José Antonio Martín Pallín 22/03/2024
Según la Comunidad de Madrid, el 65% de los mayores derivados a hospitales sobrevivieron. Si se proyecta esta cifra sobre los enfermos que permanecieron en residencias, podrían haberse salvado 4.000 personas
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El virus, inicialmente considerado como un neumonía atípica y posteriormente identificado como covid-19, apareció sigilosamente –su origen se detectó en la ciudad china de Wuhan– y se expandió rápidamente por el mundo, adquiriendo caracteres cada vez más extensos y preocupantes. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, a la vista de lo que estaba aconteciendo, declaró la existencia de una pandemia que obligaba a tomar medidas excepcionales para las que la práctica totalidad de los sistemas sanitarios no estaban preparados.
Una de las mayores incidencias de mortalidad en las residencias de personas mayores se alcanzó en la Comunidad de Madrid, donde se superó al resto de las naciones europeas y a las demás autonomías de nuestro país. Según las estadísticas, en 2020 hubo un 44% más de muertes de las que se contabilizaron en el periodo comprendido entre 2016 a 2019.
Como señala Médicos sin Fronteras, las residencias tenían un déficit estructural de recursos y de supervisión sanitaria y ningún plan de contingencia. Esta combinación hizo inviable que pudieran responder a la epidemia. Carecían de recursos sanitarios y asistenciales, lo que tuvo un impacto directo en la salud de los residentes. Eran estructuras diseñadas para situaciones sociales (de vivienda) sin recursos médicos. Esto condujo a que la asistencia quedara desatendida, a una alta mortalidad y a una merma en la calidad de la atención social. Muchas personas mayores murieron aisladas y solas.
Efectivamente, era inevitable que la mortalidad de las personas internadas fuese más alta que la del resto de la población, pero las cifras de fallecidos superan las previsibles y obedecen a una serie de medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en las que primaron los aspectos mercantilistas y económicos sobre los humanitarios.
El 6 de junio de 2020, se constituyó en la Asamblea de Madrid la Comisión de investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno regional de la misma durante los meses de febrero a junio de 2020. Dicha Comisión, tras haber realizado ocho sesiones, quedó en suspenso por la convocatoria de elecciones anticipadas para el 4 de mayo de 2021. El 11 de junio, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos pidieron la reapertura de la Comisión pero esta fue denegada por el PP y Vox.
Los familiares y unas pocas víctimas supervivientes trataron de reanudar la investigación y paralelamente acudieron a los tribunales, ante los que presentaron numerosas querellas por el delito de omisión del deber de socorro que, en su mayoría, fueron rechazadas. Al parecer, solo cuatro están en tramitación. Ante este panorama y la falta de explicaciones públicas, dos asociaciones de afectados, Mareas de Residencias y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid, decidieron constituir una comisión ciudadana que tuve el honor de presidir. Nos constituimos y los días 15 y 16 de septiembre de 2023 celebramos sesiones públicas. En ellas pudimos escuchar los testimonios de víctimas, familiares y trabajadores de las residencias, así como de varios peritos y personas de la política relacionadas con la Comunidad de Madrid. Con el material obtenido y los trabajos documentales de personalidades científicas y del periodismo redactamos el informe que hicimos público el pasado día 15 de marzo en el Ateneo de Madrid. Nos gustaría que se leyese su contenido (146 páginas), en lugar de publicar biografías falsas o tendenciosas sobre los integrantes de la Comisión. En todo caso, serán sus conclusiones y no nuestras peripecias personales lo que debe ser valorado (...)
El estado de alarma estaba justificado y sus medidas en relación con la movilidad de las personas y el mantenimiento de los servicios públicos debía complementarse con el acopio de mascarillas, guantes, EPIS y respiradores. Era necesario relajar los controles de la contratación pública, circunstancia que fue aprovechada por amorales, indecentes y malandrines para realizar compras al margen de las administraciones públicas, cobrando sustanciosas comisiones.
Volviendo al contenido de nuestro informe, se puede establecer como premisa que las decisiones de la Comunidad de Madrid respondieron a criterios de oportunismo político y mercantilización de una tragedia que obligaba a otras respuestas. Se decidió invertir en la instalación en IFEMA de un hospital improvisado, al que se trasladaron personas con patologías leves, entre ellas 23 residentes que salvaron su vida. La propaganda oficial lo calificó como “hospital milagro”. Otra cuantiosa partida (¿170 millones de euros?) se reservó para la construcción, en tiempo récord, de un hospital (Isabel Zendal) cuya utilidad y finalidad ha sido cuestionada por los especialistas.
(...) Mi pertenencia a la carrera fiscal durante más de veinte años me ha permitido asistir a miles de juicios. El impacto emocional que a veces produce la declaración de los testigos ha sido superado por los testimonios que escuché durante las sesiones que celebramos. Selecciono la declaración de María Ángeles Maquedano, trabajadora de una residencia, que reproduzco textualmente: “Se murieron de una forma horrible, horrible. Lo peor, y lo voy a recordar hasta el día que me muera, es cómo murieron esas personas. A mí me gustaría que la gente supiera cómo se murieron por no recibir atención médica. Murieron de una manera horrible. Ahogadas. Asfixiadas. Deshidratadas. Por falta de atención médica”. Creo que no es necesario añadir nada más (...)
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