18 sept 2023 MARÍA MARTÍNEZ COLLADO
Durante dos días, la Comisión Ciudadana por la Verdad ha entrevistado a personas que sufrieron la muerte de miles de mayores sin recibir atención sanitaria en la primera ola de la pandemia, a profesionales y responsables políticos.
Ha concluido la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid, impulsada por familiares de los fallecidos y expertos. El objetivo de esta iniciativa era investigar las muertes de las 7.291 personas que perdieron la vida durante la primera ola de la pandemia en estos centros.
Entre el viernes 15 y el sábado 16 de septiembre, se han recogido hasta 30 testimonios de allegados de las víctimas, trabajadores del sector y responsables políticos de entonces, como el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que dimitió en octubre de 2020 por esta causa.
Siete personas, expertos jurídicos y abogados, forman ahora el tribunal de esta comisión, encargado de elaborar un informe que dé cuenta de lo ocurrido.
En sus declaraciones, hijas e hijos de los mayores que murieron en los centros sin recibir atención médica han recordado cómo trascurrieron las agónicas últimas semanas de vida de sus padres y madres. Los llamados "protocolos de la vergüenza", aprobados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, impidieron que cualquier residente con algún tipo de dependencia (o sea, la gran mayoría) fuera trasladado a hospitales o ambulatorios, salvo que tuviera un seguro privado.
El resultado ya se conoce: miles de ancianos se contagiaron de coronavirus y fallecieron deshidratados, con insuficiencias respiratorias, fiebres... metidos en sus habitaciones. Algunos los primeros días de la pandemia, otros tras ver cómo sus compañeros habían cerrado los ojos sin poder ni siquiera hablar una última vez con sus seres queridos.
Ese fue el caso de Alfonso Valero, uno de los 42 residentes que murió en la residencia de mayores de Usera, después de que le administraran cuidados paliativos. A sus familiares no les dejaron verlo durante 18 dolorosos días. Así lo contó el viernes María Jesús Valero, su hija, que recordó cronológicamente las semanas infernales que sufrieron su familia y ella, hasta que finalmente les informaron de que su padre había fallecido por un "fallo cardiorrespiratorio, posible covid".
Con la voz entrecortada, Valero ha denunciado el trato "antihumano" que recibió por parte de los encargados de seguir los protocolos: "Nos sentimos como unos apestados. Nos prohibieron la entrada a las instalaciones sin posibilidad de despedirnos".
Aunque enviaron varias solicitudes a los directivos del centro para recibir información de lo que estaba pasando, todo lo que sabían procedía en buena medida de los medios de comunicación. Una situación "desesperante" que se sumaba a la visible falta de previsión. Incluso a 16 de marzo (el Gobierno había aprobado el estado de alarma el 14), desde la residencia, ha explicado Valero, les aseguraron que no había ningún contagio y que las auxiliares de enfermería no se ponían las mascarillas porque "asustaban a los residentes".
Valero lamenta que, pese a que también enviaron numerosas cartas para pedir un aumento del personal y test PCR para los enfermos, las respuestas fueron "nulas". Ya el 20 de marzo recibieron la noticia de la primera muerte de un residente y una de las trabajadoras. Con todo, tuvieron que ser los propios familiares los que contactaron con la UME para que fueran a desinfectar las instalaciones.
El 26 de marzo Alfonso Valero falleció. Su familia nunca entendió por qué no le llevaron al hospital siendo una persona enferma. Más de tres años después, su hija sigue persiguiendo la verdad y buscando una explicación a esa "omisión de auxilio".
Una crueldad que también vivieron en sus carnes mujeres como Mercedes Huertas, Rosana Castillo o Isabel Hernández, que han sacado valor y fuerzas de donde no les quedan para hablar las condiciones deplorables en las que se encontraban sus progenitores antes de morir.
En plena escalada de contagios, hubo a quienes les ofrecieron sacar a sus madres y padres de los centros, pero muchos no tenían casas con las instalaciones necesarias para poder acogerlos. Fue el caso de Hernández, cuya vivienda "no estaba preparada para una silla de ruedas". (...)
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