remitida a este medio a través del Portal de Transparencia. Por provincias, Málaga destaca en la emisión de informes desfavorables: acumula 72, seguida de Huelva, con 37. Marbella, con 16 informes en contra, y Málaga, con 12, son los municipios que más tienen (...)
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