Los concejales de Más Madrid en los municipios gobernados por el PP denuncian que sus peticiones para recibir los atestados policiales en las residencias han caído en saco roto, en la misma línea que el Gobierno de Ayuso.
Mientras el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pleitea para no tener que hacer públicas las actas de la Policía municipal de Madrid en las residencias durante la primera ola de la pandemia, los alcaldes del PP en la región emulan la misma actitud obstruccionista y se niegan a entregar los atestados policiales respecto a las residencias de sus municipios.
Los concejales de Más Madrid llevan pidiendo esas actas en sus respectivos municipios desde principios del pasado mes de febrero, cuando el Gobierno regional interpuso un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la resolución del Consejo de Transparencia de la región que le obliga a publicar las actas de la Policía municipal respecto a las residencias de la ciudad de Madrid.
De momento, la formación de izquierdas solo está obteniendo versiones contradictorias de los equipos de gobierno del PP y, en última instancia, el silencio como respuesta.
Hay que recordar que Madrid fue la comunidad que registró más muertes en las residencias debido a la implantación de los llamados 'protocolos de la vergüenza', que impidieron derivar a los hospitales a los ancianos con síntomas de covid o patologías discapacitantes. Un total de 7.291 residentes fallecieron en dichos centros sin recibir atención sanitaria adecuada durante los meses de marzo y abril de 2020.
En la localidad madrileña de Leganés (200.000 habitantes) fallecieron 293 personas mayores en las residencias durante la primera ola de la pandemia. El actual equipo de Gobierno, del Partido Popular, ha dado versiones contradictorias respecto a las actas de la Policía municipal. "En primer lugar, nos respondieron por escrito que no podían entregar las actas porque contienen datos sensibles, en virtud de la Ley de Protección de Datos", explica Carlos Poblete, concejal de Más Madrid en Leganés.
Al insistir la formación de izquierdas en un pleno, la versión del equipo de Gobierno cambió: "En el pleno nos dicen que no había ningún acta de la Policía municipal. ¿En qué quedamos? ¿Es esto serio?", clama Poblete.
Más de lo mismo en el municipio de Móstoles (211.000 habitantes). Emilio Delgado, concejal de Más Madrid, explica que su formación pidió a principios de febrero las actas de la Policía local y de los bomberos en las residencias de la localidad en marzo y abril de 2020. "La respuesta que nos dieron es que no tienen actas. Solo les consta un atestado de la Policía por un ciudadano que se saltó el confinamiento".
Un plan muy limitado
Sin embargo, las actas deberían existir de acuerdo con la propia información que reveló el Gobierno de Ayuso sobre un plan de apoyo a las residencias iniciado el 26 de marzo de 2020, por el que se producían reuniones diarias de coordinación entre la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria, la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, la Agencia de Seguridad y Emergencias-112, el SAMUR, Médicos Sin Fronteras y el Cuerpo de Bomberos.
Según el citado plan implementado en la Comunidad de Madrid para socorrer a las residencias de ancianos y personas dependientes, en aquellas reuniones se decidía qué centros concretos visitar al día siguiente y qué tipo de acciones emprender en cada uno de ellos.
Dichas acciones podían ser unos "reconocimientos ligeros" llevados a cabo por la UME (Unidad Militar de Emergencias), los bomberos y las policías locales y protecciones civiles, que recababan datos básicos del estado de las residencias. O unos "reconocimientos pesados", donde, además de una inspección más en profundidad, se llevaban a cabo trabajos de aislamiento, desinfección, incluyendo derivaciones a centros hospitalarios o tratamientos. En total, se llevaron a cabo 471 reconocimientos ligeros y 286 reconocimientos pesados, según indica el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad, que tilda de "intensidad muy limitada" el citado plan.
Todas estas actuaciones dejaron un rastro documental, que es lo que piden ver las familias de las personas fallecidas en las residencias y la oposición política tanto en la Asamblea de Madrid como en los municipios donde gobierna el PP. (...)
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