Rene Hernandez Quezada en Seguimos Creando (UNIDAS PODEMOS) · msn.com Fabián Medina Sánchez -
“Las autoridades del Estado son cómplices”, afirma Lottie Cunningham, presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), pocos días después de que un grupo de colonos incursionara violentamente en una comunidad de la selva nicaragüense y matara a cuatro indígenas, hiriera a otros dos y quemara 12 de sus ranchos.
Es la primera masacre del año, pero la enésima de una larga guerra de desplazamiento que sostienen colonos, generalmente llegados desde el pacífico y centro de Nicaragua, contra los indígenas asentados en los territorios que les pertenecen desde tiempos inmemoriales y que una ley especial les dio en posesión y administración. Es una guerra silenciosa de la que poco se habla en Nicaragua.
El 29 de enero pasado, unos 80 colonos armados atacaron a un grupo de indígenas mayangnas mientras realizaban faenas de caza y pesca en la reserva Reserva de Biósfera Bosawás, en el Caribe nicaragüense, y luego entraron al poblado de Alal donde quemaron 12 casas y aterrorizaron a sus pobladores.
En este sector viven unos 12 mil indígenas mayagnas, distribuidos en 23 comunidades. En Alal, la comunidad atacada, viven unas 800 personas.
“Nosotros necesitamos entender por qué hay tantas personas armadas”, dice Lottie Cunningham. “No son personas humildes, campesinos humildes que están ahí, sino que muchos de ellos son exmilitares, y puede ser que hayan engañado a otras familias y han entrado, pero eso es responsabilidad del Estado” (...)
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