Un tribunal argentino ha condenado este martes a la vicepresidenta Cristina

Fernández de Kirchner a seis años de cárcel y la inhabilitación perpetua para 

ejercer cargo público por un delito de administración fraudulenta relacionado 

con la adjudicación de obra pública durante su mandato (2007-2015).

El veredicto se ha emitido en un ambiente de máxima tensión política en Argentina 

tras la revelación de un escándalo que compromete a jueces, políticos y empresarios

antikirchneristas y que impregna la sentencia con un reconocible aroma de lawfare 

(guerra judicial).

Los tres jueces del Tribunal Oral Federal 2 han descartado la condena por asociación 

ilícita (hasta 12 años de prisión) que había solicitado el mediático fiscal Diego Luciani 

sin aportar pruebas de esa acusación. La sentencia de la denominada causa Vialidad 

(una denuncia que ya había sido sobreseída por un juzgado de la provincia de 

Santa Cruz, donde se adjudicaron los contratos) no será de aplicación inmediata 

pues la vicepresidenta está aforada y puede recurrir el fallo ante diferentes 

instancias hasta llegar a la Corte Suprema, un itinerario judicial que se prevé largo, 

por lo que la dirigente progresista podría presentar su candidatura a las 

elecciones en 2023. Su futuro político y personal a medio plazo queda, eso sí, 

comprometido. Para Kirchner no ha sido una sorpresa el fallo de los jueces, 

"un pelotón de fusilamiento", según sus palabras (...)